El Gobierno aporta un euro "extra" por español para mejorar la atención en salud mental

El Pleno de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de hoy ha estado dedicado al reparto de fondos por parte del Ministerio de Sanidad para que las comunidades autónomas pudieran llevar a cabo planes de calado como el Marco Estratégico de Atención Primaria, el Plan de Salud Mental o el de prevención del suicidio.

En teoría, porque en la práctica, atendiendo al presupuesto que el Gobierno ha asignado para estos problemas estructurales de la Sanidad pública, los planes están abocados al fracaso.

Aunque siempre es mejor que nada, los 172 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó para reforzar la Atención Primaria, los 39 millones para salud mental y los 18 millones para prevención del suicidio son "del todo insuficientes" para acometer reformas que puedan repercutir en la resultados reales como la reducción de las listas de espera, según destacaron varios consejeros de Sanidad del PP.

El de Castilla y León, Alejandro Vázquez, concretó que "serían 3,5 euros por español para mejorar la Atención Primaria y 1,2 euros para salud mental, a pesar de toda la propaganda que ha realizado la ministra Mónica García, anunciando estos fondos".

Una opinión que comparte la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), la psiquiatra Marina Díaz Marsá, que destaca que los fondos destinados a salud mental no permiten, por ejemplo, financiar un aumento de plazas de especialistas (psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras especializadas) que nos acerque a las ratios de Europa. Una necesidad que es la más acuciante, y así lo plantearon a Sanidad en sus reuniones sobre el citado plan.

"Solo se van a poder contratar profesionales adscritos a proyectos concretos, y con contratos por obra. Es decir, que estos fondos extra no van a repercutir en la mejora de la atención en salud mental a nivel de, por ejemplo, contribuir a reducir las listas de espera", explica a LA RAZÓN.

Cabe recordar que, según el último Barómetro del CIS, solo un 14% de las personas que pidieron ser antendidas por problemas de salud mental en la Sanidad pública en 2023 tuvieron cita antes de un mes.

El propio contrato de traspaso de fondos en el caso del Plan de prevención del suicidio no incluye siquiera un "capítulo 1" donde se especifique que dinero puede invertirse en la ampliación de los recursos humanos.

"Es igual que los 100 millones para salud mental que Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo postpandemia. Ese dinero solo se ha podido usar para campañas de sensibilización y medidas de ese tipo, que es donde Sanidad puede poner su sello ideológico", destaca Celso Arango, jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Y también su sello en el sentido estricto, ya que, en las cláusulas de la propuesta de acuerdo con las CC AA para el traspaso de los fondos, se les pide que, en las actividades que se realicen con ese dinero, deberán hacer constar la mención expresa a que es un "programa financiado por el Ministerio de Sanidad", así como "incorporar el logo institucional del Ministerio de Sanidad".

Mónica García se ha defendido de las críticas de los consejeros populares a lo exiguo de los fondos en la rueda de prensa posterior al CISNS argumentando que se trata de "un extra" a lo que las autonomías ya reciben al estar trasferidas las competencias sanitarias. "Damos por hecho que las consejerías, dentro de las transferencias de fondos que se hacen desde el Estado a las diferentes comunidades, ya están invirtiendo en Atención Primaria y en salud mental, pero estos fondos son extraordinarios, son un refuerzo para que puedan dedicar a estas políticas un refuerzo más", ha matizado. "Lo digo porque constantemente escuchamos, sobre todo a consejeros y consejeras del PP, quejarse y hacer unas cuentas así un poco tramposas de que los recursos son insuficientes. Y es que hay que recordarles una y otra vez que la financiación de la sanidad va por la vía de la financiación de las autonomías".