Desastre ecológico en Cáceres tras el vaciado de un embalse de 50.000 millones de litros por el MITECO para acabar con un pez invasor

Hasta hace pocos meses, el embalse de Alcollarín, en la provincia de Cáceres, era un punto de referencia para los aficionados a la pesca y para quienes disfrutaban observando aves acuáticas. En mayo, la presa alcanzaba su capacidad máxima, con 50 hectómetros cúbicos —equivalentes a 50.000 millones de litros—, regulando el caudal del río Alcollarín y ayudando a preservar el equilibrio ambiental de su entorno.

La situación cambió de forma radical cuando el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ordenó vaciar por completo el embalse. El objetivo oficial era eliminar la presencia de Pseudorasbora parva, un pez originario de China que llevaba años asentado en estas aguas y que ya se había extendido por el río Alcollarín y, desde allí, hacia el Ruecas y el Guadiana.

Una operación cara y muy criticada

Según los vecinos, la actuación costó más de un millón de euros y se realizó de manera “precipitada” y “sin las medidas necesarias para garantizar su eficacia”. Paco Castañares, en un mensaje en redes sociales, fue tajante: ''El vaciado se ha hecho tan mal que lo único que han conseguido es liberar a cientos de miles de ejemplares hacia aguas abajo, agravando el problema en lugar de resolverlo''.

El plan incluía la colocación de redes para capturar los peces invasores a medida que descendía el nivel del agua. Sin embargo, el sistema falló en los momentos clave: las redes se saturaron y miles de ejemplares escaparon sin control, colonizando el cauce del Alcollarín y llegando al Ruecas y al Guadiana, como muestra un vídeo difundido por el propio Castañares.

De intento de control a desastre ambiental

El resultado ha sido el opuesto al buscado. El embalse se encuentra vacío y su lecho, cubierto de peces muertos —tanto invasores como especies autóctonas— en avanzado estado de descomposición. El mal olor, sobre todo en jornadas de viento del este o noreste, alcanza el casco urbano de Alcollarín y provoca quejas continuas.

La desaparición del agua ha ahuyentado a numerosas aves acuáticas que habían encontrado allí un hábitat estable. Con ello, la pesca recreativa y el turismo de observación han desaparecido, lo que supone un duro golpe para la economía local.

En pueblos como Alcollarín o Zorita, la indignación es generalizada. Muchos recuerdan que ya perdieron tierras agrícolas con la construcción de la presa y ahora ven destruido el uso social y ambiental que se había creado. Castañares lo resume así: ''A la inundación de sus tierras cuando construyeron el embalse se suma ahora la privación de su derecho a pescar en sus aguas y al creciente turismo de observación de aves acuáticas que se habían asentado de manera permanente en aguas del embalse y que ahora ha desaparecido''.

Las redes sociales se han llenado de críticas. Algunos acusan a la administración de años de inacción frente a las especies invasoras, poniendo en riesgo a las autóctonas. Otros reclaman que la Junta de Extremadura impulse programas de repoblación con apoyo de la piscifactoría regional, pero advierten que antes es imprescindible erradicar la Pseudorasbora parva. También hay quien se pregunta “dónde están los ecologistas” y critica lo que califican como “matar moscas a cañonazos”. No faltan quienes ponen en duda la responsabilidad política y técnica, cuestionan los estudios de impacto y lamentan la mortandad masiva de barbos, especie endémica del Guadiana.

Entre las propuestas ciudadanas aparece la idea de cambiar la ley para permitir la pesca intensiva de especies invasoras y endurecer las sanciones contra quien transporte ejemplares vivos. En cualquier caso, el sentimiento general es de frustración por una gestión que, a su juicio, ha empeorado el problema.

Posibles consecuencias legales

Castañares recuerda que la Ley de Conservación de la Naturaleza prohíbe expresamente el uso de métodos masivos y no selectivos para eliminar fauna silvestre. Esto plantea la duda de si la actuación podría incumplir la normativa. ''No sé si habrá un método más masivo, menos selectivo y más destructivo que este'', ironiza otro usuario, señalando que el daño no se limita a la especie invasora, sino que ha afectado a todo el ecosistema.

La conclusión de Castañares es rotunda: «Es el ejemplo perfecto de cómo una gestión deficiente puede transformar un problema localizado en una catástrofe ambiental a gran escala».