El Gobierno aprueba 71.460.000 euros más para atender catástrofes naturales

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la ampliación de la Ley que aprueba medidas urgentes para atender los daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales, con una dotación adicional de 71.460.000 euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la ampliación de la Ley que aprueba medidas urgentes para atender los daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales, con una dotación adicional de 71.460.000 euros.

El anuncio lo ha hecho en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha puntualizado la intención de incluir en el texto legal otros fenómenos catastróficos, como los ocurridos entre el 8 de septiembre y el 27 de diciembre de 2012.

Se extienden así las ayudas previstas en la Ley 14/2012 de 26 de diciembre a las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Valenciana, Cataluña, Canarias e Islas Baleares entre finales de octubre y diciembre de 2012, hasta ahora no cubiertas.

Se dispone, en total, un crédito extraordinario de 73.610.000 euros, de los que 71.460.000 euros proceden del presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para atender las subvenciones por daños en infraestructuras municipales, y otros 2.150.000 euros del presupuesto del Ministerio de Defensa para los gastos derivados de la extinción de incendios.

La cantidad reseñada se financiará con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a su vez, adoptará medidas para conceder las ayudas que procedan a los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que tengan pólizas en vigor, cuando los riesgos sufridos no estén amparados por el plan de seguros agrarios combinados y si las pérdidas superan el 30 por ciento.

También se prevé la reparación de los daños de carácter medioambiental, con especial incidencia en el ámbito forestal con un coste aproximado de 9,3 millones de euros.

La nueva disposición incluye líneas preferenciales de crédito, medidas laborales y de seguridad social que consideran de "fuerza mayor"los expedientes de regulación de empleo que tengan causa directa en los daños producidos por catástrofes y beneficios fiscales.