La pena de muerte sigue viva

A la espera de que arranque el juicio de Pablo Ibar el próximo 1 de octubre, las encuestas en Estados Unidos demuestran un ascenso del número de defensores de la pena capital por primera vez en 40 años.

Usted qué eligiría, ¿inyección letal o silla eléctrica? En Carolina del Sur dan alguna que otra facilidad: una vez condenado, el reo puede escoger el método por el que le despachan. Boby Wayne Stone, de 52 años, acusado del asesinato del sheriff Charles Kubala en 1996, eligió la aguja. Como él, hay otras 2.724 personas que esperan en el corredor de la muerte estadounidense su ejecución. Por noveno año consecutivo, el país gobernado por Donald Trump fue el único territorio de América en llevarlas a cabo, dando muerte a 20 personas en 2016 y 23 en 2017. Un ligero incremento de casos que pone de relieve el ascenso del número de defensores de la pena capital por primera vez en 40 años. Aun así, es una cifra bastante alejada del 80% que constaba en 1994.

Según el estudio realizado por el Centro de Investigación Pew (Washington), los simpatizantes del partido republicano son quienes defienden la pena de muerte, mientras que los independientes y los demócratas se oponen a la medida. De este modo, el porcentaje de defensores se ha incrementado en cinco puntos, del 49 al 54 por ciento, después de que los estados de Tennessee, Nevada y Nebraska la hayan implantado de nuevo. El de los detractores, en cambio, ha bajado hasta el 39%. «Tenemos que acabar con los ataques a nuestra policía», sostuvo Trump el pasado mes de mayo sobre la posibilidad de imponer esta condena a quienes maten agentes en Estados Unidos. Se trata de idea que planteó durante su campaña electoral en 2015 y cuya implementación no es fácil, dado que la pena capital no es legal en todo el país.

Poco antes, anunció que su Gobierno la solicitará para los narcotraficantes, en un intento por combatir la epidemia de adicción a los opiáceos que cada día deja 175 muertos por sobredosis. «El número de ejecuciones en Georgia se multiplicó casi por dos comparado con el año anterior (de 5 a 9), mientras que la cifra se redujo a casi la mitad en Texas (de 13 a 7)», recoge el informe anual elaborado por Amnistía Internacional. Juntos, estos dos estados fueron responsables del 80 por ciento de las ejecuciones llevadas a cabo en el país en 2017. A finales, había 2.832 personas condenadas a muerte en Estados Unidos. «No obstante, China, Irán, Arabia Saudí, Irák y Pakistán lideran la mayoría de las ejecuciones mundiales».

China sigue siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte, pues lo datos al respecto están clasificados como secreto de Estado. De hecho, en la cifra global de 993 ejecuciones no están incluidas las miles que se cree que se han llevado a cabo en el gigante asiático. Irán, por su parte, ejecutó a al menos 507 personas, el 60 por ciento del total de los supuestos confirmados en Oriente Medio y el Norte de África. Arabia Saudí, a 146 personas, el 17 por ciento del total en la región. «Debemos mantener el orden, garantizar la seguridad y lograr la justicia mediante la aplicación de las reglas prescritas por Dios para quien agrede a inocentes y derrama su sangre», aseguró en octubre de 2016 el Ministerio del Interior saudita en un comunicado.

Frente a esta tendencia, 106 países del mundo han abolido la pena de muerte. Sin embargo, aún quedan 58 que prevén en sus legislaciones esta medida, de los cuales 23 la llevaron a cabo en el último año. Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones en 2017, mientras que en Singapur y Somalia se duplicaron. Mongolia y Guinea, en cambio, han sido los últimos en sumarse al sector abolicionista. Pero, ¿qué ocurre en Europa? Las duras imágenes del ahorcamiento del dictador irakí Sadam Husein y de varios de sus colaboradores provocaron hace una década una oleada de indignación en buena parte de la comunidad internacional, sobre todo en la Unión Europea, donde ningún país mantiene la pena capital. «Los políticos empiezan a darse cuenta de que la pena de muerte no funciona, que no ayuda a reducir los crímenes, y que cuando hay un error judicial, siempre es demasiado tarde», dijo entonces Jeroen Schokkenbroek, responsable del Departamento para el Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, como consecuencia de la instauración de la Constitución de 1978, en la que quedó abolida con la excepción de los casos que la legislación militar establece para tiempos de guerra. «España recuerda su postura de oposición a la pena de muerte en todo lugar y circunstancia, por considerarla un castigo cruel, inhumano y degradante, sin efectos probados en la prevención del crimen, y sin posibilidad de reparación en caso de error judicial», argumentó José Manuel García-Margallo, entonces ministro de Asuntos Exteriores. Según el último Índice de Opinión Pública, uno de cada cuatro españoles (26,5 por ciento) apoyan la pena de muerte, siendo más partidarios los jóvenes de entre 18 y 24 años que los mayores de 65. Las variaciones que se observan en relación a esta posición con respecto a hace tres años son muy reducidas y apenas relevantes. Así, desciende más de dos puntos con respecto a 2015, algo que contrata con el fuerte incremento en Estados Unidos.