El desastre de Aznalcóllar, a juicio 25 años después

En diciembre de 1987, la compañía sueco-canadiense Boliden compró al Banco Central de Madrid la compañía española Andaluza de Piritas S. L. (Aspirsa), poniendo fin a una de las más costosas aventuras inversoras del primer banco privado español. Aspirsa era responsable de la mina de Aznalcóllar, de la que extraía al año dos millones de toneladas de pirita para producir concentrados de hierro, plomo y zinc.

Tras su compra, Boliden empezó a explotar no solo esta mina, sino los terrenos circundantes que también se incluían en la transacción, teniendo en cuenta que las reservas de mineral eran escasas. Hasta que en 1998 la gota colmó el vaso. La balsa que contenía los residuos píricos, cuyos muros se recrecieron en diversas ocasiones, terminó rompiéndose y un vertido de lodo negro tiñó de luto un pueblo de paredes blancas.

La madrugada del 25 de febrero de 1998 cambió la vida de Aznalcóllar y de una comarca entera entre Sevilla y Huelva, en el vértice y a las puertas de Doñana. Los vecinos recuerdan la fecha como un atentado (medioambiental).

El impacto contaminante de la riada tóxica que se vertió al río Guadiamar fue cien veces superior al de las 63.000 toneladas de fuel vertidas por el Prestige, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La contaminación arrasó 4.386 hectáreas en un radio de 62 kilómetros del cauce del principal afluente de Doñana. El peor desastre medioambiental de la historia de Europa se llevó por delante el futuro de un pueblo que todavía trata de desesperarse de la pesadilla, agarrado a la esperanza, como quien camina a lomos de una yegua cansada sobre fangos contaminados. «Fue nuestro Hiroshima», relatan en los bares del pueblo, cuya economía dependía casi al completo de la actividad minera.

Después del vertido, la mina de Aznalcollar se cerró y empezó un largo litigió judicial contra Boliden para que pagara parte de las costas de la limpieza, descontaminación y recuperación del entorno dañado por los vertidos. Después de 25 años, finalmente la compañía sueco-canadiense se sentará en el banquillo: la Junta le reclama 90 millones de euros.

El desastre ecológico fue de tal calibre que, bajo la lupa de Europa, las administraciones –entonces del PSOE en la Junta y del PP en el Gobierno– se pusieron de acuerdo para la limpieza. Con una inusitada coordinación, bajo criterio científico y previo desembolso de más de 200 millones de euros, las 4.600 hectáreas anegadas por la riada tóxica quedaron descontaminadas recuperando su riqueza ecológica, salvo algunas zonas. Se recogieron en un mes 37,4 toneladas de peces muertos (carpas, albures, barbos, anguilas), 96 ejemplares de vertebrados terrestres, 40 de anfibios, 11 ánades reales, 8 pochas, además de varios cientos de huevos de aves. En 2001 sitúan los investigadores el punto de inflexión en que finalizó la limpieza de la cuenca del río Guadiamar y en 2003 cuando se dio por recuperado el entorno con la creación del Corredor Verde, un pasillo ecológico de 2.700 hectáreas, declarado espacio protegido.

Demandas desestimadas

Pese a que la herida ambiental ha cicatrizado, las actuaciones judiciales no han cesado desde que se produjo el vertido, en 1998. Las administraciones autonómica y estatal intentaron desde un inicio que Boliden se hiciera responsable de los pagos por la limpieza, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Tribunal Supremo (TS) desestimaron las demandas.

Pero la Junta de Andalucía no se dio por vencida y acudió a la Sala de Conflictos de Competencias del Supremo para que le dijera cómo podía reclamar los pagos a la compañía sueca. Determinaron que por la vía civil. Finalmente, la Audiencia de Sevilla instruyó la primera demanda y fijó el juicio en septiembre del año pasado para el 4 de julio de 2023, casi 25 años después del accidente.

Hoy, por fin, se celebra la primera sesión de un juicio que durará hasta el 20 de julio: serán un total de 6 sesiones y 13 interrogatorios. La demanda de la Junta se dirige, en concreto, contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV, por las consecuencias del vertido de la balsa de la mina que ellos explotaron durante 11 años y que provocó enormes daños medioambientales. La Administración andaluza recuerda que asumió la «intervención coordinada» de las tareas de limpieza, pero con la «voluntad» de «repercutir» los gastos en la empresa responsable de la mina.

Boliden, por su parte, reclama la desestimación íntegra de la demanda, alegando que no tiene «obligación» de compensar a la Junta, teniendo en cuenta que el impacto económico del accidente para la empresa fue de 115 millones de euros y que acabó en concurso de acreedores. Además, la representación de Boliden-Apirsa señalaba que la propia Junta «autorizó el recrecimiento» de la balsa siniestrada en la mina y, en su demanda, «reconoce que no ha pagado todas las cantidades» que reclama a los antiguos responsables de la corta de Aznalcóllar.

Según el letrado de la compañía, la demanda incluye cantidades «no imputables» a la empresa, en alusión a unos gastos por labores adicionales de «mejora» para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos «innecesarios» ; así como cuantías «controvertidas» por dudas respecto a su abono efectivo por parte de la Junta o el destino final al cual fueron aplicadas.

«Esperamos que se haga justicia», apuntó ayer el consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón-Fernández Pacheco. El consejero portavoz recordó que lo más importante es que una situación como la vivida en Aznalcóllar no vuelva a repetirse jamás. «Es precisamente lo que nos exigen también los andaluces», incidió, antes de recordar que «el dinero destinado a recuperar el entorno es de todos los andaluces, por lo que la demanda va en defensa del interés general».