La Iglesia reparará a todas las víctimas con o sin sentencia

Algo, o mucho, ha cambiado en estos días la hoja de ruta de la Iglesia española para combatir la lacra antiabusos. Si hasta hace poco era un tema tabú salpicado de negacionismo y corporativismo que implicaba incluso en algunas sacristías una mirada de sospecha ante quienes habían sufrido estas vejaciones, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal parece marcar un antes y un después. Los más de 70 obispos reunidos en la sede madrileña de la calle Añastro han respaldado la decisión de crear un plan de reparación que incluirá indemnizaciones para las víctimas, más allá de lo establecido por las sentencias judiciales civiles o canónicas. Esto es, incluso se pagará el daño causado en los casos en los que hayan prescrito o haya muerto el abusador.

Así lo ha explicitado el secretario general de los obispos, César García Magán, que anunció este paso al frente aprobado por unanimidad que, además de reformar la formación en materia de prevención y la atención a las víctimas por todos los cauces legales y eclesiales, incluye como novedad esa apuesta por la justicia restaurativa. Así, se respaldará a quienes han sufrido abusos «desde todas las perspectivas: social, espiritual, psicológica y económica».

El portavoz episcopal no pudo aterrizar en más detalles en tanto que ahora tocaría desarrollar un borrador del plan, así como los criterios a la hora de establecer las cuantías económicas a las víctimas o cómo se van a implementar el resto de medidas. «Se va a hacer lo antes posible, atendiendo a unos requisitos estatutarios», respondió el también obispo auxiliar de Toledo. En cualquier caso, supone un giro cualitativo y cuantitativo, en tanto que hasta ahora las indemnizaciones ajenas a cualquier tribunal dependían de lo que decidiera cada diócesis y cada congregación, por lo que ahora se esperan unos criterios comunes tanto a la hora de establecer esa reparación económica como en el apoyo terapéutico. Así, García Magán expuso que se asume esta responsabilidad «como una obligación moral»: «Si hay una convicción moral de un abuso sexual, habrá que estudiar caso por caso», rubricó.

Encuesta orillada

De esta manera, los obispos se adelantan a la petición del informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que proponía la creación de un fondo estatal para indemnizar a quienes han sufrido las consecuencias de los depredadores sexuales en el seno de la Iglesia. De hecho, el Episcopado puso ya sus condiciones a esta iniciativas: sí a participar si el Gobierno da un paso al frente para indemnizar a todas las víctimas de la pederastia, también a las de los clubes deportivos o de las escuela pública, por ejemplo. Ayer, a esta cláusula, el portavoz añadió que «no es que no digamos que no se vaya a reparar si no se repara al resto». «La Iglesia va a reparar siempre», dejó caer. También quiso dar por zanjado el ten con ten con Gabilondo sobre la extrapolación de datos del sondeo demoscópico que incluía su estudio: «No nos interesan los números, las encuestas y las extrapolaciones, sino cada víctima, con su nombre y su respuesta».

Consenso de mitras

En cualquier caso, no resulta baladí que los obispos hayan dado su sí por unanimidad a este cambio de registro, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades que se aglutinan la bancada de mitras y báculos, algunos todavía resistentes incluso a admitir el alcance de esta lacra. Ese mismo respaldo unánime ha recibido el escrito que acompaña a la medida y que tiene el formato de «Mensaje de la Asamblea Plenaria al Pueblo de Dios» bajo el título «Enviados a acoger, sanar y reconstruir».

«Nos comprometemos a ser transparentes en este proceso y a rendir cuentas ante las víctimas, la Iglesia y Dios», sentencian en este texto, en el que entonan un «mea culpa» colectivo que huye de cualquier apostilla vinculada a una persecución anticlerical política o mediática: «De ninguna manera pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia». Eso sí, a la vez se recuerda que esta lacra no se reduce a las sacristías, sino que «la inmensa mayoría de los abusadores son familiares o personas cercanas a la víctima», por lo que «poner el foco únicamente en la Iglesia es desenfocar el problema».

«Queremos hacernos cargo de su dolor encarnado», insisten los pastores sobre las víctimas. Es más, reconocen que «sabemos que el daño y el dolor causados son imborrables, pero pedir perdón y perdonar es el primer paso para sanar las heridas» por lo que «continuamos con el compromiso de tomar medidas concretas y efectivas para prevenir futuros abusos en nuestra Iglesia».

La decisión episcopal se da a conocer cuatro días antes de que todos los obispos españoles desembarquen en el Vaticano ante la llamada del Papa para darles cuenta de la visita realizada por dos obispos uruguayos a comienzos de este año para auditar los seminarios españoles. Según ha podido confirma LA RAZÓN, el resultado de esta investigación sería algo «problemática» en lo que al estilo de formación se refiere de los futuros sacerdotes, más allá de una necesaria reestructuración y agrupación territorial por la falta de vocaciones. «No hay temor a lo que nos pueda decir y es un hecho singular que no ocurre todos los días. Salvo mejor información, no sabemos más», comentó el secretario general. Sobre la posibilidad de presentarles este nuevo plan de reparación integral, García Magán expuso que « «si nos pregunta el Papa y sale el tema, se lo contaremos».