Asuntos sociales
Las maltratadas tendrán apoyo jurídico gratuito antes incluso de denunciar
Estarán exentas de todos los gastos judiciales y del pago de las nuevas tasas
Las mujeres víctimas de violencia de género recibirán asistencia jurídica gratuita desde el momento previo a la denuncia hasta la finalización del proceso. Además, este derecho se amplía a los familiares, en el caso de fallecimiento de la víctima, siempre y cuando no se trate del agresor. Éstas son algunas de las novedades que presenta el anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que se aprobará hoy durante el Consejo de Ministros. En realidad, la cobertura de la asistencia jurídica gratuita es mucho más amplia y afecta también a las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, así como los menores de edad y personas con discapacidad psíquica y víctimas de abuso o maltrato en aquéllos procesos vinculados con su condición de víctimas. Estos colectivos también recibirán asistencia especializada, incluido el asesoramiento previo, lo que garantizará su protección desde el primer momento.
En el caso de la violencia de género, se pretende dar la mejor atención posible a las víctimas desde el mismo momento que acuden a una comisaría o a un juzgado a denunciar su situación. Asimismo, establece que la defensa sea ejercida por el mismo abogado durante todo el proceso, siempre que quede garantizado su derecho de defensa.
Periodo de vigencia
El texto aclara que la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia, querella o se inicie un procedimiento penal y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo definitivo del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones gratuitas disfrutadas.
Con este anteproyecto, el Gobierno pone fin a la polémica iniciada el pasado mes de noviembre por la diputada socialista Carmen Montón, que reprochó al Ejecutivo que las víctimas de maltrato tuvieran que pagar las nuevas tasas judiciales en procedimientos civiles como el divorcio.
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