La Guardia Civil interviene una autoescuela que habilitaba con documentos falsos a conductores de camiones y autobuses

La Guardia Civil investiga al titular de un centro de formación de conductores de la localidad pacense de Almendralejo, como presunto autor de delitos continuados de falsedad documental y usurpación de estado Civil en cursos convocados para la obtención de Certificados de Aptitud Profesional (CAP) para vehículos pesados y autobuses.

La operación se inició a mediados del pasado mes de enero, cuando los agentes pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Extremadura, junto con la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura, tuvieron conocimiento de las supuestas irregularidades que se estarían llevando a cabo en la expedición de certificados profesionales a conductores desde un centro de formación ubicado en la citada localidad.

Durante el transcurso de este operativo, centraron la investigación en los cursos de cualificación y formación continua de CAP convocados de manera reiterada por la sede, analizaron numerosa documentación y contrastaron sus sistemas de control.

Los agentes descubrieron que el investigado, titular y profesor de la autoescuela, falseaba los procedimientos de supervisión que compete al Servicio de Inspección de Transportes de la Junta de Extremadura, para justificar documentalmente desde el propio centro, la comparecencia a estos cursos de al menos cincuenta alumnos que habían sido considerados “aptos” y que no acudieron de manera presencial a los mismos, algo que es obligatorio.

Los alumnos que habían abonado previo a su contratación al centro formativo, unos 1.000 euros y 400 euros según el curso CAP en que se hallaban inscritos, con un beneficio económico de 30.800 euros. Ahora, se enfrentan a la inhabilitación en su obtención o renovación respectivamente.

Con esta actuación se ha conseguido inhabilitar un centro desde el que se generaban falsos cursos de obtención de estos certificados, que simulaban la capacitación como conductores a personas que no recibían la oportuna formación, repercutiendo en la seguridad del transporte pesado y de viajeros, y en consecuencia, en la seguridad vial debido al impacto que tiene la circulación de estos vehículos por las vías públicas, además de suponer una competencia desleal al resto de centros de formación que imparten estos cursos de capacitación para CAP.