Fin del calvario para Quique, Julio y Manolo

Los tres bomberos sevillanos voluntarios en la isla griega de Lesbos fueron liberados ayer, tras pagar una fianza de 5.000 euros cada uno. El juicio tendrá lugar en un mes y se enfrentan a penas de casi diez años acusados de posesión de armas y de violación de la Ley de Extranjería

Julio Latorre, José Enrique Rodríguez y Manolo Blanco, los tres bomberos sevillanos detenidos el jueves en la isla griega de Lesbos, fueron declarados ayer en libertad con cargos y se mantien su acusación de violación de la Ley de Extranjería y posesión ilegal de armas. Para salir de la cárcel han tenido que hacer frente a una fianza de 5.000 euros cada uno y se espera que el juicio tenga lugar en un mes.

Tras más de 12 horas de espera, finalmente el veredicto fue positivo para estos tres voluntarios de Proem-Aid, una ONG que nació en Andalucía tras la difusión de la fotografía de Aylan Kurdi, el niño sirio que murió ahogado en las costas griegas Grecia. Los bomberos sevillanos, que llevaban un mes y medio ayudando a refugiados sirios a alcanzar las costas de Lesbos, escucharon uno por uno la sentencia del juez que dictaminaba que eran libres de los cargos de los que se les acusaban y por los que podrían haber pasado casi diez años encerrados.

Horas antes, sus vecinos se congregaban demandando su libertad. La Plaza Nueva, enmarcada por el emblemático Hotel Inglaterra y la suntuosa Casa Grande, donde tiene su sede el Ayuntamiento de Sevilla, es el kilómetro cero de la capital hispalense, donde los ciudadanos se concitan espontáneamente cuando un suceso los lleva a echarse a la calle. Al mediodía de ayer, centenares de ellos se reunieron aún estupefactos por la detención en Grecia de estos tres bomberos. Allí se mantuvieron durante horas, protestando por la situación de sus conciudadanos y pidiendo la liberación de los tres bomberos cooperantes lo antes posible.

Los tres bomberos sevillanos son voluntarios de la ONG Proem-Aid y realizaban labores de asistencia a los refugiados en el Egeo fueron arrestados por la Guardia Costera griega junto a dos daneses de la organización Team Humanity que les habían solicitado ayuda para rescatar un barco a la deriva atestado de inmigrantes. Desde el jueves, se encontraban detenidos en las dependencias judiciales de la isla de Lesbos, en unas condiciones que José Antonio Reina, presidente de Proem-Aid, convencido de la «absoluta inocencia» de los afectados, calificó como «deplorables». Su secretario, José Manuel Pastor, estaba «seguro» de que la Justicia griega los dejaría en libertad sin cargos y quiso mostrarse tranquilizador al resaltar que «están asesorados por un abogado experto en derecho internacional» y cuentan con la «declaración favorable» de tres diputados de Syriza. «No esperamos otra cosa que no sea la libertad sin cargos, porque no han hecho nada ilegal y las acusaciones son falsas».

Otros seis bomberos de Proem-Aid, cinco de Andalucía y uno de Alicante, tienen previsto partir mañana a la zona para retomar la ayuda a los refugiados en Lesbos. Uno de ellos, José Amor, que va por segunda vez a las islas griegas, expresó tras la manifestación su preocupación por la posibilidad de que «se estén endureciendo» la condiciones de ayuda humanitaria. También destacó la «solidaridad y hospitalidad» del pueblo griego con los refugiados, y ha calificado de «inexplicable» que la autoridades de la Unión Europea y sus gobiernos «no ayuden» a las personas que huyen de la guerra.

Fuera de las declaraciones públicas, que aluden más a lo sentimental que a lo jurídico, los expertos en cooperación preferían ser cautos y esperaban que la dureza con la que habían sido tratados Latorre, Rodríguez y Blanco «tenga que ver con un malentendido relacionado con la rigidez de los protocoles que regulan estas actuaciones que con la voluntad política de entorpecer la labor de las ONG», según otro bombero sevillano que ha participado en misiones de rescate y prefiere mantenerse en el anonimato. La fuente explica que «la normativa es muy clara al prohibir que se asista a alcanzar la costa a personas que no corren ningún peligro y si los griegos entienden que recogieron a los refugiados en Turquía, o en aguas territoriales turcas, para introducirlos en la UE, el problema puede ser de mucha envergadura».

Las familias de los detenidos se declinaron hablar con los medios hasta que la situación hubiera sido esclarecida. Una fuente sindical señala que los allegados de sus compañeros se encontraban «asustados y afectados, no se explican cómo una persona que va a ayudar como voluntario termina viéndose en la cárcel. Nuestros familiares están acostumbrados al peligro que podemos correr cuando entramos en un edificio en llamas pero no a que nos traten como a delincuentes».

En La Algaba, la localidad donde reside José Enrique Rodríguez, el alcalde del pueblo Diego Manuel Agüera exigía ayer a las autoridades helenas «la liberación sin cargos de nuestro vecino Quique», a quien consideraba «detenido injustamente por intentar ayudar a las personas que huyen de la guerra y que se juegan la vida en el mar».