Freno en seco a las ex monjas de Belorado para ‘apropiarse’ de los conventos

El intento de las clarisas cismáticas del convento burgalés de Belorado de apropiarse de los conventos se ha visto frustrado. Al menos así se deduce después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de inadmitir la demanda que interpusieron contra el Estado que pretendía invalidar el nombramiento como comisario pontificio del arzobispo Mario Iceta. Con este órdago judicial, las monjas que decidieron separarse de la Iglesia en mayo de 2024 pretendían llevarse consigo los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

Sin embargo, no solo no han dado al traste con su objetivo, sino que se les ha condenado a pagar las costas del proceso. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal dictó sentencia el pasado 11 de junio, como respuesta al recurso previo presentado por la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad contra el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y contra el Ministerio del Interior. La lideresa se resistía la decisión adoptada por la Administración para convertir los monasterios en asociaciones civiles y así escaparse de la tutela eclesial. O lo que es lo mismo, el Estado determinó ya en ese momento que la Iglesia era la propietaria de los inmuebles y no ellas, y que, por tanto, el comisario pontificio era el legítimo gestor nombrado por Roma hasta que se recondujera una crisis aun abierta.

A través de un comunicado, el Arzobispado de Burgos explicaba que Interior determinó “la imposibilidad de inscribir asociaciones civiles provenientes de la transformación de entidades religiosas, al ser un procedimiento que no es conforme a Derecho, ya que el ordenamiento jurídico reconoce el Derecho canónico como Derecho estatutario”. Por ello, detalla el equipo de Mario Iceta, las resoluciones de los dos ministerios recurridas por las exmonjas “no vulneran los derechos fundamentales invocados de libertad religiosa, de asociación, de intimidad o de igualdad”. De la misma manera, la nota episcopal recuerda que el Estado ha reafirmado “la validez” del nombramiento de Iceta como comisario pontificio desde el punto de vista civil.

Es más, el Arzobispado reconoce que las clarisas tienen derecho a separarse de la Iglesia y a constituir las asociaciones que deseen, pero con una línea roja: no pueden “transformar los monasterios en asociaciones civiles” ni tampoco erigirse como “titulares del patrimonio de los monasterios sin autorización de la Santa Sede”. Con este punto de partida, cuando hace más de un año decidieron consumar el cisma, el comunicado aclara que de dejaron de ser monjas y católicas y, por tanto, perdieron “la capacidad de constituirse en capítulo conventual y de representar legalmente los monasterios y, por tanto, carecen de capacidad para tomar decisiones en nombre de estas entidades canónicas”.

Por otro lado, la sentencia también deja claro que en ningún momento la Administración del Estado ha obligado a revelar las creencias religiosas del grupo de mujeres y que en el proceso se ha respetado “su derecho a la libertad religiosa”, sino que se haya vulnerado el principio de igualdad o el derecho de asociación.

Desde el convento cismático admiten que la resolución “representa un contratiempo jurídico”, pero “lejos de ceder, las monjas estudian nuevas vías legales, entre ellas un posible recurso de casación”. Es más, aseguran que “no es el punto final de una disputa, sino tan solo el punto de partida de una larga batalla legal”. El portavoz de las ex religiosas, Francisco Canals, comenta que las inquilinas de Belorado “se sienten tranquilas, protegidas por Dios y la Justicia Divina, que -afirman- impera sobre todas las cosas”. “Son una unidad sólida e indivisible”, sentencia el comunicador, a pesar de que en este año largo de cisma, hasta tres consagradas han abandonado el cenobio por mostrarse disconformes por la deriva sedevacantista emprendida por su lideresa.

Este dictamen llega cuando las habitantes del convento más polémico de España tienen otras encrucijadas judiciales en el horizonte. Así, la vista oral sobre la recusación de la jueza que instruye la causa del desahucio y los procesos penales abiertos por posibles irregularidades en la venta de oro se celebrará este viernes 4 de julio.