Denuncian que la ONU trata de influenciar en favor de la subrogada

La Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres exhorta a los gobiernos donantes de Naciones Unidas a que consideren sus aportaciones.

La Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres, compuesta por más de 300 organizaciones, denunció ayer que tienen constancia de que algunas agencias de Naciones Unidas están tratando la posibilidad de elaborar un convenio internacional sobre maternidad para legalizar la gestación subrogada. Según esta red, el Fondo de Población y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos pretenden influir en algunos gobiernos, sobre todo de países en desarrollo. Por este motivo, han reclamado al Gobierno que lidere una campaña y que actúe ante la ONU para «frenar» lo que consideran «tráfico de bebés». En un carta remitida a los ministros de Igualdad, Sanidad y Exteriores, denuncian que las citadas agencias, están en algunos casos asesorando a algunos gobiernos para que legalicen la gestación subrogada. En esta carta también informan de que se está ultimando un comunicado global que podría ser público el 24 de septiembre «en contra de la práctica del alquiler del vientre». «Demandamos al Gobierno español que también sea una voz rotunda en contra de esta práctica», enfatizó a Ep Alicia Miyares, portavoz de la red.

«Las agencias en la ONU no pueden estar trabajando seriamente en la posibilidad de articular un convenio internacional sobre el embarazo que dé carta de naturaleza a la mal llamada gestación subrogada altruista porque el altruismo no existe», afirmó. Según la red, esta práctica «es una grave violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores», ya que «es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial».

Algo que tiene claro la ministra de Sanidad, que ayer afirmó a «Onda Cero» que la subrogada «es un problema» y que «de lo que se trata es que no se siga generando».

Pero desde la red de Miyares van más allá y exhortan a los gobiernos donantes de la ONU a que consideren sus aportaciones económicas a estas agencias «que apoyan de forma más o menos velada» la legalización de la gestación subrogada.