Sin derecho a estudiar por la huelga salvaje

Otra vez huelga en la enseñanza y en todas las etapas educativas. Esta vez la protesta es contra la ley de Educación del Gobierno, los «recortes», la subida de tasas o el nuevo decreto que endurece los requisitos para acceder a las becas. Pero ¿quién está hoy en el colegio si decide llevar a su hijo a clase? Depende de la comunidad autónoma y del tipo de centro, pero muchos padres se ven condicionados o incluso obligados a dejar a sus hijos en casa ante el temor de que la falta de personal genere una desatención al menor. Los padres andaluces que eligieron centros públicos son los que se enfrentan al escenario más desfavorable. La comunidad autónoma, que ya ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Educación del Gobierno, ha decretado como servicios mínimos que sólo esté hoy el director del centro escolar o bien otra persona del equipo directivo. En Aragón ocurre algo parecido, sólo que, además, la administración educativa establece la obligatoriedad de que acuda a trabajar no sólo el director, sino también un miembro de personal de servicios auxiliares, un oficial de mantenimiento, un cocinero y el jefe de estudios. En La Rioja tendrá que haber un subalterno para el control de entrada al colegio o instituto, además de un profesor por edificio y un profesor por cada sección de Secundaria. En Cantabria también se obliga a estar al subalterno y a un técnico sanitario, además del director. Más control, en un día como hoy, habrá en Castilla-La Mancha, especialmente con los más pequeños, donde en las escuelas infantiles con alumnos de 0-3 años tendrá que estar un profesor por cada 20 alumnos; otro por cada 32 estudiantes entre uno y dos años y un educador más por cada 50 niños entre dos y tres años.

También en Baleares puede que las clases se desarrollen con más normalidad porque la Consejería de Educación obliga al 30% de los profesores de Infantil y Primaria como mínimo a dar clase, al 25% de los de la ESO y Bachillerato. Los sindicatos ya han anunciado que recurrirán el decreto.

En Madrid, tendrá que haber como mínimo tres personas: el director, el jefe de estudios y el secretario. Otro caso es el de la enseñanza concertada. En la mayoría de las autonomías se rigen por el mismo decreto que la pública, salvo en Madrid, donde la consejería se ha desentendido de regular los servicios mínimos. En Primaria se negoció que fuera a clase el 35% del profesorado como mínimo; el 20% en Primaria y el 10% de la plantilla en Secundaria, Bachillerato y FP, pero a última hora de ayer el TSJ anuló el acuerdo y lo declaró «nulo de pleno derecho». Las asociaciones de padres no ven con buenos ojos que la protesta educativa de hoy afecte a los menores. «Las polémicas de adultos deben estar fuera de las aulas y deben plantearse a quienes las puedan solucionar. Los niños tienen derecho a la educación y se debe evitar privarles de ese derecho. Entendemos los derechos de los trabajadores pero no podemos perder de vista los de los niños», explica la presidenta de Cofapa, Begoña Ladrón de Guevara. La Confederación Católica de Padres de Alumnos, Escuelas Católicas y la patronal de la escuela privada y concertada tampoco apoyan la huelga de hoy para evitar que se perjudique más a los alumnos, mientras que la asociación de padres Ceapa, afín al PSOE, apoya la huelga general contra los recortes en la educación y contra la reforma educativa. En la universidad son muchos los estudiantes que ni se plantean hoy acudir a clase independientemente de que estén de acuerdo o no con las reivindicaciones.

En el caso de la Complutense, el rector, Carrillo, ampara que se mantengan las barricadas y el bloqueo al campus que ya hubo ayer. También en la Autónoma de Madrid se denunciaron actos vandálicos. En la segunda jornada de huelga de ayer convocada por el Sindicato de Estudiantes, el Ministerio de Educación situó en el 18,8% el respaldo de los alumnos a la segunda jornada de huelga en centros de Secundaria, FP y Universidad, mientras que esta organización cifró el seguimiento en un 90%. Muchos participaron en protestas organizadas en distintas ciudades.

En Madrid, se acercaba el mediodía y las camisetas verdes empezaban a asomar en la plaza de Atocha. Era el punto de encuentro fijado por el Sindicato de Estudiantes para repetir, por tercera vez este año, una marcha hasta Sol. Pero, o las fuerzas se van desinflando o los motivos para salir a la calle ya no convencen a tantos jóvenes -muchos de ellos menores de edad- porque la calle Atocha no conseguía llenarse, aunque desde la asociación estudiantil aseguraron, al finalizar las dos horas de manifestación, que eran más de 60.000. La Policía que seguía el acto discrepa, ya que fuentes oficiales reducían la cifra a entorno a 2.000 personas. Tijeras prohibidas y caras del ministro Wert volvían a copar la mayoría de pancartas. Sus reivindicaciones tampoco aportaban nada nuevo: «No a la contrarreforma fascista», «Becas sí, tasas no» y «Wert dimisión» formaban parte del «top ten» de las frases más jaleadas. Al final, más que una marcha en contra de la Lomce, en busca de una educación pública mejor, en Sol los gritos iban dirigidos contra el sistema. «El problema es el sistema capitalista».

Así concluía Ana García, la nueva portavoz del Sindicato de Estudiantes, su «speech» en contra del Gobierno. La aparición de esta joven ha sido una de las pocas novedades del acto de Madrid. Es su primera huelga como secretaria general del movimiento estudiantil. Tohil Delgado, la cara visible hasta ahora, sigue muy vinculado con todas las acciones que realizan pero con un nuevo cargo, el de presidente. «Haremos todo lo necesario para llegar hasta el final», insistió, a gritos, la nueva representante al pasar las 14 horas, en la Puerta del Sol. Ese final no es otro que la manifestación indefinida. Ayer, una de las jóvenes que distribuye «El Militante», el diario mensual que edita el Sindicato, también lleva una hucha: Ayer, en los piquetes informativos, recaudamos unos 400 euros», afirma la joven. La joven asegura que el último año han aumentado el número de socios del Sindicato de Estudiantes: «Pagamos 30 euros anuales».