La ola de incendios que ha asolado España en la segunda quincena de agosto ya se considera la peor en lo que va de siglo. Con más de 400.000 hectáreas calcinadas y 33.750 personas evacuadas, nuestro país concentra, junto con Portugal el 60% de la superficie quemada en toda la Unión Europea.

Los muertos ya se elevan a 5, entre bomberos forestales y voluntarios que han perdido la vida intentando salvar sus pueblos de las llamas. No obstante, hay que tener en cuenta que desde Protección Civil aún no se ha realizado un balance oficial.

Hasta la fecha, se contabilizan 42 detenidos relacionados con los incendios desde el 1 de junio, y 132 personas investigadas por su presunta participación en su origen.

La cifra de detenciones se ha incrementado considerablemente en la última semana, justo cuando más daño han causado los incendios en provincias como León, Orense, Zamora y Cáceres. De hecho, desde el lunes se ha pasado de 31 detenidos a 42 y de 82 investigados a 132.

La última investigada es una mujer del municipio coruñés de Carballo (A Coruña) que quedó ayer en libertad después de que fuera detenida por la Guardia Civil en relación con 11 incendios forestales.

El fuego acecha cada verano de un modo más feroz, evidenciando una nueva realidad a la que, de un modo u otro, parecemos abocados a acostumbrarnos.

Más allá de la tragedia humana y ecológica, los incendios abren un debate urgente: la prevención, la planificación territorial y la responsabilidad política ante una emergencia que se repite cada verano con más fuerza.

España ha comprobado una vez más que el fuego no es solo una amenaza estacional, sino una realidad creciente que exige prevención, coordinación y voluntad política a la altura del desafío.

El Gobierno central anunciaba esta semana a los ciudadanos que los territorios que hayan sido arrasados por las llamas serán declarados desde este martes 26 de agosto como zonas catastróficas. Este mecanismo, que ya fue activado con la DANA de la Comunidad Valenciana, ofrece varios escenarios para beneficiar a los ciudadanos en forma de ayudas directas, prestaciones personales o de bienes, exenciones fiscales, entre otros.

Por su parte, Comunidades Autónomas como como Castilla y León ya han comprometido fondos extraordinarios.

Pérdidas millonarias

Lo que hoy se cuenta en cifras –hectáreas, muertos, evacuados–mañana se medirá en pérdida de biodiversidad, en abandono de zonas rurales y en costes económicos millonarios.

Los incendios afectan ya al turismo rural con cancelaciones masivas desde el día 15 en las zonas incendiadas y en las aledañas por la densidad del humo. Fuentes del sector alertan sobre el impacto de estos fuegos a largo plazo al perderse el paisaje natural, uno de los principales atractivos para estos alojamientos.

El turismo rural cuenta con 17.450 establecimientos que ofertaban 175.487 plazas en junio de este año, con Castilla y León como la comunidad autónoma con más establecimientos abiertos –3.302– y unas plazas estimadas de 30.274. Sin duda, el paraje natural de Las Médulas (León) se lleva la peor parte. La Asociación Leonesa de Turismo Rural (Aletur) reclamó esta semana "medidas urgentes para proteger el territorio y el turismo rural para que nuestros pueblos puedan seguir siendo lugares vivos y atractivos".

El impacto económico y social derivado de estos incendios plantea un futuro incierto para muchas zonas rurales cuya principal fuente de ingresos depende directamente del turismo vinculado a los parajes de su entorno.

Un pacto de Estado

Más allá de la emergencia inmediata, esta ola de fuegos ha abierto un debate político y social sobre la prevención y gestión forestal en España. El presidente del Gobierno se comprometía esta semana a una "reflexión de fondo, una estrategia que anticipe una mejor respuesta, más garantista, más segura a nuestros conciudadanos ante el agravamiento y la aceleración de los efectos de la emergencia climática en nuestro país".

Pero la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), la asociación de bomberos profesionales más representativa del país, le ha recordado que existe una herramienta perfecta para mejorar la operatividad de los 21.000 efectivos que velan por la seguridad y protección de los ciudadanos frente a los incendios: la Ley Marco de Coordinación, que se registró por primera vez en 2018, formaba parte del programa del actual Gobierno y se encuentra bloqueada incomprensiblemente en el Ministerio del Interior.

"El bloqueo político de la Ley Marco amenaza la seguridad ciudadana ante estas catástrofes u otras emergencias climáticas que requieran respuestas rápidas y unánimes, pues muchas veces no puede actuar el parque de bomberos más cercano, sino que debe acudir al que le corresponda la zona afectada, lo que alarga los tiempos de intervención y deteriora peligrosamente los servicios de protección", explica a LA RAZÓN Israel Naveso, presidente de la CUBP.

"Somos el colectivo de Emergencias más grande que hay en España, duplicamos en número a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Sin embargo siniestro tras siniestro y tragedia tras tragedia nos encontramos ante una mala planificación y erróneos planes de extinción", explica.

La Coordinadora denuncia, además, que "cada administración usa sistemas de comunicaciones que no están integrados unos con otros, por lo que a veces es la telefonía móvil la utilizada por los mandos para comunicarse, con los consiguientes peligros de saturación".

También señalan que, en otras ocasiones, los intervinientes desplazados a los siniestros deben esperar durante mucho tiempo a recibir instrucciones del Director de Extinción "por culpa de una descoordinación que también dificulta la movilización de medios materiales y de vehículos especializados en las labores de extinción".

"En el mes de diciembre se organizó la mayor manifestación de bomberos a nivel estatal que ha habido en toda la historia. Se colapsó Madrid entera, denunciando lo que había ocurrido por la gestión que se hizo durante la DANA. Y ahora vemos, siete meses después, que no han hecho absolutamente nada. En los despachos todos los partidos políticos que hemos visitado nos dicen que sí, que lo tienen que hacer, pero cuando llega el momento no lo hacen", concluye.

Mientras, en la jornada de ayer continuaban los arduos trabajos de extinción de los 16 incendios en situación operativa 2 que se mantenían activos al cierre de esta edición : 11 de ellos en Castilla y León (León, Palencia, Salamanca y Zamora), 4 en Galicia y uno en Asturias, según los datos facilitados por el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

El único que continúa avanzando de manera desfavorable es el de Igüeña (León) porque la orografía dificulta el acceso de los equipos terrestres intervinientes en el frente activo más peligroso, el del norte.

"Optimismo moderado"

Las mejores condiciones meteorológicas en las próximas horas en las regiones afectadas jugarán a favor de los equipos de extinción.

La directora general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno, Virginia Barcones, expresó ayer un "optimismo moderado" por la evolución favorable de los incendios. "Las buenas noticias son los realojos y que las personas puedan ir volviendo a sus domicilios, puedan continuar pese a todo el sufrimiento que han provocado las llamas en sus vidas". No obstante, pese a que afirmó que "el final está mucho más cerca", advirtió de que "no hay que bajar la guardia" frente a los incendios que aún quedan activos.

Las llamas empiezan a extinguirse pero la herida que dejan será larga y difícil de curar: montes ennegrecidos, pueblos despoblados, miles de familias rotas y muchas preguntas.

¿Seremos capaces de encontrar el equilibrio entre extinción y gestión? Se estima que el coste en apargarlos es de unos 30.000 euros por hectárea, mientras que la prevención puede suponer entre el 1 y el 10% de esta cifra. Un dato clarificador.