Las seis medidas del Gobierno para el Cambio Climático

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la desacarbonización al 100 por 100 de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también formarán parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa. Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha dicho que el paquete normativo es la "combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea".

Así pues, las medidas que aprueba el anteproyecto de Ley son:

-Reducir al menos un 20 por ciento (%) las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990, generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable y asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos un 35%.

-Solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están "debidamente"justificados por motivos de "interés social o económico"o por la "inexistencia de alternativas tecnológicas". Se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil que incluirá un calendario para revisar estas ayudas.

-Se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico.

-El Gobierno trabajará para acompañar al sector de la automoción y pondrá en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos. También se creará una Mesa de la Movilidad en la que participarán todos los agentes implicados. La ley contemplará que el Ejecutivo deberá elaborar una 'Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada' que analizará las desigualdades en el acceso a modos de transporte más limpios, la transformación digital en el transporte y la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones para el transporte. En la actualidad, dado que el transporte es el responsable de más del 26% de las emisiones contaminantes y del 42,1% de las de óxidos de nitrógeno, el anteproyecto establece en 2050 la fecha en la que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros deberá ser libre de emisiones directas de CO2. Como paso intermedio, los nuevos coches y furgonetas serán cero gramos de emisión de CO2 por kilómetro "no más tarde en el año 2040".

-Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar, antes de 2023 con zonas de bajas emisiones y poner en marcha medidas para facilitar el uso de la bicicleta, los desplazamientos a pie y otros medios de transporte activo, así como mejorar el transporte público, que deberá ser electrificado de forma progresiva. Las gasolineras y estaciones de servicios que en 2018 vendan más de 5 millones de litros de gasolina al año tendrán que contar con, al menos, una infraestructura de recarga eléctrica con una potencia igual o superior a 22 kw. En el transporte marítimo, los puertos también deberán ser cero emisores de CO2 en 2050.

-El anteproyecto contempla que para incentivar la economía baja en carbono, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán tener un impacto positivo en el cambio climático y este objetivo se revisará al alza antes de 2025. A partir de 2020 los ingresos de las subastas de derechos de emisión de GEI se destinarán los objetivos de cambio climático y las leyes de PGE podrán destinar, hasta el 30% de estos a medidas de transición justa. Los bancos, empresas cotizadas, aseguradoras y sociedades de gran tamaño deberán elaborar un informe cada año que evalúe el impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático, al tiempo que el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cada dos años evaluarán los riesgos para el sector financiero del cambio climático, para su envío al Congreso de los Diputados.

EP