Amianto

El Gobierno ningunea a las víctimas del amianto

Hoy se cumplen dos años del plazo máximo previsto para dar luz verde a un reglamento imprescindible para activar el fondo creado por una ley aprobada en 2022

Abogados de las víctimas celebran el acuerdo en una concentración de apoyo a las víctimas del amianto de Metro de Madrid, en los Juzgados de Plaza de Castilla
Abogados de las víctimas celebrando el acuerdo en una manifestación en verano de 2022, en los Juzgados de Plaza de CastillaJesús HellínEuropa Press

La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, UGT y CCOO han hecho pública su indignación por la inacción del Gobierno para aprobar un reglamento imprescindible para que las víctimas del amianto y sus familiares pueden empezar a solicitar unas indemnizaciones previstas en una Ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados hace más de dos años. "Cada día que pasa, se suman más fallecimientos de personas afectadas que no van a poder hacer efectiva la reparación de un daño a su salud que nunca debió producirse".

Ante el retraso de dos años por parte del Gobierno, que se cumple hoy, 20 de enero de 2025, las asociaciones de víctimas del amianto y los sindicatos tienen previsto solicitar amparo al Defensor del Pueblo.

"Nos encontramos con que el Gobierno no ha aprobado el reglamento, y además ha elaborado un proyecto de reglamento suscrito por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que contradice el espíritu de la Ley, entre otras cosas, porque otorga unas indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo de acabar con los largos procesos judiciales", señala UGT en un comunicado.

"Las cantidades propuestas en el proyecto de RD son tremendamente inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, del VIH y las de la Talidomida. A esto hay que añadir que las personas afectadas por el amianto tendrían que tributar en el IRPF por sus indemnizaciones, lo que supone profundizar en la discriminación que sufren al ser consideradas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría", añade.

El sindicato señala, además, que es "inaceptable" que, en dicho proyecto, los familiares de las victimas fallecidas en los últimos años no tengan derecho a las citadas indemnizaciones, por cuanto, hay que tener en cuenta que el amianto se prohibió el año 2001 y la Ley aprobada se empezó a tramitar el 2013 en el Parlamento Vasco y fue registrada por primera vez en el Congreso de los Diputados el año 2016.

"¿Cómo es posible que el Gobierno incumpla los plazos de la Ley, cuando ha sido aprobada por unanimidad por parte del Parlamento Vasco (en tres ocasiones), el Congreso de los Diputados y el Senado? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asigne a las víctimas del amianto y sus familiares unas indemnizaciones más de tres veces inferiores a las establecidas para otros colectivos en similares circunstancias? ¿Cómo es posible que no esté prevista una exención fiscal para las indemnizaciones de las víctimas del amianto como la que ya existe para otros colectivos?", se preguntan