El número de dependientes en lista de espera se situó en 190.000 durante 2013

El Sistema de Dependencia, cuya gestión depende del Imserso, organismo encuadrado en la estructura del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cerró 2013 con una reducción, por segundo año consecutivo, del número de personas a la espera de una prestación. Si 2011 acabó con 305.000 personas en la lista, 2013 culminó con un descenso del 37,7%, por lo que el número de dependientes que aguarda una prestación se sitúa en 190.503, la cifra más baja desde que empezó a funcionar el Sistema. Del total, un 22%, corresponde a los grandes dependientes, a aquellos a los que el Sistema da ahora prioridad para recibir atención y asistencia.

El director general del Imserso, César Antón, a la vista de los datos del año pasado, manifiestó que "más de 190.000 personas en la lista de espera siguen siendo muchas, por lo que entre todas las administraciones hay que seguir trabajando para que la atención que reciban sea lo más ágil y eficiente posibles". Una vez simplificado y ordenado el modelo, de forma que la regulación del mismo sea homogénea, el director general ha destacado el esfuerzo del Ministerio de Ana Mato y de las CCAA, las competentes en materia de gestión, por sostener un Sistema que hace sólo dos años se encontraba al borde del colapso.

Las medidas introducidas por el Departamento de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para revertir las tendencias negativas que arrastraba el sistema de Dependencia empiezan poco a poco a arrojar algunos resultados sobre los que continuar el trabajo, y todo ello desde la conservación de los derechos subjetivos reconocidos en la Ley de Dependencia de 2006, sin que se haya tocado el catálogo de servicios (incluso se ha mejorado al extender la prestación para asistente personal a todos los grados de dependencia, lo que antes no sucedía) y bajo la premisa de la transparencia.

Ésta precisamente ha sido una de las aportaciones más destacadas, pues desde el 1 de enero de este mismo año las comunidades autónomas tendrán que emitir un certificado mensual con las variaciones registradas, así como una certificación de la aportación anual presupuestaria de la Comunidad Autónoma a la financiación de la atención a la Dependencia. El objetivo no es otro que evitar algunas de las irregularidades que había detectado el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Sistema entre los años 2007 y 2011 y que, una vez subsanadas por la gestión conjunta del Imserso y de las propias Comunidades Autónomas, ha propiciado que vuelvan a los Presupuestos Generales del Estado 39 millones de euros. En definitiva, que la inversión en el Sistema de Dependencia llegue verdaderamente a las personas que lo necesitan.