El Govern ignoró un informe de 2015 que preveía la catástrofe en Sant Llorenç

El texto avisaba de desbordamientos en Sant Llorenç ya que el torrente de Ses Planes es uno de los once puntos más peligrosos del archipiélago balear y estaba considerado de «prioridad máxima».

Un estudio ambiental estratégico de julio de 2015 con sello del Ejecutivo regional e incluido dentro del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) advertía de que Sant Llorenç se encuentra en una zona de riesgo «alto o muy alto» de sufrir inundaciones. Así, el Govern de las Islas Baleares instó a los consistorios de esas zonas a elaborar su propio Plan de Actuación. LA RAZÓN ha tratado sin éxito de contactar con fuentes municipales para verificar la existencia de este protocolo. Una memoria de Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación en la Demarcación Hidrográfica de Baleares de la Consejería de Medio Ambiente verificó el peligro de desbordamiento en enero de 2016. Por si fuera poco, el Ayuntamiento y el Govern contaban desde hace 16 años con una cartografía del terreno en el que han perdido la vida doce personas que alertaba de que lo que pasó la noche del martes podía ocurrir. Alfredo Barón, geólogo y jefe de servicio de Recursos Hídricos del Govern durante décadas, asegura que en 2002 se elaboró un informe sobre el estado de la zona que confirmó que parte del pueblo estaba en límites inundables. El torrente de Ses Planes es uno de los once puntos más peligrosos del archipiélago balear y por ello sus actuaciones eran de «prioridad máxima».

El miembro de la Asociación de Geólogos de las Islas Baleares y colaborador honorífico de la UIB recuerda que hay que tener en cuenta que las zonas «se inundan, y si nos dedicamos a ocuparlas con viviendas y construcciones los desastres ocurren. Y son cada vez mayores», indica Barón, que recuerda que después de encauzar un torrente «se crea una sensación de falsa seguridad, de tal modo que cuando llueve más fuerte se pierde la capacidad de reacción». En este caso, esa «sensación de falsa de seguridad» deja, al cierre de esta edición, doce víctimas mortales y un niño desaparecido. Y la tragedia podría haber sido aún mayor. Según datos recogidos en ese PGRI, en 2015, de los 7.857 habitantes censados en Sant Llorenç des Cadassar, 51 vivían en zonas con alta probabilidad de inundación, 99 en áreas de riesgo medio, y 117 en lugares con probabilidad baja.

Barón recuerda que estas tragedias son «imprevisibles», pero que se repiten cada cinco o seis años. «Luego se nos olvida, por eso cada vez vamos ocupando más estos lugares. Le estamos quitando espacio a la zona de inundación del río, y eso al final lo pagamos», subraya. De hecho, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación contempla que las medidas en él recogidas están encaminadas a «mejorar el estado de las masas de agua» con medidas «no estructurales, sostenibles y eficientes», pero sin perder de vista que se trata de «fenómenos naturales que no pueden evitarse. Es decir, tenemos que aprender a vivir con ellos y las medidas para reducir el riesgo deben ir encaminadas a la disminución de la vulnerabilidad de los bienes expuestos».

Pero, ¿podría haberse evitado? Según los expertos, sí. «La solución pasaba por fijar un sistema de retención de agua que disminuya su velocidad y que el terreno filtre las lluvias. Los drenajes agrícolas se han abandonado porque es más cómodo no mantenerlos. Además, la agricultura tradicional se ha ido sustituyendo por la industrial, en la que priman otros factores», indica.

«Este problema no se soluciona en una legislatura. Es necesario confeccionar un plan de ordenación urbana a 20 años vista. Con cambio climático o sin él, seguimos urbanizando zonas inundables y no gestionamos las urbanizadas», puntualiza el ex jefe de Servicios Hídricos.

22,7 millones para carreteras

El daño económico es aún incalculable. Lo que sí se sabe ya es que el Consell de Mallorca destinará 22,7 millones de euros para rehabilitar las carreteras más afectadas por las riadas. De ellos, 2,7 millones se invertirán de manera inmediata para realizar obras en las cuatro carreteras que aún permanecen cortadas a causa del desbordamiento de los torrentes. Los 20 millones restantes se repartirán entre 17 vías afectadas. Al mismo tiempo, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales de España denunció ayer que 30 efectivos se quedaron «esperando a salir» por la falta de coordinación. «No se utilizaron sus servicios, que podrían haber funcionado de forma inmediata», dijo su portavoz, Miguel Uclés.

Aunque aún no han quitado el barro del suelo, los vecinos se preguntan si la zona será segura en el futuro. «Es muy difícil que un pueblo construido pueda cambiarse. Tirar unas casas y cambiar de sitio no es fácil. Se pueden minimizar los daños con más sistemas de drenaje, mejorando la planificación, revisando el Plan General de Ordenación Urbana y haciendo un programa de trabajo para instalar estos sistemas naturales de retención de agua», concluye.