Inmovilizada una tonelada de ibéricos por riesgos para la salud

El establecimiento almacenaba y distribuía, de manera ilegal, productos cárnicos sin tener una autorización sanitaria

La Guardia Civil ha inmovilizado una tonelada de productos ibéricos y lácteos con riesgo para la salud en el municipio salmantino de La Alberca, y ha investigado a dos hombres como supuestos autores de sendos delitos contra la salud pública y falsedad documental.

Según ha informado hoy la Comandancia en Salamanca, el inicio de la investigación se produjo en diciembre de 2017 tras inspeccionar un establecimiento en La Alberca autorizado por las autoridades sanitarias solo para el envasado de productos cárnicos.

Así, se ha descubierto que este establecimiento almacenaba y distribuía, de manera ilegal, productos cárnicos sin tener una autorización sanitaria y, además, se ha comprobado que en diversas instalaciones tenían almacenados estos productos y otros lácteos para su distribución al consumidor.

En esa inspección se localizaron envases de paté caducados con un peso de 42 kilos; 42 piezas de paleta curada de tres kilos, y 11 envases de dos paletas de 6,2 kilos sin etiqueta ni lote; 360 kilogramos aproximados de quesos curados en mal estado; 42 paquetes de loncheados de jamón sin etiqueta ni lote; 22 quesos de distinta procedencia sin etiqueta; y cuatro cajas de 30 envases de jamón sin etiqueta ni lote.

También se encontraron otros productos cárnicos, como lomo, solomillo, secreto y pluma, que estaban congelados y envasados en cajas y depositados en remolques frigoríficos dados de baja de la circulación, sin registros de temperaturas que certificaran su sanidad.

Según la Guardia Civil, "al no quedar garantizada la trazabilidad sanitaria, detectada la caducidad y deficiente estado higiénico para el consumo", se inmovilizaron de manera cautelar todos los productos.

Además de realizar denuncias por incumplimientos de la ley sanitaria, se ha investigado a dos hombres de 47 años, R.B.P. y M.G.G., como supuestos autores de los delitos contra la salud pública y falsedad documental.

Efe