Los juicios rápidos contra los okupas no funcionan: “Es inaudito e inaceptable en un Estado de derecho”

El año comenzó con esperanza respecto a los repetidos casos de okupación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Uno de ellas suponía que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se pasaran a tramitar bajo el procedimiento de juicios rápidos, es decir, los casos de okupación delictiva se incorporaron a la lista de delitos menos graves que pueden ser tramitados por la vía rápida en unos 15 días.

Entró en vigor a principios de abril y fue visto como algo positivo por algunos abogados como Mónica Junquera: "Se puede acudir a la comisaría de Policía más cercana o al juzgado de guardia directamente a formular esa denuncia y se abre la tramitación de este procedimiento que debería dar lugar a un juicio en muy pocos días". Sin embargo, otros como Miguel Ángel Mejías pronto dieron la voz de alarma: "Esta reforma no sirve para absolutamente nada y os están engañando, tanto los políticos como los pseudo abogado que comentan sobre este tema y no son penalistas o bien no han pisado un juzgado en su vida".

Tras varios meses en vigor y con más casos reales en los que se ha podido comprobar su efecto, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro valoró la reforma procesal de la Ley Orgánica 1/2025 en 'ConfiLegal' basándose en la Circular 1/2025 de la Fiscalía General del Estado (FGE) de finales de agosto. Su valoración muestra la difícil situación que se atraviesa con los casos de ocupación ilegal, es decir, las viviendas con okupas.

Un magistrado del Tribunal Supremo valora los juicios rápidos

El autor del libro 'Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble' no deja lugar a dudas con su valoración: "La realidad es que La Ley Orgánica 1/2025 es ineficaz contra las okupaciones". El gran problema se muestra en la Circular de la Fiscalía. Esta explica que solo se podrá utilizar la vía rápida si hay atestado policial y detenido o citado, en relación al artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).

Sin embargo, lo que suele ocurrir es que se interponga una denuncia o querella, pero sin darse la detención al momento y en esos casos, como ocurría anteriormente, todo se resuelve mediante el Tribunal del Jurado. También y de manera más clara en los que no haya violencia por medio. Por tanto, Vicente Magro sentencia: "No es cierto que se resuelvan los casos de ocupaciones ilegales con esta reforma, porque no va a ser así".

Situación dramática con los okupas

El magistrado pide actuar con rapidez y eficacia: "Los ciudadanos cuyas casas están siendo ocupadas ilegalmente se quedan a la espera de que se les devuelva su posesión... y deben esperar años. Eso es inaudito en la UE e inaceptable en un Estado de derecho". Es su propiedad y, salvo en los mencionados casos con detenido o citado, los casos de allanamiento y usurpación tardan demasiado en resolverse. Mas aún los de inquiokupación, que no es un delito de ocupación ilegal al uso.

La solución a ojos de este magistrado

Vicente Magro propone dos grandes vías para acabar con los okupas: desalojos en 24 horas y acabar con la paralización de desahucios de okupas debido a la vulnerabilidad. Esto se podría llevar a cabo aplicando el artículo 13 de la LECrim para acordar de forma general la expulsión inmediata en 24 horas de los okupas e implementando un nuevo artículo 544 sexies de la LECRIM, que no permita otra alternativa al juez de instrucción que ordenar el desalojo sin que pueda alegarse situación de vulnerabilidad por ningún motivo.

El experto en okupas es muy contundente: "Sin una medida cautelar de desalojo automático, la reforma es estéril". Finaliza con un resumen de la situación con las medidas implementadas actualmente en España: "Se quedan a medio camino".