Iniciativa para una respuesta «rápida y eficaz» tras un accidente de tráfico

La Fiscalía General del Estado firmó ayer con representantes de diversas entidades y asociaciones de víctimas un protocolo para establecer mecanismos de cooperación y canales de comunicación «ágiles» para proteger los derechos e intereses de las víctimas de siniestros viales durante el procedimiento judicial.

«Cuando se produce un siniestro vial, la víctima se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad que justifica este esfuerzo para poder dar una respuesta rápida, eficaz e integral desde la perspectiva civil y penal», manifestó ayer el fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Luis del Río, tras la firma del protocolo.

Con este acuerdo, que tendrá una duración de cuatro años prorrogables y que está abierto para que se puedan incorporar más entidades en el futuro dan, según ha explicado Del Río, cauce a las obligaciones jurídicas ya existentes «para su mejor cumplimiento». Es un protocolo especialmente importante para las víctimas, que están en el centro de este protocolo», señaló.

Junto con la Fiscalía, las entidades que han suscrito el protocolo son Stop Accidentes, Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, Aesleme, Aspaym, Fedace, Ofesauto, Colegio de la Abogacía de Madrid, Consejo General de la Abogacía, Consorcio de Compensación de Seguros y Asociación del Seguro (Unespa).

Este protocolo tiene como finalidad la promoción de soluciones extrajudiciales a los distintos conflictos relacionados con la seguridad vial; o dar la «máxima simplificación y celeridad» a los procedimientos judiciales y penales derivados de siniestros penales, para que se puedan resolver «de la forma más rápida posible».

Al respecto, el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial ha defendido que las víctimas «estén debidamente informadas» de sus derechos y tengan una «respuesta inmediata». Esa asistencia a las víctimas, según ha agregado, «debe ser rápida, eficaz y prolongada en el tiempo para que no se produzca el olvida de las víctimas».

Por otro lado, el protocolo busca evitar el fraude con entidades y habilita la posibilidad de hacer cualquier clase de evaluación sobre su contenido.

Así, lo primero que harán las entidades firmantes será constituir una comisión de seguimiento, que deberán crear en el plazo de seis meses. Una vez constituida, se irán planteando las distintas cuestiones a tratar, «sin entrar en casos concretos. En el seno de esa comisión se va a tratar una visión más general sobre la evolución de todas estas materias. Es un protocolo especialmente importante para las víctimas».