El fiscal de menores del TS rechaza rebajar la edad penal

«Tenemos unos niños a los que todavía no se les ha dicho que ‘‘no’’, y hay que aprender a decírselo. Los padres tienen que aprender a decir a los niños que ‘‘no’’ en alguna ocasión, no puedes estar diciéndole a un menor permanentemente ‘‘tienes derechos, tienes derechos’’; tienes que decirle: ‘‘pero si quieres ejercer, los tienes también obligaciones’’. Hay que empezar a decirle que el mundo no se construye sólo con derechos, sino también con la asunción de derechos y obligaciones».

Quien así se expresa es ni más ni menos que José Javier Huete, fiscal de Sala coordinador de menores del Tribunal Supremo. Encargado de coordinar a toda las fiscalías de menores, lleva en el cargo poco más de un mes, en sustitución de la actual fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

En una entrevista concedida a varios medios, entre ellos a LA RAZÓN, durante la celebración del XI Congreso Nacional de la Abogacía Española, que se celebró en Vitoria la pasada semana, donde participó en una ponencia relativa a la privacidad, Huete consideró dos aspectos esenciales para evitar la radicalización de los menores, y que puedan, por ejemplo, integrarse en redes yihadistas o verse implicados en actos relacionados con la violencia de género: formación y educación en valores constitucionales, no sólo de los jóvenes, sino también de su entorno familiar.

Así, en lo que se refiere a la educación «básica», Huete pidió una mayor implicación de los padres, quienes, en pocas ocasiones, han delegado ese papel en los colegios. «Los padres se han empeñado en entregar a la escuela la educación de los hijos, pero es que la escuela no es el lugar adecuado para la educación básica de los hijos, es la educación académica básicamente y la formación en valores constitucionales, pero la responsabilidad de los padres es evidente».

En este punto, aludió a la necesidad de establecer límites a los menores, de que los padres no les faciliten todo aquello que pidan. Y lo expresó con una frase muy gráfica: «¿Es normal que un niño de 10 años disponga de un smartphone con conexión, tarifa plana a internet?. Pues a lo mejor no. Hay que empezar a decir que ‘‘no’’, a poner límites, razonándolo, sin uso de violencia».

Además, el responsable de las fiscalías de menores rechazó rebajar la edad penal, cuyo debate ha vuelto a surgir cuando un niño de 13 mató recientemente con una ballesta a su profesor en Barcelona. Alguna fiscalía provincial también ha abogado en sus memorias por bajar la edad de responsabilidad penal de los menores. Sin embargo, Huete rechaza de plano tal posibilidad y considera que lo procedente es dejarlo «tal y como está», es decir, en los 14 años, porque «es una edad lo suficientemente meditada para valorar que todavía la formación de ese menor no está lo suficientemente desarrollada».

En cuanto a la integración de menores en redes yihadistas, tal como se ha constatado recientemente en las últimas operaciones contra este tipo de terrorismo, Huete sostiene que en algunos casos es el propio entorno familiar «el que ha podido propiciar ese acercamiento a esas posturas (de radicalismo), y otras veces no es así, porque es el contacto directo con páginas de internet que fomentan ese tipo de doctrinas».

Nuevamente incide en este punto en todo lo relacionado a la formación en valores constituciones como un freno a la incorporación de menores a ideologías radicales extremas: «El problema es formación, en valores constitucionales, del propio menor, pero éste necesita un acompañamiento y si no lo tiene habrá que proporcionárselo. Y habrá que ayudar al entorno a que asuma esos valores constitucionales, que son los que nos hacen vivir a nosotros en libertad. El extremismo de cualquier tipo se cura con formación, formación cada vez más fundamentada en los valores que nos hemos dado como ciudadanos».