Los familiares de los fallecidos de la talidomida, sin ayudas

Tras más de cinco años de espera, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que regula las ayudas para 130 víctimas de la talidomida que fueron reconocidas como tales por el Instituto de Salud Carlos III.

Las indemnizaciones podrán solicitarse desde la publicación en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. Con esta medida, según señalaron fuentes del departamento de Ione Belarra a Ep, se «logra dar una respuesta a los afectados tras décadas de reivindicaciones» y «hacer justicia» con los afectados en España, «uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo».

Ahora bien, la realidad es que, pese a lo urgente del asunto, el Gobierno ha tardado más de cinco años en aprobar el Real Decreto. Una norma que estaba pendiente de desarrollo desde el 3 de julio de 2018, momento en el que se regularon las ayudas por esta causa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las víctimas de este fármaco entre 1950 y 1985. Y eso que «en palabras del Ejecutivo, ya en 2018 era necesario cumplir la ley con urgencia máxima», inciden desde la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite).

A la falta de diligencia por parte del Ejecutivo hay que sumar la injusticia de la misma porque durante este tiempo los afectados han seguido muriéndose sin percibir ayuda alguna. Y sus familiares seguirán sin hacerlo. «Las indemnizaciones no podrán ser cobradas por los familiares de las 130 víctimas de la talidomida que hayan fallecido. Es el caso de Juan, viudo de Marisol Rosado, que falleció hace tan sólo un mes y medio», denunció ayer a este periódico José Riquelme, presidente de Avite.

«El Real Derecho exige que el beneficiario esté vivo. Si se hubiera cumplido la norma con diligencia no se habría muerto ninguno de los 130. Es totalmente injusto», incidió Ignacio Martínez, abogado de Avite. Opinión que comparte Riquelme, que recordó que «el Gobierno ha tenido cinco años el borrador del Real Decreto en un cajón».

Exención fiscal

Y no sólo. «Lo más importante para nosotros es que haya un perdón público por parte del Estado, un acto institucional en el que se reconozca a las víctimas de la talidomida, unas 3.000 si incluyes a todos los fallecidos a lo largo de los años, y sigue sin hacerse» después de más de 60 años pidiendo justicia, denunció Riquelme. Además, estas ayudas no tienen exención fiscal, «un derecho que sí tienen las de los enfermos con VIH, las víctimas de la colza o del terrorismo», añade.

De nuevo una injusticia para las víctimas de la talidomida, un fármaco que se recetó para calmar las náuseas de las embarazadas, y que provocó decenas de miles de abortos y malformaciones en los 50 países en los que se comercializó.

En España, curiosamente, la reparación a las víctimas ha sido una de las más escasas y tardías. Así, las ayudas a estas 130 personas se suman únicamente a las 24 víctimas a las que previamente el Gobierno español ha indemnizado. Y pese a lo irrisorio del número, ya son más que las indemnizadas por la farmacéutica alemana Grünenthal a través de la Fundación Contergan: 10.

Y, sin embargo, el Gobierno tampoco les ha pedido nada en estos años: «Pese a que la Ley 6/2018 recogía que el Gobierno tenía que recabar ayuda a la farmacéutica, el Gobierno no lo ha hecho», denunció el abogado, tal y como queda reflejado en la respuesta que en 2021 le envió Sanidad: «No constan en el Ministerio de Sanidad documentos que justifiquen la acción del Gobierno recabando a la compañía propietaria de la patente la colaboración necesaria para la reparación de las víctimas».