El año pasado, 13.000 menores se fugaron de sus casas

Los jóvenes que al cumplir los 18 años deben abandonar los centros tutelados, los inmigrantes no acompañados, los fugados del hogar y los que residen en infravivienda vertical o asentamientos representan la fotografía de los menores sin hogar en España. Dentro de esta primera categoría también se incluyen los jóvenes disruptivos, que maltratan a sus padres. El año pasado, 4.500 padres denunciaron a sus hijos por estos motivos. Dentro de la segunda categoría, sin hogar familiar, se incluyen los 41.000 jóvenes que forman parte del sistema de protección (datos de 2011): 14.000 viven en residencias, otros 14.000 en familia extensa y el resto en familias de acogida familiar. "Europa insiste en que se debe reorientar todas las medidas hacia la acogida y evitar la institucionalización". La infravivienda se sitúa a las afueras de grandes ciudades donde la mayoría son inmigrantes y los menores pasan casi todo el día en la calle.

Por último, los desahucios. En 2013 se produjeron 82.000 y muchos se producen porque "la Administración tarda mucho en conceder la renta mínima o la ayuda de emergencia". Existen, como afirma la asociación, muchas desigualdades entre comunidades autónomas que perjudican a las familias, así como la lentitud en los plazos de concesión de ayudas.

Así lo ha expuesto hoy la presidenta de la Fundación Simetrías, Ángeles Díaz Vieco, una organización que impulsa proyectos para la inclusión social de los menores y que ha reclamado, en una rueda de prensa, un pacto social “urgente” para garantizar una vivienda digna a los niños y jóvenes que duermen en la calle. Entre otras medidas para paliar la situación de extrema vulnerabilidad de estos jóvenes ha exigido la paralización de los desahucios y la agilización de los trámites para que las familias desahuciadas con menores puedan acceder al fondo social de la vivienda de los bancos.

Díaz Vieco ha presentado este informe sobre los jóvenes sin hogar en España en la Conferencia CRS (”Children Rough Sleepers”, niños que duermen en la calle) en la que han participado expertos de administraciones públicas y privadas, universidades y plataformas de la sociedad civil. La presidenta de la Fundación ha planteado que la renta mínima sea homogénea en las diecisiete comunidades autónomas españolas, con el fin de evitar que una familia en situación de necesidad perciba una renta mínima de 600 euros en el País Vasco y de 420 euros en Castilla-La Mancha.

Para Díaz Vieco, "los menores sin techo existen, pero son invisibles porque no existen datos oficiales". En España, los únicos que entran dentro de la primera categoría son los 13.000 jóvenes fugados que la Policía Nacional contabilizó en 2013. De éstos, sólo permanecen como búsqueda activa unos 500. "Muchos se fugan de los centros de protección", apunta la presidenta. Menores inmigrantes sin acompañamiento (Menas) se calculan que son unos 5.000.