Francia aprobará la donación de órganos sin consentimiento

Nuestros vecinos galos cuentan con una de las tasas de donación de órganos más alta de Europa. De acuerdo con los datos de 2013, 26 por cada millón de habitantes, aunque aún están lejos de las cifras españolas que nos sitúan a la cabeza mundial. Según los últimos datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), contamos con 36 donantes por cada millón de habitantes. Para intentar aumentar el número de personas que, altruistamente, dan sus órganos tras fallecer, dos diputados socialistas franceses han modificado uno de los artículos de la Ley de la Salud que se ha elaborado en este país para que la familia sólo sea «informada» de la donación, pero que no sea necesario su consentimiento para ello. Así, tras fallecer la persona, los médicos no estarían obligados a consultar de forma sistemática a los allegados del difunto antes de quitarle los órganos.

Francia fue uno de los países pioneros en regular la terapia del trasplante. Lo hizo en 1976. Es más, la norma española, que se elaboró tres años más tarde, se inspira en la gala, así como las que fueron adoptando a lo largo de los años 80 los países del sur. Todas ellas, incluyendo a Portugal y a Italia, recogen que si la persona fallecida no indica en vida que no quiere ser donante, se podrían extraer sus órganos sin consentimiento de la familia. En la práctica, como indica el director de la ONT Rafael Matesanz, «siempre se solicita el permiso a los familiares y, así, lo han estimado nuestros jueces», como ocurre en el resto de países de nuestro entorno.

Sin embargo, lo que propone Francia es una nueva vuelta de tuerca para intentar «captar» un mayor número de donantes, ya que mientras la lista de espera para un trasplante sigue subiendo –ha aumentado un 46 por ciento desde 2007–, la de donantes potenciales lo hace de forma mucho más pausada –sólo un 6 por ciento desde hace ocho años–. Y es que, al contrario que en España, los franceses cuentan con un registro nacional de no donantes –en el que se inscriben todos aquellos que rechazan dar sus órganos tras morir– y en el que sólo se han registrado 90.000 personas. Así, con la norma aprobada ahora se determina que, al no aparecer en esta base de datos, el difunto da su aprobación a que se extraigan sus órganos para salvar la vida de otra persona. Los familiares que, hasta ahora, ejercían de «portavoces» del fallecido ya que ellos tenían la última palabra para decidir si los órganos son donados o no, a partir de ahora sólo serán «informados» por el médico de la naturaleza de la donación y de su finalidad, pero no tendrán que contar con su aprobación.

Como explica al diario francés «Le Monde», uno de los responsables de esta modificación, el diputado socialista Michèle Delaunay, «es la actitud negativa de las familias, a las que se pregunta mientras se encuentran en estado de shock», el principal motivo del cambio porque «en muchos casos lo lamentan más tarde». La propuesta no ha sido bien acogida por los sanitarios del país, que la consideran «un acto brutal contra las familias» y aseguran que «ningún médico va a extraer los órganos de una persona sin el consentimiento de sus allegados», afirmó en sede parlamentaria el diputado conservador Bernard Debré, que ha recogido las quejas de los profesionales de la salud.

Pero una de las claves que también nos diferencia del país vecino es que mientras que en Francia la tasa de negativas es de alrededor del 40 por ciento, en nuestro país ese porcentaje es menos de la mitad, no llega al 20 por ciento.

A Rafael Matesanz la propuesta tampoco le gusta: «Este tipo de normas se topan con la realidad y lo único que consiguen es el efecto contrario». Es más, de acuerdo con el nefrólogo, «es posible que el número de donantes incluso disminuya». Y es que Matesanz reconoce que en nuestro país también se ha planteado, «en alguna ocasión», esta posibilidad, aunque nunca se ha materializado como iniciativa parlamentaria. «En realidad, sólo se tendría que aplicar de forma estricta nuestra norma, pero ni los profesionales sanitarios ni los jueces lo apoyan. Un médico, por ética, nunca le va a extraer un órgano a una persona si no cuenta con el apoyo de sus familiares».

Matesanz asegura que no cree en este tipo de soluciones porque «si la sociedad no aprueba este sistema, puede acabar fatal». Como ya ocurrió en Brasil, donde la tasa de donantes se desplomó cuando se intentó imponer la donación obligatoria como en Francia. «La tentación de exigir el consentimiento es universal. En Canadá y en Australia se lo están planteando, y yo he asesorado a Reino Unido a este respecto y le he recomendado que no lo haga» porque la sociedad británica está muy dividida, «la mitad apoya el consentimiento y la otra no, y sólo les perjudicaría».

En los países centroeuropeos, donde la libertad individual prevalece, su ley exige el consentimiento, mientras que «en los católicos, los del sur, las leyes velan por el bien común», como apunta Matesanz, de ahí que el altruismo sea uno de sus principales motores, también para la donación. Eso sí, al final «tanto unos como otros hacemos lo mismo y preguntamos a los más cercanos. Habrá que ver qué ocurre en Francia».

«Es como si perdieras todo»

Ana Isabel Herrero es la presidenta de la Asociación de Familiares de Donantes Anónimos (Afada). Su hija Ana murió con 24 años. «Cuando te lo preguntan sientes el pálpito de que lo has perdido todo y, por eso, es muy importante la sutileza de los médicos», afirma. Rechaza la medida francesa porque «cada persona es libre de su cuerpo y no podemos ser objeto de mercadería en un momento tan duro». Sabe que el corazón de su hija ha dado vida y, por eso, se ha convertido en el apoyo de familiares de los nuevos donantes.