La esperanza de los provida: hasta 100.000 abortos menos

Tras conocer el contenido de la reforma de la Ley del Aborto que, entre otras medidas, limita a dos los supuestos para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo de forma legal, surge una pregunta: ¿se reducirá de forma relevante el número de abortos en nuestro país? Según Red Madre, fundación provida creada en 2007 con el propósito de apoyar, asesorar y ayudar a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto, si se aplica de forma estricta el contenido del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mzujer Embarazada, se podrían reducir de manera significativa los abortos en nuestro país.

«Una aplicación rigurosa de la nueva normativa que pase por inducir a los médicos a cumplir con coherencia lo que en ella se plantea y no defrauden el espíritu de la ley, provocaría que, en un plazo de cinco años, el número de abortos se situara por debajo de 1.000», explica Antonio Torres, presidente de esta ONG, que advierte de que «este descenso, que parte de los 112.390 que se practicaron en 2012, se llevará a cabo de manera paulatina. Las cosas no son de la noche a la mañana». De esta forma, pone como ejemplo los efectos que tuvo el cambio de legislación en Polonia: entre 2001 y 2005 se redujeron las interrupciones voluntarias del embarazo de 100.000 a tan sólo 96. Aun así, Torres plantea que, «si no fuera así y el descenso podría no ser tan relevante».

104.000, según las clínicas

Esta visión parece ir en la misma línea que reconoce la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Ayer, estos centros aseguraron que, a tenor de los datos adelantados el pasado domingo por LA RAZÓN sobre el número de interrupciones de 2012, 104.275 mujeres tendrían que «abortar ilegalmente». Así, según sus estimaciones, «más del 90% de las mujeres estarán abocadas al éxodo abortivo o a someterse a un aborto clandestino», aseguraban.

Con todo, otras asociaciones provida consideran que el descenso de interrupciones podría ser mucho menos drástico. Es el caso del Instituto de Política Familiar (IPF), que estima que la reducción oscilará entre los 4.000 y los 5.000 abortos al año, al menos durante los primeros ejercicios. Eduardo Hertfelder, presidente del IPF, realizó estas estimaciones partiendo de los datos sobre «Interrupción Voluntaria del Embarazo» presentados por el Ministerio de Sanidad en 2009. ¿El motivo? Se trata del último registro llevado a cabo con la ley de 1985, cuyas causas para abortar se han recuperado con la legislación presentada este viernes. «La nueva ley del aborto 2013 elimina el aborto "a petición de la mujer"y la causa de "riesgo de graves anomalías en el feto", volviendo básicamente a las causas para abortar de 1985: salud física y psíquica de la mujer y violación», explica Hertfelder. De esta forma, cree que la previsión para 2014 sería más realista partiendo de este escenario.

Así, en 2009 se produjeron 107.840 interrupciones por riesgo de la salud materna (96,74%), 3.320 por riesgo de graves anomalías en el feto (2,98%) y 322 por «otros motivos» (0,29%). El riesgo psicológico de la madre se mantiene en la nueva legislación, si bien es cierto que se endurecen las condiciones: la mujer deberá acreditar este riesgo «de forma suficiente con dos informes emitidos por dos médicos distintos de los que practican el aborto» y que «no desarrollen su actividad profesional en el centro o establecimiento en el que se lleve a cabo».

Ahora bien, en opinión de Hertfelder, esto no significa que se dejen de producir de golpe más de 107.000 interrupciones.

«Lista» de expertos

Y es que el Instituto de Política Familiar sospecha que las clínicas pueden contar con su propia «lista» de expertos a los que derivar las pacientes. Así, la nueva norma «puede en principio entorpecer a las clínicas, porque antes lo hacían sin ningún problema y ahora les resultaba difícil». Sin embargo, tampoco tiene dudas de que los centros aprovecharán todos los «resquicios» que puedan encontrar en el nuevo texto.

A tenor de estas estimaciones del IPF, y haciendo una media de los precios que se cobran por abortar –oscilando entre los 345 y los 1.655 euros, dependiendo del número de semanas de gestación–, las clínicas se arriesgan a perder más de 4 millones de euros con la nueva legislación. Si se cumple una aplicación estricta, la cantidad podría llegar a superar los 40 millones de euros.

El detalle

RESPALDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El texto ha supuesto un espaldarazo a los derechos de las personas con discapacidad. El secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, recordó que con el anteproyecto se evidencia el «respeto» y «compromiso» de su partido hacia los afectados y su derecho a nacer. «No se desprecia de antemano a ninguna persona por tener alguna discapacidad», dijo.

Para el dirigente del PP, por encima de lo más cómodo «o de lo políticamente correcto», el deber de un legislador es «atender al más vulnerable» porque «ni las presiones económicas, ni las ideológicas, ni la exclusiva voluntad de un adulto pueden ponerse por encima de ese derecho a la vida, que merece un respeto universal».