Bioética equipara la maternidad subrogada al tráfico de niños y la explotación

El comité de expertos, de carácter consultivo, dictamina que esta práctica «daña» tanto a los menores como a las mujeres y sugiere sanciones a las agencias que la promuevan. Sanidad estudiará sus conclusiones.

Diez votos a favor, uno de ellos particular, y ninguno en contra. El Comité de Bioética publicó ayer su informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada. Un texto sin carácter vinculante, pero sí consultivo. ¿Su conclusión? «Todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio», concluye el informe al final de sus casi cien páginas. Del mismo modo, insta al Gobierno a «reformar» la norma vigente –en este caso la ley del 2006 de técnicas de reproducción asistida–, que «no resulta suficientemente efectiva para alcanzar el objetivo que persigue: la nulidad de los contratos de maternidad subrogada». Algo en lo que sería indispensable además una serie de acuerdos internacionales. Por otro lado, debido a que la ley «no sanciona a quienes intentan llevar a cabo» estos contratos, el Comité esgrime la «posibilidad de sancionar a las agencias» que ejercen de intermediarias entre la madre de alquiler y los futuros padres. Unas medidas que, aunque buena parte del Comité consideraba que debían ser de carácter penal, no terminaron por concretarse por unanimidad, dejándolas a la interpretación que el legislador considere oportuna. Asimismo, Bioética muestra su rechazo a la gestación altruista, método «en el que resulta extraordinariamente difícil acreditar que la gestante no ha obtenido retribución alguna».

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguró ayer que va a «estudiar» el informe, que también ha sido remitido a los Ministerios de Exteriores, Sanidad e Industria.

«El Comité es contrario a todo tipo de maternidad subrogada, incluida la altruista», explica a este diario José Miguel Serrano, miembro de Bioética. Y es que, según el informe, contar con una legislación favorable a una gestación desinteresada no es ninguna garantía de que no se vaya a producir una transacción comercial. Sería el caso de Reino Unido, «un ejemplo paradigmático», pues los ingleses», «mayoritariamente», han recurrido a India para llevarlo a cabo, un país con un «servicio económico y efectivo», mientras que el proceso británico de reproducción asistida con donación de óvulos «resulta caro y, además, incierto». No hay que olvidar que India «modificó posteriormente su regulación en esta materia prohibiendo» estas gestaciones. Los expertos aseguran que, al recurrir a «mujeres que están en una situación económica y social de vulnerabilidad», la maternidad subrogada «se puede calificar en la mayoría de los casos como tráfico de niños y explotación de mujeres».

El texto también cuestiona que en la gestación subrogada prime el interés del menor, pues «trata de evitar que la gestante genere un vínculo afectivo con el niño que pueda poner en riesgo su entrega pacífica». Y, además, «le priva de la continuidad en la relación física y emocional que había establecido con la gestante». Además, «casi inevitablemente», se produce un «conflicto de intereses» entre los padres comitentes, «que desean un niño sano», y la gestante, que «tratará de reducir al mínimo su implicación emocional con la gestación de un niño que no será su hijo» y que «buscará obtener el máximo beneficio económico».

Los expertos recuerdan que «la única institución de la Unión Europea que se ha pronunciado expresamente» al respecto es el Parlamento Europeo, que, en 2015, condenó esta práctica por ser «contraria a la dignidad de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima».

Sin embargo, el problema legal de la filiación del recién nacido es el más intrincado. Algunos países optan porque la gestante mantenga la condición de madre hasta después del parto. Una vez nacido, si lo consiente, puede proceder a asignar la filiación a los comitentes. El Comité reconoce que, «de esta manera disminuye el riesgo de explotación para la gestante», pero, por otro lado, «se incrementa la inseguridad jurídica sobre el niño», al estar situado en un limbo en el que «no puede determinarse quiénes son sus padres legales».

Para Serrano, la línea a seguir en España es la del Tribunal Supremo, cuya «primera sentencia», y «única hasta el momento», dicta que, en caso de que haya un vínculo biológico del niño con los padres solicitantes –en muchos casos el padre solicitante es también el padre biológico–, «se pueda recurrir a vías como la adopción», explica Serrano.

No en vano, el Comité pide una «transición segura» para evitar que los menores que nacen durante estos procesos queden «desprotegidos». El último ejemplo en este sentido se produjo hace pocas semanas, cuando el Tribunal Superior Justicia de Madrid respaldó la decisión de no permitir la llegada a España de un niño nacido en Moscú por gestación subrogada al no existir una resolución judicial de los tribunales rusos que determinara la filiación del pequeño.

Las estimaciones señalan que entre 800 y 1.000 niños llegan anualmente a España por esta vía procedentes del extranjero. En países como Ucrania, el precio de este proceso se sitúa entre los 40.000 y los 70.000 euros. Se trata del país donde resulta más económico. Y es que en EE UU la cantidad puede llegar hasta los 120.000 euros.