El Gobierno estudia ampliar la fecha de caducidad de los alimentos

Quién no ha discutido alguna vez en casa sobre la conveniencia de tirar o no algún alimento cuya fecha de caducidad ha expirado ya. «Eso está perfectamente, no pasa nada porque haya caducado», podría ser una de las frases más populares en muchos hogares españoles, y que sirve también para abrir el debate: ¿son realistas las fechas de caducidad de los alimentos? Aunque no existe una respuesta fácil para esta pregunta, lo cierto es que los expertos, e incluso el propio Gobierno, reconocen que en ocasiones son demasiado restrictivas, lo que provoca que millones de toneladas de productos en perfecto estado acaben en la basura cada año. Para evitarlo, el Ministerio de Agricultura «estudiará si ese límite de tiempo que la industria impone a sus alimentos es correcto», así como «actualizar» las fechas de caducidad. Según confirmó a LA RAZÓN un portavoz del Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete, «las tecnologías de envasado han evolucionado, con lo que muchos productos pueden tener más vida útil de la que tienen reconocida oficialmente».

El asunto no es baladí, pues entre ocho y nueve millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año en España. O lo que es lo mismo, más de 190 kilos por persona. De ellos, la mayor parte –el 42 por ciento– se tira en los hogares; el 39 por ciento, en las industrias –la legislación sanitaria muchas veces no permite su comercialización–; el 14 por ciento, en la restauración, y sólo el 5 por ciento, en los supermercados. Aunque se trata de un tema compartido entre el Ministerio de Arias Cañete y el de Ana Mato, que posee las competencias en materia de consumo y seguridad alimentaria, desde Agricultura aseguran que la reforma «cuenta con el consenso de todos los sectores y de Sanidad». De hecho, se trata de una realidad que ya se ve en la nevera de muchos ciudadanos, en parte por culpa de la crisis. Según el Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario, publicado ayer, cuatro de cada diez personas ya consumen productos caducados, mismo porcentaje que los que han disminuido la cantidad de alimentos que tiran a la basura. Yogures (79%), pastas y arroces (16%), leche y batidos (12%), galletas y dulces (12%) y conservas (11%) son los alimentos más consumidos una vez pasados de fecha.

Lo que sí está descartado del todo es imitar el modelo griego, presentado el pasado mes de octubre, y que prevé empezar a vender alimentos caducados a un precio más barato del habitual. Aunque el verdadero objetivo de esta iniciativa es el de acabar con la escalada sin fin de los precios que sufre uno de los países más castigados por la crisis, la normativa, de la que está excluida la carne y los lácteos, permitirá que algunos alimentos permanezcan en los estantes de los supermercados hasta un trimestre más. Sin embargo, en Europa sí se discute ya la posibilidad de comercializar alimentos una vez pasada su fecha de consumo preferente –no suponen un riesgo para la salud, pero pueden ver modificadas sus propiedades, frente a los caducados, que sí pueden llegar a ser peligrosos–. El problema es determinar en qué condiciones y quién asumiría la responsabilidad por posible vulneración de los derechos del consumidor.

Lechugas a mitad de precio

En nuestro país, las cosas no han llegado tan lejos por el momento, aunque hace ya tiempo que algunos supermercados y tiendas de alimentación han optado por una vía intermedia: rebajar los precios de aquellos productos que están a punto de caducar. Rubén tiene en la mano una lechuga en el Carrefour de Fuenlabrada (Madrid). Tan sólo falta un día para que caduque, pero su precio es la mitad del habitual. La estampa se repite ya en muchas otras cadenas como Eroski, Día, Alcampo o Lidl, que ofrecen suculentos descuentos a sus clientes para tentarles para que se lleven esos productos que dentro de poco ya no podrán vender. Mayte pasa por delante de una panadería en el centro de Tarrasa (Barcelona) donde la clientela se agolpa como si de repente todos hubiesen caído en que olvidaron comprar el pan. Falta media hora para el cierre y todo está al 50 por ciento. Bollos y baguettes desaparecen rápidamente. El beneficio es doble: los comercios se quitan de encima una mercancía que de otra forma acabaría en la basura, y los consumidores alivian en cierta medida el coste de su lista de la compra. De hecho, más de la mitad de los encuestados por Agricultura admite que compraría estos productos, más baratos pero con menos fecha.

Asimismo, la plataforma «Change.org» ha presentado más de 100.000 firmas para que las grandes cadenas de supermercados donen productos a punto de caducar, una actividad que, según Agricultura, sólo hace un 20 por ciento de los establecimientos. Lo que es evidente es que la necesidad existe, pues son miles los ciudadanos que acuden cada noche a la puerta de los supermercados españoles en busca de algo que llevarse a la boca. No obstante, los bancos de alimentos no están por la labor de aceptar alimentos fuera de fecha. «Somos conscientes de que algunos podrían consumirse, pero no queremos hacerlo por la dignidad de las personas más necesitadas», señala Javier Espinosa, presidente del Banco de Alimentos de Madrid. A lo que sí se muestra favorable es a que, ya que hay consenso respecto a que las fechas de caducidad son en ocasiones demasiado estrictas, «se legisle y se pongan fechas más próximas a la caducidad real».

Desde Facua creen que el caso griego es una aberración que crea consumidores de primera y segunda clase. «Lo que hay que hacer es revisar científicamente las fechas de caducidad para adelantarlas o retrasarlas», dice el portavoz de la organización de consumidores, Rubén Pérez. Para Carlos Arnáiz, técnico del Instituto de Consumo, el problema del desperdicio tiene mucho que ver con lograr una gestión más eficiente en la cadena de distribución de los alimentos. En este sentido, la Asociación Multisectorial de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) ha sido la principal promotora en la lucha contra los desperdicios. Su proyecto, avalado por Agricultura y al que se han sumado más de 100 grandes empresas y numerosas pymes, busca «mejorar los procesos de distribución y la redistribución de los excedentes». Sus grupos de trabajo se centran en mejorar los embalajes, mejorar las promociones y adecuar los formatos a los nuevos modelos de vida. «Las familias ya no son tan grandes», insisten desde Aecoc.

También quieren incrementar las donaciones, pero en este punto la Legislación se interpone: «El sector de la hostelería, por ejemplo, tiene difícil dar alimentos porque sus productos no están envasados», explican. Por ello, desde la industria consideran que debe modificarse la norma de Seguridad Alimentaria para elevar el número de donaciones. En EE UU ya se han amoldado a esta nueva realidad creando la ley del buen samaritano, que protege a los donantes, ya que considera que si se da un producto con buena voluntad, el consumidor no puede exigir responsabilidades si sufriera algún problema al final de la cadena. Respecto a la revisión de plazos, Arnáiz afirma que «las mejoras en las técnicas de preparación, manipulación y envasado podrían permitir alargar la vida de los productos, aunque esta tendencia deben decidirla los fabricantes», sobre todo en los alimentos con fecha de consumo preferente. En los alimentos con fecha de caducidad como huevos, carnes o pescados, el tema es más complicado. «El riesgo es muy grande y hay que garantizar que lleguen al consumidor en perfectas condiciones», concluye.