Desarticulada una red que explotaba a empleadas del hogar nicaragüenses

Las mujeres eran explotadas laboralmente y obligadas a mantener relaciones sexuales con el jefe de la red de trata.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid y en Murcia a ocho miembros de una organización dedicada a la captación de mujeres nicaragüenses en situación de necesidad económica para trabajar en España en el servicio doméstico. Para venir a nuestro país, la organización les proporcionaba la documentación y billetes necesarios, a cambio de lo cual las víctimas contraían una deuda que avalaban con sus únicas posesiones, la vivienda que ocupaban con su familia en Nicaragua, y que se incrementaba progresivamente hasta hacerse, en ocasiones, imposible de pagar. Dicha situación obligó a algunas de las víctimas a mantener relaciones sexuales con el cabecilla de la organización, quien a cambio prometía rebajar su deuda. Los encuentros eran presuntamente grabados con cámara oculta y sin el consentimiento de las víctimas, que después eran amenazadas con su publicación si no pagaban lo que debían.

La investigación tuvo su origen en una llamada confidencial al teléfono gratuito contra la trata de seres humanos, 900 10 50 90, en la que se denunciaba la existencia de una persona que, al parecer, se estaría dedicando a traer chicas procedentes de Nicaragua para trabajar en el servicio doméstico a cambio del pago de cierta cantidad de dinero.

Inmediatamente, agentes de Policía especializados en la lucha contra la trata de seres humanos hicieron las gestiones necesarias para comprobar la veracidad de los hechos denunciados y una vez hecho esto, trataron de localizar e identificar a posibles víctimas para su protección y a los responsables del delito para su detención y puesta a disposición judicial.

Comenzaba así una investigación que llevaría a la Policía hasta una organización que operaba al menos desde el año 2009, liderada por la familia del principal cabecilla, que se encargaba de captar a las víctimas en Nicaragua y de aleccionarlas sobre lo que debían decir a la Policía en los controles fronterizos para entrar en España sin problemas. También se encargaban de organizar los desplazamientos y proporcionarlas documentos y billetes para viajar.

Adquirían una deuda de unos 4.500€

Las mujeres aceptaban venir a España para trabajar en el servicio doméstico, lo que suponía adquirir una deuda con la organización de unos 4.500 euros, además de unos elevados intereses que a partir del octavo mes alcanzaban hasta el 10% mensual.

Las víctimas, acuciadas por la necesidad, y ante la perspectiva de un trabajo con el que sacar adelante a sus familias, aceptaban los préstamos y los firmaban ante un abogado, presentando como aval lo único que poseían, que era la vivienda en la que residían sus familias en Nicaragua.

Una vez aceptadas las condiciones, realizaban el viaje a España, donde entraban simulando un viaje turístico y aquí eran recogidas por miembros de la organización que las trasladaban a Murcia, donde eran recibidas por el cabecilla de la organización que se encargaba de alojarlas en pisos que tenía alquilados.

70 € semanales por una habitación compartida

En concepto de alojamiento cada víctima tenía que pagar unos 70 euros semanales, aunque fueran varias las personas con las que tuviera que compartir habitación, viviendo, por lo tanto, en unas deplorables condiciones higiénicas y de hacinamiento. De esta manera, la deuda inicial se iba incrementando continuamente.

El máximo responsable controlaba a las víctimas de forma obsesiva, aconsejándolas que no se fiasen de nadie salvo de él, obteniendo copias de todos los documentos de las víctimas e incluso exigiéndolas los pasaportes originales para asegurarse así de que pagarían su deuda y llegando, incluso, a abrir su correspondencia sin su consentimiento.

La deuda inicial se incrementaba también como consecuencia de pequeños préstamos que la organización hacía a las víctimas cuando necesitaban dinero, ya fuera para pagar el alquiler de la habitación o por otros motivos, exigiendo unos intereses de hasta el 10% mensual, lo que acababa convirtiendo la deuda en impagable en muchos casos.

Rebajas de la deuda a cambio de relaciones sexuales

Para hacer frente a dicha deuda, las víctimas debían pagar en torno a los 600 euros al mes en metálico, cantidad que normalmente no conseguían reunir con su trabajo en el servicio doméstico, por lo que algunas de ellas se veían obligadas a mantener relaciones sexuales con el cabecilla de la organización a cambio de rebajar dicha deuda.

Éste, además, grababa todos los contactos sexuales mantenidos con cámara oculta y sin el consentimiento de las víctimas y después las amenazaba con publicarlos si no le pagaban lo que le debían. También las amenazaba continuamente con quitarles sus propiedades si le denunciaban a la Policía, cosa que las víctimas no hacían por miedo a que cumpliera sus amenazas o a ser expulsadas de España, ya que muchas de ellas se encontraban en nuestro país en situación irregular.

Tras reunir las pruebas necesarias, los agentes detuvieron al cabecilla de la organización, que ingresó en prisión provisional por orden judicial. Los agentes también localizaron nuevas víctimas, algunas de las cuales, tras recibir todas las medidas de protección y asistencia legalmente previstas, declararon que estaban recibiendo amenazas y todo tipo de presiones para reunir el dinero suficiente para sacar al responsable de prisión.

Las investigaciones permitieron a la Policía averiguar que la organización también se dedicaba a prestar dinero a otros compatriotas suyos, aprovechándose de la situación de necesidad en la que vivían, exigiéndoles elevados intereses y teniendo que avalar los préstamos con sus escasas propiedades.

Además, durante el registro practicado en el domicilio en Murcia del principal investigado, los agentes incautaron numerosos dispositivos electrónicos que contenían material pornográfico consistente en imágenes de relaciones sexuales que el propio detenido mantenía con chicas -entre ellas las de al menos 19 víctimas de trata, de las traídas por la organización para trabajar en el servicio doméstico- y que habían sido obtenidas sin su consentimiento. Entre el material intervenido, los agentes encontraron imágenes en las que el responsable de la organización aparece abusando sexualmente de alguna de sus víctimas.