La deuda de la Sanidad con los fabricantes de tecnología se dispara hasta los 731 millones

La Sanidad pública vuelve a las andadas. Como ya ocurriera en el pasado, la deuda que mantiene con los fabricantes de productos y tecnología sanitaria está volviendo a dispararse, y también lo hace el tiempo que tarda en abonar sus facturas.

Según los datos que maneja el sector, el débito global del Sistema Nacional de Salud (SNS) con las empresas que fabrican desde agujas para las inyecciones hasta equipos de resonancia magnética nuclear o de ventilación mecánica (respiradores) ascendía el pasado mes de marzo a 731 millones de euros.

En marzo de 2022 la cantidad era de 681 millones de euros, por lo que en apenas un año el monto ha crecido en 50 millones de euros. Se trata, aún, de cantidades muy inferiores a las arrojadas durante la crisis financiera desatada en 2008. Por ejemplo, en ese año la deuda con este tipo de fabricantes escaló hasta casi 4.000 millones, y tres años después, en 2011, llegó a situarse en 5.230 millones de euros, aunque el plan de pago a proveedores que articuló el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, logró revertir la situación hasta su nueva subida reciente, al inyectar entonces una liquidez de 6.000 millones de euros.

La alerta que surge ahora entre las compañías afectadas no procede tanto del montante alcanzado este año, que ya es elevado, sino de su tendencia creciente a medida que pasan los meses. Su combinación con el déficit y la deuda pública, disparados de nuevo, constituye un cóctel explosivo para un sector que genera miles de empleos en España.

Periodo medio de pago

Otro dato que inquieta, y mucho, es el del periodo medio de pago de esa deuda. En marzo de 2022 ascendía en el conjunto del país a 56 días. En marzo de 2023 se elevaba a 62 días, aún muy lejos de los 473 días que llegaron a contabilizarse en 2011, pero manteniendo también una tendencia creciente.

Sin embargo, hay alguna diferencia con el pasado que juega en contra de las compañías. En concreto, preocupa que este retraso en la llegada de liquidez a las empresas se produzca ahora en un contexto de crisis global de suministros que, además de limitar la disponibilidad de materias primas y de componentes electrónicos, ha supuesto un incremento sin precedentes de los costes de fabricación y distribución.

Plan de choque

Este hecho ha llevado al sector a alertar desde hace meses acerca de la necesidad de un plan de choque que contemple, entre otras medidas, la indexación al alza o a la baja de los contratos públicos. En paralelo, el sector de los productos y la tecnología sanitaria teme que el periodo electoral y la formación de nuevos gobiernos autonómicos puedan tener un efecto dilatador, aumentando en los próximos meses los tiempos de pago de las administraciones.

Se da la circunstancia de que todas las administraciones sanitarias españolas salvo la navarra incumplían ya en marzo el tope de 30 días máximo para acometer los pagos que fija la Ley de Contratos del Estado para las administraciones públicas. En otras palabras: salvo la Comunidad Foral, todas las autonomías están incurriendo en una ilegalidad.

Aunque la tendencia de crecimiento se observa en toda España, la situación que registran algunas comunidades adquiere tintes alarmantes. Al igual que sucedió en años pasados, las pertenecientes al Levante son las que más retraso acumulan en abonar las facturas pendientes. En apenas un año, la Región de Murcia ha pasado de tardar 58 días en realizar los pagos a hacerlo en 235 días. También es preocupante la situación en la Comunidad Valenciana. En marzo de 2022 tardaba 85 días en pagar a los proveedores de tecnología sanitaria. En marzo de este año lo hace en 109 días. Con un periodo medio de pago de entre 60 y 90 días se sitúan Cantabria (85 días), La Rioja (80 días) y Aragón (64 días). Por su parte, las regiones con un mejor comportamiento en este particular apartado son la ya mencionada Navarra (29 días), que es la única que se ajusta a la legalidad, Galicia (31 días), Cataluña (38 días), Extremadura (40 días), País Vasco (40 días), Castilla-La Mancha (43 días), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (44 días), Andalucía (45 días), Canarias (47 días), Madrid (55 días), Asturias (55 días), Baleares (56 días) y Castilla y León (60 días).

La deuda y el tiempo de pago a los fabricantes de tecnología sanitaria es uno de los tres indicadores que mejor permiten medir el estado de salud de un sistema sanitario. Los otros dos son las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas (disparadas en todo el país hasta la cifra récord de 793.521 enfermos aguardando una operación durante una media de 120 días, según las estadísticas recopiladas por el Ministerio de Sanidad), y la demora media en incorporar la innovación terapéutica a nuestro país, una vez que le dan el visto bueno los reguladores europeos.

En este particular capítulo, España también suspende al registrar una tardanza de 517 días,de acuerdo con los datos de la consultora Iqvia. Además, el tiempo de pago a los fabricantes tecnológicos y la cantidad que se les adeuda suele ser un indicador adelantado de la solvencia económica en la que se sustenta un sistema sanitario. Dicho indicador empezó ya a dispararse antes de que la economía estallase del todo en España durante la pasada crisis financiera.