El Tribunal de Cuentas destapa irregularidades en la gestión de Bibiana Aído

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, presentará este martes ante el Parlamento su informe de fiscalización aprobado en 2011 y en el que se detectaron múltiples "deficiencias"en los contratos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en los años de 2008 y 2009, con Miguel Lorente al frente y con Bibiana Aído como ministra de Igualdad, informa Ep.

Se trata de un informe que la entidad fiscalizadora aprobó a principios de 2011, pero desde entonces estaba pendiente su debate y valoración por parte de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En su informe, el Tribunal de Cuentas detectó que en 2008 los órganos de contratación de la Delegación de Violencia de Género "no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación"pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario, "lo que podría haber afectado al cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir todo el procedimiento de contratación pública".

En concreto, señala dos expedientes por un importe total de 5,5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia que, según el Tribunal, "no estaba debidamente justificada". A su juicio, ello pudo comportar una "falta de transparencia"por parte del órgano de contratación, que debería haber utilizado otro procedimiento. La "utilización reiterada"de la tramitación de urgencia continuó en 2009 y volvieron a repetirse casos en los que no estaba justificada, según se reconoce en el informe aprobado el 27 de enero y que acaba de remitirse al Parlamento. También cita tres expedientes tramitados en 2008 mediante procedimiento negociado sin publicidad para premios a guiones cinematográficos, en los que la cuantía prevista para premios superaba el máximo permitido para su financiación, así como otros tres contratos administrativos "con objeto distinto pero todos íntimamente relacionados", que podrían indicar "fraccionamiento en el objeto del contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad". Tampoco ve justificada la declaración de emergencia de otros tres expedientes que debieron pasar por Consejo de Ministros y que recayeron en la misma empresa adjudicataria, por lo que entiende que hubo una "adjudicación directa"que vulnera "los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".

Igualmente, ha observado una "excesiva acumulación de contratos menores (el 90,12% del total de contratos adjudicados), con carácter especial en el último trimestre del ejercicio 2008, así como una reiterada adjudicación por su importe máximo permitido (12.020,14 o 20.880 euros), "lo que puede ser indicativo de un incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, así como un posible fraccionamiento en el objeto de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y eludir así el procedimiento o la forma de adjudicación que hubiera procedido". Al año siguiente, en 2009, hubo un "importante descenso (del 45%) en el número de contratos", especialmente los de menor cuantía, debido a una planificación más adecuada, pero la entidad fiscalizadora sigue recomendando "restringir la utilización del procedimiento de contratación menor, así como su reiterada adjudicación por el importe máximo permitido en la Ley". En cuanto al sistema de seguimiento en los casos de la violencia de género, el Tribunal de Cuentas ha observado que no se determinó el número exacto de dispositivos a suministrar, provocando una indefinición en el objeto del contrato que también incumple lo previsto en la Ley de Contratos. Las incidencias afectan también a los convenios de colaboración y las subvenciones. No hubo plan de actuación en 2008 y el de 2009 no se aprobó hasta diciembre de ese año, precisamente a requerimiento del Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, el Tribunal cuestiona el papel del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer durante 2008 y 2009, un órgano de asesoramiento y colaboración institucional que elabora informes y propuestas de actuación, porque considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones establecidas en su reglamento, lo que,

a su juicio, podría afectar a su función como órgano de asesoramiento y evaluación. Igualmente, ha verificado que no tiene constancia de que colabore con el resto de observatorios estatales sobre salud, convivencia, o trato a las mujeres, constituidos en otros departamentos ministeriales, o incluso con otros observatorios autonómicos de violencia de género; una coordinación que considera "necesaria". En otro orden de cosas, y aunque no figura en los aspectos centrales del informe, el Tribunal de Cuentas destaca que la delegación que dirigía Miguel Lorente no acreditó entonces haber remitido al Gobierno los informes anuales que marca la Ley Igualdad sobre la distribución por sexos de los puestos de trabajo en cada departamento. Aún así, tomando como referencia las Relaciones de Puestos de Trabajo de enero de 2008 y noviembre de 2009, certifica que la presencia de mujeres es abrumadoramente mayor a la de los hombres en este organismo. Aído, por su parte, defendió que las "deficiencias administrativas"detectadas en la gestión del Ministerio de Igualdad, mientras ella era ministra, fueron "puntuales"y ya estaban "corregidas", al mismo tiempo que las anomalías recogidas en el informe no eran "ni numerosas, ni generalizadas". "Se trata de incidencias puntuales, detectadas y corregidas en su momento con la diligencia e interés con las que atiende este Gobierno a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", reiteró la extitular del Ministerio de Igualdad. Mientras, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género aseguró en un comunicado que no se había cometido "ninguna ilegalidad ni irregularidad"y que "todos"los procedimientos estuvieron regulados en la Ley de Contratos del Sector Público.