El Gobierno paga con dos años de retraso seis millones a La Palma

Dos años han tenido que esperar los palmeros para recibir los 6,1 millones de euros que el Estado debía transferir al Cabildo de La Palma dentro del convenio para reparar infraestructuras dañadas por la erupción del volcán Tajogaite. Dos años en los que carreteras, canalizaciones y servicios básicos permanecieron en una especie de limbo administrativo, mientras las familias afectadas contemplaban cómo las promesas de reconstrucción se acababan convirtiendo en titulares olvidados.

El Consejo de Ministros aprobó dicha aportación que, en teoría, debería haberse abonado en el año 2023. Se trata de una cantidad destinada a cubrir el desfase entre la primera estimación de daños, fijada en 24 millones, y el cálculo revisado un año después, cuando la magnitud de la catástrofe reveló que el impacto real superaba con creces lo inicialmente previsto. De aquella cifra, el Estado debía cubrir la mitad. Primero pagó 12 millones, pero dejó en suspenso los seis adicionales que ahora, con retraso y a regañadientes, se incluyen en los presupuestos.

La historia se repite: la administración central tarda más en cumplir sus compromisos que la lava en arrasar Todoque. La diferencia es que las coladas actuaron en semanas, mientras el Estado acumula años de papeleo para liberar unos fondos que son realmente imprescindibles.

Lo más preocupante es que esta transferencia no significa ni mucho menos que Madrid haya cerrado su deuda con la isla. El Cabildo palmero ha remitido una nueva actualización de daños que eleva el coste de las infraestructuras a 105 millones de euros. Si se mantiene la regla de reparto, al Estado le corresponde aportar otros 52,5 millones. Una cifra que, de momento, solo existe en los papeles.

El Ejecutivo central tampoco ha cumplido con los compromisos recogidos en la llamada Agenda Canaria. Aún adeuda los 100 millones de euros prometidos a los afectados para 2024 y otros 100 millones previstos para 2025. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha tenido que asumir con fondos propios 50 millones por anualidad para atender a las familias damnificadas, a la espera de que Madrid cumpla su parte.

La realidad es que la reconstrucción de La Palma avanza con el freno de mano echado. Cada carretera reconstruida, cada canalización restituida, cada campo de fútbol recuperado está precedido de interminables retrasos administrativos que desgastan tanto como el propio desastre natural.

El malestar se extiende también al ámbito fiscal. La deducción del 60% del IRPF para los residentes en La Palma, aplicada en ejercicios anteriores, fue uno de los mecanismos más eficaces para dinamizar la economía local. Permitió a familias y empresas disponer de un respiro financiero y contribuyó a reactivar el consumo en una isla golpeada por la parálisis económica. Sin embargo, el Gobierno central aún no ha confirmado su aplicación para el próximo año.

La incertidumbre sobre esta medida fiscal genera un doble daño: económico y psicológico. Por un lado, deja a los ciudadanos sin un alivio concreto en un contexto de inflación y encarecimiento de materiales de construcción. Por otro, envía un mensaje de desinterés hacia quienes todavía intentan levantar sus hogares y negocios sobre las cenizas.

Los fondos recién aprobados proceden del Fondo de Contingencia de los Presupuestos Generales del Estado y responden, en teoría, al incremento de los costes materiales y humanos de las obras. Se destinan, entre otros proyectos, a la carretera LP-211 de Todoque; a la restitución del abastecimiento de agua; a la recuperación del campo de fútbol de La Laguna; y al riego agrícola de las zonas más aisladas. Se trata de actuaciones urgentes, vitales para recuperar la tan ansiada normalidad. Pero resultan menos eficaces cuando llegan con retraso, porque las obras se encarecen año tras año y las necesidades no dejan de acumularse. Cada euro que tarda en llegar pierde valor y multiplica las dificultades de los vecinos.

Más allá de las cifras, la tardanza revela un problema estructural: la Palma sigue sin estar en la agenda real de Madrid. El discurso oficial habla de compromiso, solidaridad y apoyo incondicional, pero los hechos muestran lo contrario. Se cumplen promesas a medias, con plazos interminables y siempre bajo la presión de las instituciones locales, que deben recordar al Estado sus propias obligaciones.

La erupción del Tajogaite fue un desastre natural, pero la reconstrucción a paso de tortuga es un desastre político. Los palmeros han demostrado resiliencia, paciencia y capacidad de adaptación. Lo que no han recibido aún es una respuesta institucional que esté a la altura del sacrificio que han soportado.

El Estado debe entender que cada retraso no se mide en papeles ni en informes, sino en vidas que siguen suspendidas desde aquel 19 de septiembre de 2021. No es solo una cuestión de millones, sino de dignidad.