Ley antitabaco: un ejemplo de la limitación de las libertades públicas

No creo que al día de la fecha haya muchas personas que no piensen que «fumar mata» y que hay que hacer un esfuerzo colectivo por trasladar a la población la conveniencia de no iniciarse en este vicio o de retirarse del mismo antes de que sea tarde. No creo tampoco que muchos «disfruten» molestando a vecinos o colindantes echándoles el humo encima, aunque sean incluso también fumadores, por higiene y sobre todo por educación.

Pero parece que son pocos los que piensan que todo esto debe ser un esfuerzo colectivo y una materia de formación, información, educación y convicción que desde los poderes públicos debe de potenciarse, sin duda, por razones de salud pública, pero siempre con el máximo respeto a las libertades individuales y evitando que el desaforado ánimo intervencionista en todas las esferas y la demagogia lleven a intentar poner puertas al campo y a avanzar peligrosamente hacia una economía dirigida de corte totalitario.

Hay muchos argumentos para pensar que el Estado debe meterse lo menos posible en la vida de sus ciudadanos (en todo) y dejarles decidir libremente (pero con toda la información precisa para evaluar sus consecuencias) si fuman o vapean al aire libre, obviamente siempre que no molesten o perjudiquen a terceros, que tienen igual derecho a ejercer su esfera de libertad en plenitud. Es decir, la intervención excesiva del Estado y la obsesión regulatoria, sobre todo lo que concierne a la vida de las personas, lleva a nuestro juicio a un modelo de sociedad que bien pudiera revelarse contra la norma, produciendo así un efecto contrario al deseado.

¿Alguien piensa que por no poder fumar en una terraza acondicionada para ello con los requisitos que correspondan una persona va a dejar de fumar? Obviamente, no.

Se buscará la vida para hacerlo en otro lugar, para soslayar la norma, o simplemente se ira a su casa con sus amigos para tomar la copa y fumar el cigarro o cigarrillo, eso si, probablemente inmerso en una nube de humo que afectara a toda la casa, fumadores o no.

¿Es mas «sano» fumar en la playa que en una piscina amplia con área o zona de fumadores? ¿En qué informes científicos contrastados se apoya la equiparación del «vapeo» a la del «tabaco»? ¿Por qué el Reino Unido, entre otros países, mantiene que el vapeo es una herramienta de salud publica para dejar de fumar y España pretende homologarlo al tabaco? ¿Cuántos fumadores de tabaco intentan el vapeo para una transición mas suave hacia el abandono del tabaco?

¿Cuántos podrían dejar el vapeo (se contemplan menos sabores e igual dificultad social) y volver al tabaco? ¿Alguien ha pensado en el impacto social y económico de estas medidas que se pretenden implementar en el nuevo anteproyecto de ley? ¿Se creara una «policía» antitabaco o será una carga más para ayuntamientos y comunidades autónomas?

La verdad es que la futura ley está llena de preguntas sin respuesta o de preguntas con respuestas dogmáticas que buscan avanzar en implantar un modelo de comportamiento social determinado por el poder político, a golpe de decreto y limitando las libertades individuales, con la siempre «socorrida» bandera de la Salud Publica.

Desde el punto de vista económico la cosa tampoco es menor, dado que, al margen del daño económico para los establecimientos autorizados, comercializadores y vendedores de vapeadores, esta nueva intervención del Estado llevara a producir un gran impacto en la hostelería, con perdida de empleo neto y de competitividad de la misma en relación con otros mercados y zonas turísticas con normas más permisivas o tolerantes.

También nos tememos que se potenciará el «mercado negro» de los vapeadores «ilegales», sin controles de calidad y por lo tanto con mayor riesgo para la salud de mayores, y también me temo que de menores, a los que resultara imposible de controlar.

Queda tiempo aún para que durante la tramitación del anteproyecto y del proyecto de ley se dé una vuelta a todo esto y desde el realismo se regulen las cosas sin poner puertas al campo y respetando todas las esferas de libertad individual. Los derechos de los no fumadores deben de ser respetados y protegidos normativamente pero también los de los fumadores (que libremente deciden seguir siéndolo aun a sabiendas de los riegos que corren).

También estos últimos son ciudadanos libres e iguales en plenitud de ejercicio de todos sus derechos y libertades públicas, y tienen derecho a un «trozo de calle, de terraza, de piscina o de playa», y a decidir cómo y cuando dejan de fumar…si es que pueden». La prohibición no es una ayuda, es una limitación de sus libertades que siempre que no perjudiquen a otros deben de ser ejercidas en plenitud.