El Gobierno relaja el control de las bajas laborales por la falta de médicos inspectores

La falta de médicos en algunas especialidades que aqueja a la Sanidad española también golpea de lleno al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que podría acarrear efectos devastadores en las cifras de absentismo laboral. El pasado año, el INSS disponía de alrededor de 500 inspectores médicos para hacer frente a una avalancha sin precedentes de bajas laborales motivadas principalmente por el pico de covid que se registró en los primeros meses. Ahora, el Gobierno ha introducido una reforma legal que, si bien, aliviaría su carga de trabajo en la revisión de casos, podría sin embargo incrementar el número y la duración de las bajas de los trabajadores enfermos, al restar capacidad de acción a las mutuas de accidentes de trabajo.

La reforma se ha operado a través del real decreto ley 2/2023 de 16 de marzo de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas y la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, más conocida como «Ley Escrivá», por partir su iniciativa del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Hasta dicha norma, el proceso que se seguía cuando un trabajador se encontraba de baja por enfermedad o accidente no laboral era el siguiente: si tras el debido control y seguimiento entendían que, médicamente, el trabajador estaba recuperado, las mutuas tenían la facultad de proponer su alta médica al servicio público de salud que le estaba tratando, con el fin de que la inspección médica de dicho servicio valorase el cuadro clínico y, en su caso, si procedía, diera el alta médica al trabajador con el objetivo de que se incorporara a su puesto de trabajo. Los médicos del servicio público de salud disponían de cinco días para contestar a esa propuesta de alta formulada por las mutuas, admitiéndola o desestimándola. En muchos casos, simplemente no contestaban.

Cuando el servicio público de salud desestimaba la propuesta de alta de la mutua o no la contestaba, ésta podía formular nuevamente la propuesta de alta a la inspección de las entidades gestoras –el INSS y el Instituto Social de la Marina (ISM)–, las cuales disponían de otros cuatro días para estimar o desestimar la propuesta de alta de las mutuas que había sido desestimada o no contestada por el servicio autonómico de salud.

El cambio introducido en el real decreto altera esta situación. Con la nueva redacción del artículo 82.4 b), las mutuas ya no podrán reformular al INSS las propuestas de alta que han sido desestimadas por el servicio público de salud. En concreto, el INSS sólo recibirá las propuestas de alta que no hayan sido contestadas por este servicio y, además, en lugar de tener que contestar en los cuatro días siguientes a la mutua, dispondrá de cinco días hábiles.

De acuerdo con los últimos datos sobre absentismo laboral, el INSS tuvo que hacerse cargo en 2022 de más de 88.000 propuestas de alta de las mutuas. De ellas, 64.000 no habían sido contestadas por los servicios públicos de salud y, el resto, 24.000, habían sido denegadas por los servicios públicos de salud a las mutuas.

Con la reforma, los inspectores médicos del INSS se ahorrarán el análisis de estas 24.000 propuestas de alta del trabajador. Según fuentes del sector, dado que el INSS disponía de unos 500 inspectores médicos de media durante 2022, a razón de 200 días de trabajo efectivo, como poco, al año aproximadamente, cada inspector médico se ahorrará el trabajo de analizar 0.24 propuestas de alta al día. Dicho de otra forma, de las 88.000 propuestas de alta que se realizaron al INSS en 2022, la carga de trabajo por este motivo de las propuestas de alta se reducirá en algo más de un 27%.

Las mutuas detectan además otra bomba de relojería oculta en el decreto de Escrivá, que figura en el mismo artículo 82.4.b). El texto subraya que cuando excepcionalmente la inspección médica del servicio público de salud no conteste a la propuesta de alta formulada por la mutua en la forma y plazo establecidos, ésta podría solicitar la emisión del parte de alta al INSS... El añadido de «excepcionalmente» resta aún más poder a las mutuas en un momento especialmente crítico, a la vista de los últimos datos sobre absentismo. Además, habrá que ver cómo reciben esta medida unos servicios públicos de salud notoriamente saturados y, en el caso de tener que aplicar esta excepcionalidad, un Instituto Nacional de la Seguridad Social que ya avisa de su escasez de facultativos.

El gasto se dispara

De acuerdo con las estimaciones de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) en 2022 el número de procesos de bajas por contingencias comunes se incrementó un 28% respecto a 2021, hasta los más de 6.800.000 procesos. El coste en prestaciones con cargo a las mutuas y a la Seguridad Social se elevó hasta los 11.200 millones de euros, lo que supone un aumento del 15,71% con respecto a 2021.

«Si a este gasto se le suma aquel en el que incurren las empresas en estas bajas laborales por prestaciones económicas, complementos y cotizaciones a cargo de las empresas, otros 10.300 millones de euros aproximadamente, estaríamos hablando de un total de gasto derivado del absentismo laboral por enfermedades laborales y accidentes no laborales de más de 21.500 millones de euros, un 14% más que en 2021», aseguran las mismas fuentes. Se trataría, en suma, de un nuevo golpe a la competitividad de las empresas y a la creación de empleo, justamente las bases bases para apuntalar el sistema público de pensiones que afirma perseguir el nuevo decreto del Gobierno.

Por todo lo anterior, desde AMAT siguen pidiendo que se faculte a las mutuas para prestar asistencia sanitaria integral y dar el alta médica, al menos, en patologías traumatológicas en las que son expertas. «Esa es la medida que se debería haber adoptado», aseguran fuentes del sector.

La denuncia del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo destaca la pérdida de efectivos en las plantillas de médicos inspectores de la Seguridad Social, que cifra en un 25%, puesto que, de 661 plazas de la relación de puestos de trabajo, solo hay cubiertas 490, «con una distribución irregular». Así lo pone de relieve en su informe correspondiente a 2022, en el que lamenta que en algún caso no hay médico inspector y varias unidades están en menos del 50% cubiertas las plantillas. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explicaron a Servimedia que están trabajando en reforzar las plantillas.