Tribunales

Piden 22 años de prisión para los acusados por la violación de Sanfermines

El fiscal pide 22 años de cárcel para cada uno de los cinco presuntos agresores sexuales de Sanfermines. Prenda, Boza y Escudero comparten taller de escritura, reciben a familiares y amigos cada semana y uno se ha inscrito como pareja de hecho de su novia para disfrutar una vez al mes de un vis a vis

Los cinco acusados por la presunta violación grupal a una joven madrileña de sólo 18 años en los pasados Sanfermines
Los cinco acusados por la presunta violación grupal a una joven madrileña de sólo 18 años en los pasados Sanfermineslarazon

Prenda, Boza y Escudero comparten taller de escritura, reciben a familiares y amigos cada semana y uno se ha inscrito como pareja de hecho de su novia para disfrutar una vez al mes de un vis a vis

Los cinco acusados por la presunta violación grupal a una joven madrileña de 18 años en los pasados Sanfermines continúan entre rejas a la espera de que salga el juicio. Ayer, la Fiscalía solicitó para cada uno de ellos 22 años y 10 meses de prisión.

José Ángel Prenda, Ángel Boza Florido y Jesús Escudero Domínguez, siguen en un módulo del Centro Penitenciario de Pamplona, la prisión a la que entraron los cinco cantando como si el delito no fuera con ellos. Pero si ingresaron pensando que era cosa de dos o tres días, lo cierto es que el tiempo pasa, y más lentamente entre rejas.

Y aunque ya se les ha quitado las ganas de cantar, hay cosas que ayudan, y mucho. La primera que Prenda y Boza siguen compartiendo celda a pesar de todos los meses transcurridos desde su detención. Escudero, en cambio, comparte celda con un preso común. Si hace ocho meses se tenía que conformar con ver a su novia todos los fines de semana por los cristales, ahora «todos los meses Escudero disfruta de un vis a vis íntimo con su pareja». Se han inscrito como pareja de hecho una vez que Escudero ingresó en prisión para poder disfrutar de los vis a vis íntimos, según ha podido saber este periódico.

Además, tanto Escudero, como Prenda y Boza «tienen vis a vis todos los meses con la familia». Y todas las semanas «tienen locutorios, unas veces con amigos y otras con familiares».

Los tres internos «están totalmente integrados en la prisión. No sólo no han dado ningún problema, sino que tienen un trato muy agradable tanto con otros reclusos, así como con el personal de la prisión», apuntan las fuentes consultadas. Además, los tres se ven, como parte de la «manada» –el nombre de uno de los chats en el que Prenda dijo «follándonos a una los cinco», «todo lo que cuente es poco», «hay vídeo» o «puta pasada de viaje»– en el patio y ya han podido disfrutar de algún que otro partido de fútbol del Sevilla, ya que tienen televisión en su cuarto.

Los tres, a su vez, «están en el taller de la revista ‘‘Galería’’ que elaboran los internos de la prisión». Es decir, de nuevo, los tres codo con codo, «escribiendo algún que otro artículo».

En el caso de los otros dos acusados, dada su profesión, han terminado en prisiones militares. En cuanto a Antonio Manuel Guerrero Escudero, el guardia civil que tras ingresar en Pamplona fue trasladado a los tres días al Centro Penitenciario de Logroño, sólo se sabe que meses atrás fue llevado a otra prisión. Pero cuando estaba en Logroño, también iba a visitarle con cierta regularidad su novia y su familia. En la actualidad se encuentra en el establecimiento militar de Sevilla o al menos así consta.

Lo último que se conoce del quinto de los acusados, el militar Alfonso Jesús Cabezuelo, es que seguía en la prisión militar de Alcalá-Meco y que continúa siendo militar del Ejército de Tierra hasta que no se celebre el juicio. Si le condenan será cesado del Cuerpo, si no no, ya que no pueden hacerlo. De donde fue inmediatamente cesado fue de la Unidad Militar de Emergencias, de donde salió oficialmente el pasado 30 de agosto, tal y como publicó este periódico, al ser plazas de libre designación.

