Desviados hacia la muerte

Varios supervivientes denuncian que la Guardia Nacional les condujo a la carretera del fuego de Portugal.

Portugal vivió ayer su segundo día de luto oficial por las, al menos, 64 víctimas mortales del incendio de Pedrógão Grande el sábado mientras más de 2.000 efectivos seguían luchando para frenar el avance de la tormenta de llamas, que afecta los distritos centrales de Leiría, Coimbra y Castelo Branco. Símbolo de la confusión que se vivió fue el anuncio de que un avión antiincendios se habría estrellado, pero las autoridades lusas tuvieron que dementirlo horas más tarde.

A lo largo de la tarde, el incendio, que ya ha arrasado 30.000 hectáreas y dejado a más de 160 personas heridas, se expandió por los municipios de Góis y Lousã, lo que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de 27 aldeas y un asilo de ancianos. Las autoridades locales lamentaron que muchos habitantes de la zona rehusaran abandonar sus domicilios, que ahora están completamente rodeados por las llamas. Pese al claro deterioro de la situación, en la tarde de ayer la ministra de Administración Interna, Constança Urbano, rechazó la ayuda de una columna de 60 bomberos procedentes de Galicia, insistiendo en que la intervención de los efectivos españoles no era necesaria. «Algunas personas tienen un exceso de voluntarismo y quieren meterse en todos los asuntos», afirmó la ministra. «Tenemos que garantizar la seguridad de todos y los voluntarios pueden terminar por poner en riesgo la vida de los demás. Es mejor que dejen que las autoridades competentes hagan su trabajo». La Fundación La Caixa, por su parte, ha donado un millón de euros para apoyar a las víctimas de la tragedia.

La decisión de la ministra ha sido duramente criticada por los medios portugueses, que ponen en duda la efectividad de la gestión de la tragedia por parte del Ejecutivo del socialista António Costa. Ayer, el país amanecía conmocionado con las alegaciones de varios supervivientes de la carretera nacional 236 –donde más de medio centenar de personas murieron el sábado, calcinados en sus coches–, quienes afirmaron que agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR) les habían desviado hacia esa vía, conduciéndoles a una «ratonera mortal». Otros se quejaron de la confusión de las autoridades, que no conseguían indicar si era necesario evacuar la zona o mantenerse recluidos en casa.

Ante la oleada de críticas, ayer el primer ministro Costa envió una carta urgente a los directores de la GNR y Protección Civil exigiendo explicaciones sobre lo ocurrido a través de tres preguntas. El jefe del Gobierno pidió saber si se dieron condiciones meteorológicas particularmente adversas que hicieron que la tragedia fuese inevitable, y también preguntó si se produjeron fallos en la coordinación de las actuaciones iniciales, tal y como denuncian los bomberos lusos. Finalmente, el político también pidió un informe detallado sobre las acciones de la GNR en el momento de cortar las vías de la zona, entre ellas la ahora denominada «carretera de la muerte».

Los conservadores del Partido Social Demócrata ya han pedido una investigación parlamentaria de los hechos, mientras que el Partido Comunista Portugués exige la formación de una comisión especial para investigar los hechos. Entretanto, editoriales en casi todos los medios lusos exigen la dimisión de la ministra de Administración Interna, tanto por la gestión actual del desastre, como por la falta de medidas de prevención.