Las ayudas estatales a las ONG, en el limbo

Algunas organizaciones, abocadas a desaparecer tras el fallo del TS sobre quién debe gestionar las subvenciones

El sistema de financiación de las ONG dedicadas a la acción social «tiembla» y puede que muchas se vean abocadas a desaparecer en un momento en el que España registra 13 millones de personas en situación de pobreza. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre subvenciones que afectan a la estructura de las ONG y otra que se espera en breve y que podría dejar al Estado sin competencias para el reparto de la asignación tributaria para fines sociales del IRPF, podrían tirar por tierra el sistema de ayudas por el que las organizaciones no gubernamentales han venido rigiéndose en los últimos 29 años. La decisión judicial ha paralizado una partida presupuestaria de, aproximadamente, 10,5 millones de euros, de acuerdo con los datos de la convocatoria de 2014.

El primer «aviso» ya vino el pasado 9 de junio con una primera resolución. El Alto Tribunal estimó un recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Cataluña alegó que la Administración General del Estado no respeta la «competencia exclusiva en materia» de asistencia social. ¿Qué alcance puede tener la sentencia del Supremo? «El resultado es nefasto porque supone que los diez millones de euros que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad iba a repartir entre 130 entidades que esperaban ese dinero para afrontar el pago de personal o de gastos corrientes se queden paralizados y no lleguen a sus destinatarios», explica Elena Rodés, directora de la Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a 30.000 entidades de acción social.

Aunque, en realidad, la sentencia más temida es la que las ONG esperan con angustia, previsiblemente en septiembre, cuando el Alto Tribunal se pronuncie sobre si debe ser el Estado o las comunidades autónomas las que repartan los fondos recaudados por la casilla social del IRPF destinada a las ONG que, en 2013 marcaron uno de cada dos contribuyentes. Gracias a esta recaudación se beneficiaron 469 organizaciones sin ánimo de lucro y realizaron 1.236 programas dirigidos a más de seis millones de personas en riesgo de exclusión en nuestro país. Las organizaciones sociales temen que el fallo se produzca esgrimiendo argumentos similares a los contemplados contra el Real Decreto y, en este caso, el daño sería más grave, teniendo en cuenta que muchas ONG dependen hasta un 90 por ciento de las subvenciones gubernamentales. A otras, con fuentes de financiación más diversificada, el agujero económico que podría crearles podría ser también importante aunque no comprometería tanto su superviviencia. Este es el caso de World Vision, una entidad que trabaja sobre todo en cooperación internacional, ayudando a los niños más necesitados. Desde esta entidad aseguran a LA RAZÓN que gastos estructurales como la factura del teléfono o la contratación del personal necesario para sacar adelante la organización pueden ponerse en peligro. «Hasta ahora hemos contado con el apoyo de particulares y de empresas, pero las donaciones pueden variar. No podemos contar con la misma cuantía cada año», afirman desde esta ONG. Por ello, antes de que llegue el fallo del Alto Tribunal, «nos unimos a la demanda de toda la plataforma de acción social en contra de la sentencia del Supremo». Y es que saben que la próxima sentencia puede volver a dar razón al Gobierno catalán.

Si el Supremo falla nuevamente a favor del recurso de la Generalitat, tal y como se teme, «estaríamos hablando de 400 entidades afectadas, más de mil proyectos y más de seis millones de personas en situación de riesgo en España», puntualiza Elena Rodés, porque la asignación del dinero también quedaría paralizada este año al encontrarse el procemiento en proceso. «La situación que se produciría es catastrófica, asistiríamos a la desvertebración del sector y a su casi desaparición».

Que los pagadores de las subvenciones en lugar del Gobierno central sean las Comunidades Autónomas no convence a la Plataforma del Tercer Sector, que considera que «si el dinero lo gestionan las autonomías no sabemos exactamente dónde iría a parar, porque la asignación del IRPF iba hasta ahora a proyectos concretos, pero no ocurriría lo mismo a partir de ese momento», añade Rodés. Y es que, mientras que la anulación del decreto que determina el reparto de subvenciones restringe el reparto de diez millones, si lo que Hacienda recauda para acción social a través de la Declaración de la Renta se paraliza, podríamos estar hablando de cientos de millones. Un hecho que preocupa especialmente al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y que, por ello, como confirmaron a LA RAZÓN están intentando encontrar una solución a la decisión judicial ya emitida y a la que pueda llegar a finales de verano, aunque «aún no está claro dónde puede estar esa solución». El titular de esta cartera también ha mostrado en varias ocasiones su desacuerdo con la decisión del Supremo. «Para el ministerio seguramente, o para la Administración General del Estado, no parecía mucho dinero, porque eran apenas 10 millones de euros, pero para las 130 organizaciones que según el tribunal, no han de recibir asistencia, eran decisivas», lamentó tras conocer la decisión de la Justicia. «Lo que se invoca en esa sentencia es que el Estado no puede ejercer competencia» en la subvención de organizaciones de acción social con ámbito nacional, las mismas que se regulan en la Ley del Tercer Sector de Acción Social aún en trámite parlamentario. «Yo estoy en contra y espero que a través de esta legislación nacional, que da verdadera carta de naturaleza a estas organizaciones, se garantice que el Estado puede seguir ejerciendo el papel que le corresponde», remarcó.

Las entidades de cooperación internacional que se verían afectadas con la decisión del IRPF, como la ONG Aída, esperan que el Alto Tribunal no apoye la demanda de la Generalitat porque «si el dinero destinado a cooperación por parte del Estado cada vez es menor, el apoyo a ONG como la nuestra era otra vía de ayuda. Sin el dinero de esta casilla desaparecería, se tendría que buscar otra fórmula», explica Paula Sánchez-Alciturri.