Esta comunidad autónoma está aplicando una nueva medida contra los okupas: podría ser un ejemplo para toda España

Las okupaciones en España se han convertido en un foco de creciente preocupación tanto ciudadana como política. En los últimos años, el fenómeno ha registrado un aumento significativo, especialmente en grandes urbes como Madrid y Barcelona, aunque existen nichos específicos donde se acumulan gran cantidad de infractores.

Según los últimos registros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en 2024 se han llegado a notificar cerca de 16.426 hechos de esta índole. En este sentido, las asociaciones de afectados y lo vecinos involucrados en medio de esta problemática reclaman una respuesta más ágil por parte de la justicia y critican la lentitud de los desalojos, que en muchos casos pueden tardar varios meses, incluso años.

Por su parte, el Gobierno y las autoridades autonómicas mantienen posturas divididas sobre cómo abordar el problema. Mientras algunos defienden endurecer las leyes para facilitar desalojos exprés, otros abogan por distinguir entre delincuentes y personas en situación de exclusión social que acceden a viviendas vacías por necesidad. Factores socioeconómicos como al inmigración masiva de ciertas partes del mundo propician el auge de este tema, además de otras casuísticas que repercuten directamente. Hoy en día, la okupación ilegal se ha convertido en un síntoma más de la crisis estructural de acceso a la vivienda que hay actualmente en España.

De esta manera, aunque la última palabra la tiene el Gobierno Central, las autonomías operan de forma individual para tratar de solventar las situaciones que lo requieran. Aunque por otro lado, hay algunos casos recientes que nos indican que una mayor unión entre los residentes del territorio afectado y la autoridades pertinentes fortalecen la prevención de ocupaciones. Tal es el caso de la localidad de Burriana, ubicada en la Comunidad Valenciana, que junto a los vecinos, la Policía Local logró prevenir de tres intentos de invasión de domicilios en la última semana.

La medida de Cantabria que se podría extender al resto de España

El Gobierno cántabro aprobó recientemente, como solución al problema de la okupación, la puesta en marcha de un teléfono público exclusivo para estos casos. El desconocimiento a la hora de actuar es otro de los elementos que imposibilitan la actuación previa a la infracción, por lo que, esta línea de asesoramiento contará con profesionales cualificados dispuestos a resolver toda clase de preguntas en relación a lo mencionado. Aunque no solo estará habilitado para aquellos que noten indicios de actividades fraudulentas, sino que también podrá ser utilizado como asesor personal en caso de que la invasión ya se haya efectuado.

Hay que tener en cuenta que estos incidentes están sujetos a leyes muy cambiantes y, en muchas ocasiones, el ciudadano no es consciente de esas variaciones y un paso en falso puede suponer una montaña de inconvenientes. Por tanto, hay que ser precavidos con este tema tan delicado y tratarlo con la mayor de las solvencias siempre y cuando sea necesario. El asesoramiento siempre es la mejor opción, sobre todo en términos legales, y, a veces, la mejor forma de recuperar nuestra vivienda es la calma. El Gobierno ha llevado esta iniciativa a la realidad debido a su "compromiso con la protección del derecho a la propiedad, la convivencia vecinal y la seguridad jurídica".

Regulación de viviendas de uso turístico y ayudas

Asimismo, en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado jueves, la propuesta del teléfono público ha sido acompañada con la aprobación del decreto que regula las viviendas de uso turístico. Por otro lado, también se han autorizado inversiones y ayudas por valor de 15,1 millones de euros, para todos aquellos que las necesiten y cumplan los requisitos. A pesar de la incesante tendencia creciente del valor de la vivienda, las autonomías están tratando de seguir un orden común que ayude al contribuyente con esta clase de concesiones.