El trasvase Tajo-Segura, blindado

España es un país seco. Bueno para el turismo de sol y playa, pero no tanto para el sector agrícola, cuyo bien más preciado es el agua. El problema de la falta de lluvias no afecta igual a Asturias que a Murcia, de ahí la importancia de una buena planificación hidrológica y, sobre todo, de la solidaridad entre comunidades. Esta mano tendida ha sido prácticamente inexistente en los últimos años. Hemos estado sumidos en lo que los propios medios hemos denominado «guerra del agua». Una serie de batallas que se centralizan en dos de los principales ríos de nuestro país: el Ebro, el más caudaloso; y el Tajo, el más largo. El trasvase de éste último al río Segura ha sido uno de los principales escollos para elaborar un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que no puede redactarse sin realizar previamente los planes de cada una de las trece cuencas que componen España. Europa nos lo reclama desde 2009, fecha límite para su aprobación y, a día de hoy, sigue sin completarse.

La luz en el horizonte la ha puesto el consenso que han alcanzado las comunidades de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Todas ellas se han comprometido a firmar un «Memorándum de entendimiento» por el que se blinda el trasvase Tajo-Segura. El principal escollo a la hora de crear el plan de cuenca del río que desemboca en el Atlántico. Sin este preacuerdo, el borrador del Plan del Tajo que ya tiene colgado su Confederación Hidrográfica no sería posible. Ha costado muchos años, pero al final la presión de varios grupos implicados y el interés del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha cosechado sus éxitos, aunque el camino es aún muy largo.

El anuncio del «Memorándum» lo realizó ayer el vicepresidente y consejero de Agricultura del Gobierno valenciano, José Císcar. También están valorando la posible derogación de la conocida como «cláusula Narbona», recogida en la Ley 11/2005. Esta disposición adicional contempla que, a medida que las diferentes plantas desalinizadoras se pongan en marcha, se podría reducir el número de hectómetros cúbicos que el Tajo cedería al Segura. La posibilidad de que desaparezca la cláusula que protege a las desaladoras no significa que el Gobierno estatal pretenda terminar con éstas, aseguran fuentes próximas a la redacción del «Memorándum», «pero sí se buscarán fórmulas para sacarles partido sin perjudicar a regantes y agricultores». Un trabajo difícil, ya que Europa no deja de mirar a la Península para comprobar cómo se gestionan las subvenciones que nos han dado, y nos siguen dando y que algunas fuentes afirman que podrían quitarnos.

La firma de este documento de consenso será un primer paso hacia el cambio de legislación, ya que para que esta declaración de intenciones pase a ser efectiva deberá aprobarse una nueva ley. «Queda mucho por recorrer», pero los acuerdos tomados evidencian un cambio en la política hídrica. De hecho, el citado documento reconocerá el trasvase Tajo- Segura como «objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, cuya permanencia debe quedar garantizada», declaración que «ningún Gobierno había realizado de manera tan clara como éste».

La Generalitat Valenciana asegura que el acuerdo completa el borrador de Plan de Hidrológico del Tajo con aspectos que no pueden quedar recogidos en el mismo, pero que afectan directamente al trasvase. La redacción definitiva estará acabada en tres meses y corresponderá a un grupo de trabajo en el que esperan la próxima incorporación de Castilla-La Mancha, la comunidad que más ha costado convencer y la última en sumarse al acuerdo. El grupo de trabajo estará coordinado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y lo integrarán representantes del departamento y de las comunidades autónomas firmantes. «Este foro de debate y análisis abordará la gestión del agua, integrando a todas las partes, y sus propuestas serán tenidas en cuenta», explican fuentes del Ministerio.

Por su parte, Císcar ha explicado que en la comisión de trabajo se abordarán asuntos tratados una y mil veces entre administraciones y regantes, pero que al final no han quedado plasmados en ningún documento. Se analizará la posibilidad de crear bancos de agua para que administración competente pueda autorizar la cesión de derechos de agua, dependiendo de la situación de sequía que pueda atravesar alguna de las comunidades que suscriben el acuerdo. José Ballesta, portavoz del Ejecutivo murciano, también insistió ayer en el apoyo del Gobierno murciano a este acuerdo, días después de que el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se reuniera con la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Asimismo, añadió que el Gobierno murciano está trabajando con regantes y agricultores en un «documento de exigencias» que garantice el suministro de la comunidad. Este documento se incluirá dentro de las enmiendas que, en los próximos seis meses, se pueden realizar al proyecto de Plan de Cuenca del Tajo.

La comisión de trabajo también debatirá la ampliación del plazo del uso del agua del trasvase a un año –actualmente es de tres meses–, el aumento del control del uso realizado en los embalses de cabecera y la precisión de las funciones del Tajo-Segura. El vicepresidente de la Consejería de Agricultura de Valencia incidió en que la firma del «Memorándum», así como el borrador del plan de cuenca, es el inicio de una nueva etapa basada en el consenso. Del mismo modo, se mostró satisfecho de la reserva de 400 ht3, ya que se traducirá en diez hectómetros cúbicos menos al año para los regantes. «La cifra del anterior borrador, de 600 ht3, suponía la sentencia de muerte del trasvase», sostiene Císcar.

Los agricultores valencianos no ven con tan buenos ojos el acuerdo alcanzado. La organización Unió de Llauradors aseguró que el plan pone en serio peligro el trasvase hacia la cuenca del Segura y pidió a los políticos valencianos que se «rebelen» contra él. Además, solicitó la constitución de una comisión estatal del agua basada en «criterios técnicos» que vele por los intereses de todas las cuencas.

Un contenedor flotante para llevar agua dulce a islas y zonas costeras

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), ubicado en Valencia, ha presentado un innovador contenedor flotante que transporta mediante un remolcador agua dulce por el mar, lo que permite abastecer a poblaciones costeras o islas con dificultades de suministro. Se trata de un contenedor flexible, fabricado con un tejido de poliéster con recubrimiento de PVC, que cuenta con un novedoso sistema de cremalleras que facilitan el montaje y lo dotan de flexibilidad frente a posibles roturas. Se trata de una alternativa «más económica y más sostenible con el medio ambiente que los sistemas empleados hasta ahora, como los buques cisterna o las plantas desaladoras», explica Aimplas en un comunicado. Este sistema de transporte representa un ahorro por metro cúbico de entre el 50 y el 75 por ciento. Para la realización del proyecto, que ha durado 24 meses, se ha fabricado un prototipo de contenedor flexible de 20 metros de longitud y cuatro metros de diámetro que puede transportar 200 metros cúbicos de agua. El viaje inaugural (en la imagen de la izquierda) tuvo lugar el pasado mes de noviembre en la isla de Creta (Grecia) en un trayecto de 16 millas náuticas. El objetivo ahora es desarrollar un contenedor de agua diez veces mayor que el actual.