La ley del aborto «no perjudica al Sistema Nacional de Salud»

Cinco minutos antes de abordar el último punto del día, los consejeros de las 17 comunidades autónomas recibían del Ministerio el informe que éste ha realizado a petición del Ministerio de Justicia sobre el impacto del anteproyecto de ley del aborto en la legislación sanitaria. «No nos han dejado analizarlo y la mayoría no tenemos formación jurídica por lo que no podemos emitir un juicio sin haber estudiado los puntos primero», afirmaba tres horas y media después del inicio de la la reunión Faustino Blanco, consejero de Sanidad de Asturias, una de las cinco comunidades autónomas que se oponían a incluir este punto en el orden del día y que rechazan frontalmente la norma que ha promovido Gallardón.

A pesar de algunas reticencias, la ministra de Sanidad, tras la reunión, ha insistido en que «el anteproyecto mejora el marco legal de los profesionales sanitarios». A lo que se refiere Mato es a uno de los tres puntos que han incorporado en el informe, de unas 20 páginas, los otros dos afectan a la información que se le da a la mujer embarazada, que «se refuerza», según la titular de la cartera, y «garantiza la cartera de servicios» –la interrupción voluntaria del embarazo está recogida y debía analizarse su impacto en esta prestación–. Así, el informe era de carácter «técnico-jurídico» y el Ministerio concluye que la ley que se presentó hace seis meses «no tienen un impacto negativo en el Sistema Nacional de Salud (SNS)». A pesar de las explicaciones de la ministra en lo que se refiere a la nueva regulación de la objeción de conciencia no queda claro a qué profesionales puede afectar la nueva regulación ya que «incluye a todos los profesionales que estén relacionados directamente con el procedimiento del aborto», insistió la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. «Se recoge con mayor fidelidad las diferentes sentencias del Tribunal Supremo». Estas resoluciones se producen a raíz de las denuncias que profesionales sanitarios han planteado desde que se aprobó en 2010 la actual norma de interrupción del embarazo.

Ni la ministra ni el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, entraron a valorar las declaraciones de tres de las cinco comunidades que mostraron su rechazo a la inclusión como punto del día del informe requerido por Justicia, pero Echániz insistió en que «no es lugar para mostrar posicionamientos políticos».

En el orden del día también se aprobaron temas relevantes como dar más autoridad a los médicos a través de una norma que promueve el Minsterio, ya que, como insistió Mato, «al año se producen unas 6.000 agresiones». También se aprobó un documento para mejorar el sistema de cuidados paliativos pediatricos porque «necesitan una mayor especialización y atención integral al niño».