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La Justicia europea anula la norma que permite a las compañías guardar datos de clientes

La Justicia europea anula la norma que permite a las compañías guardar datos de clientes
La Justicia europea anula la norma que permite a las compañías guardar datos de clienteslarazon

La Justicia europea anuló ayer la directiva de conservación de datos ante su grave injerencia en el derecho a la vida privada de los ciudadanos, una decisión que tendrá un impacto profundo en futuras normativas pero cuyo efecto es inmediato solo a nivel comunitario y no así a escala nacional. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un gran revés para la Comisión Europea (CE), que analizará ahora detalladamente el fallo, cuyas consecuencias más inmediatas son que la UE «se ha quedado con efecto inmediato sin directiva comunitaria de retención de datos», según fuentes comunitarias. La única opción de la CE es presentar una propuesta totalmente nueva, pero la sentencia ya influirá en la revisión de la directiva sobre privacidad y las comunicaciones electrónicas y en las negociaciones sobre el marco legal de protección de datos, reconoció la comisaria de Interior, Cecilia Malmström. No obstante, las legislaciones nacionales «están todavía en vigor» en los 26 Estados miembros que la han implementado (salvo Alemania), por lo que la sentencia no tendrá un impacto, por ahora, en la retención de datos en los países, indicaron las fuentes. La CE no cree que deba recomendar a los miembros que tomen medidas, pero éstos tienen ahora tres opciones: seguir con la legislación nacional tal y como estaba, modificarla en base a la sentencia del tribunal o esperar y ver qué ocurre, explicaron fuentes comunitarias. Los ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir la legislación nacional en sus respectivos países. Los operadores de telecomunicaciones, por su parte, tendrán que cumplir con la retención y las solicitudes de acceso de datos porque, de otra manera, violarían la legislación nacional. La directiva requiere a éstos a almacenar durante al menos seis meses pero no más de dos años datos de tráfico y de localización generados o procesados por proveedores de servicios y de redes.