Igualdad propone acotar "en situaciones críticas" la objeción de conciencia de los médicos al aborto

Un informe elaborado por el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, propone acotar "en situaciones críticas" la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), pues en el texto se detalla que la objeción de conciencia se ha convertido en un obstáculo "estructural" en el acceso al aborto en los hospitales públicos.

El documento muestra cómo "prácticamente la totalidad" de los ginecólogos de algunos territorios en España son objetores de conciencia, lo que deriva en la externalización del servicio, motivo por el que ha sugerido una serie de medidas encaminadas a que esta objeción no "anule" un derecho universal.

"En algunas comunidades, la objeción es tan generalizada que ningún hospital público realiza abortos quirúrgicos. Esto obliga a las mujeres a desplazarse fuera de su provincia -o incluso comunidad- para ejercer un derecho reconocido", reza el texto.

Así, explica que acotar esta objeción en la red pública se encuentra alineada con las recomendaciones internacionales, y que se debe establecer que la objeción no pueda invocarse si con ello se deja sin cobertura el servicio en un área determinada.

El objetivo de esta medida consiste en trasladar la responsabilidad de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo a la propia institución sanitaria, de forma que se organice para atender a todas las mujeres sin necesidad de derivarlas "sistemáticamente" a la sanidad privada.

Así, insta a asegurar equipos médicos no objetores en todos los niveles asistenciales, para que cada hospital y área sanitaria cuente con personal dispuesto a realizar este tipo de intervenciones. En caso de que todos los profesionales de un servicio objeten, la administración deberá designar o contratar a personal alternativo.

En el documento también se pide vigilar y sancionar la objeción de conciencia abusiva o fraudulenta, comprobando que realmente se trate de una posición ética personal y no de una "negativa encubierta" a prestar un servicio público.

La propia administración sanitaria deberá igualmente monitorizar que ningún centro público deniegue el aborto voluntario en bloque, pues la objeción es un derecho individual que "no puede convertirse en objeción institucional encubierta o colectiva".

Del mismo modo, recomienda no obligar a los profesionales no objetores a realizar interrupciones del embarazo en exclusiva, pues los autores del estudio han recogido testimonios en los que se señala que esta situación es habitual en los hospitales, a veces como "penalización", lo que "desincentiva" que el personal sanitario se presente como no objetor.

Por otro lado, subraya la importancia de implementar y actualizar los registros oficiales de profesionales objetores de conciencia en los servicios de salud de cada comunidad autónoma, en base a la Ley Orgánica 1/2023.

En ese sentido, recalca que los listados deberán ser públicos para la planificación sanitaria, y no para difusión de nombres, de forma que se pueda saber cuántos profesionales no realizan estas intervenciones por objeción en cada centro, y así poder regular la existencia de equipos disponibles.

Usar estos registros como herramienta de gestión de recursos humanos puede ayudar a evitar la concentración de objetores en determinados hospitales, y no asignar exclusivamente al personal objetor a unidades de obstetricia y ginecología; así como garantizar la presencia de profesionales dispuestos a realizar aborto en los concursos y contrataciones, especialmente en hospitales de referencia.

Para hacer frente a la escasez de profesionales capacitados y dispuestos a practicar abortos, el documento también propone una mayor formación específica que permita un relevo generacional y reduzca el estigma alrededor de estas intervenciones.

Es por ello por lo que recomienda incorporar la salud sexual y reproductiva (incluida la interrupción voluntaria del embarazo) en los planes de estudio de Medicina, Enfermería y otras titulaciones sanitarias, así como ofrecer programas periódicos de formación continua y en las formaciones puntuables del sistema sanitario.

Del mismo modo, propone establecer rotaciones y prácticas específicas en servicios de interrupción voluntaria del embarazo durante la formación especializada, y habilitar al personal de enfermería y a las matronas para realizar funciones ampliadas en estas intervenciones.

En el informe se señalan diferentes factores que a día de hoy siguen provocando "muchas desigualdades" en el acceso al aborto a nivel territorial, social y económico. El propio Ministerio de Sanidad amenazó el pasado mes de julio con tomar acciones legales contra las comunidades autónomas que no garantizasen el cumplimiento de la ley del aborto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, pidió a las autonomías los datos que demostrasen que realmente se está cumpliendo la ley, después de conocer que "muchas mujeres están viendo vulnerado ese derecho", informa Ep.