La gravedad de los delitos que se les imputan quedó ayer de manifiesto en el escrito de acusación de la Fiscalía. En concreto, pide que cada uno sea condenado a 18 años de prisión por el delito continuado de agresión sexual, otros dos años y 10 meses de prisión por un delito contra la intimidad y otros dos años de prisión por el delito de robo con intimidación (le robaron el móvil con la intención de que no pudiera alertar a las autoridades ni pedir auxilio).

daños morales

Además, la Fiscalía solicita que no puedan acercarse a la víctima a menos de 500 metros y pide la prohibición de que comuniquen por medio de cualquier vía con ella durante 20 años, así como 10 años de libertad vigilada para cada uno de ellos una vez que salgan de prisión. En cuanto a las indemnizaciones, el Ministerio Público reclama para los supuestos agresores sexuales, como presuntos responsables civiles directos, que indemnicen a la víctima con 100.000 euros por el daño moral ocasionado, así como con 1.531,37 euros al Servicio Navarro de Salud por el coste que se derivó de curar a la joven, prestarle asistencia y administrarle tratamiento farmacológico. Y el pago de una multa de 20 meses y un día, con una cuota diaria de nueve euros y arresto sustitutorio en caso de impacto por el delito contra la intimidad.

En su escrito, el Ministerio Público relata con todo lujo de detalles cómo fueron los minutos del infierno que sufrió la joven madrileña de sólo 18 años. Y, como minutos previos los acusados fueron al Hotel Europa y preguntaron al portero «si tenían una habitación por horas o para toda la noche, que la querían para follar, manteniéndose –la víctima– alejada del grupo». Una afirmación por la que restaría peso a que la joven hubiera podido oír lo que decían.

En cuanto a los 19 minutos en los que la joven fue agredida salvajemente, la Fiscalía precisa que a las 03:08 horas del pasado 7 de julio, Prenda, al percatarse de que «una mujer está llamando al telefonillo del portal», accede al inmueble y tras hablar con ella, simula que está alojado en uno de los domicilios. Coge uno de los ascensores, sube al segundo piso y después, baja de nuevo al portal abriendo la puerta al resto de la manada. Es entonces cuando «dos de ellos agarraron a –la joven– por los brazos y la metieron en el portal, tapándole la boca y diciéndole que se callara y no gritara. La llevaron, tras subir hasta el segundo rellano, a un pasillo sin salida que da acceso a los cuartos de servicio de agua y electricidad». Es allí, donde «le obligaron a realidad diferentes actos sexuales con cada uno de ellos». En su escrito, el fiscal –que especifica el tipo de ropa interior que llevaba la víctima, no así la de ellos– da todo lujo de detalles de las brutales agresiones. Cada cual peor. Finalmente, a las 3:27 dejan a la joven. Que tiempo después es socorrida por una pareja de ciudadanos al encontrarla en la calle llorando y en posición fetal.

Los cinco tendrán que responder ante el juez por este caso. Además, aún queda pendiente otra agresión a una joven de 21 años en Pozoblanco (Córdoba), a la que presuntamente drogaron y violaron cuatro de ellos.

¿En qué se quedaría la pena?

El Ministerio Fiscal ha solicitado 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de ellos. Una solicitud de pena, que, a priori, aunque puede parecer elevada, se debe a que también hubo un delito de intimidación y otro de robo. Pero ¿en cuánto se podría quedar realmente? «En su día, se estimaba que se iban a solicitar 15 años para cada acusado. Los agravantes como que haya un vídeo de la presunta violación grupal hacen que la Fiscalía solicite más años al considerarlos agravantes, así como que sea entre varios. Lo habitual en caso de violaciones es que se pidan entre 10 y 17 años. En este caso, si son condenados, 12 años de pena estaría bien penalmente hablando. No creo que les pueda caer más años», explica a este periódico el abogado penalista Luis Romero, socio director del bufete Luis Romero Asociados. De hecho, según el artículo 179, las agresiones sexuales están penadas con seis a 12 años de prisión. Y de 12 a 15 cuando: la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio; cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas o cuando la víctima sea vulnerable.