Los ecologistas denuncian la existencia de más de un millón de pozos ilegales como el de Julen

Alertan de que muchos de ellos están sin tapar y sin señalizar y que es muy habitual encontrarse con ellos al caminar por el campo en las comunidades de Murcia, Castilla-La Mancha o Valencia

Cuando el pasado domingo se conoció la noticia de que Julen, un niño de dos años, había caído por un pozo de 110 metros en Matalán (Málaga) nadie podía entender cómo podía haber un agujero como ese e el suelo, sin señalizar y si tapar. Con el paso de las horas, se ha conocido que la prospección en busca de agua se realizó sin la autorización pertinente de la Junta de Andalucía y los investigadores tratan de averiguar si la empresa responsable de la realización del pozo tapó el agujero con una gran piedra, situada a medio metro de profundidad, tal y como declaró ante la Guardia Civil su responsable Antonio Sánchez Gámez.

Lo cierto es que la existencia de pozos como este son habituales. El Gobierno explicó en el año 2006 que en España había 510.000 pozos ilegales en toda España, que podían extraer hasta 3.770 hectómetros al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes, aunque en realidad el destino de este agua es fundamentalmente el regadío. Sin embargo, los grupos ecologistas estiman que esta cifra supera fácilmente el millón debido a la permisividad de las distintas administraciones. Con tantas perforaciones de este tipo, "es muy normal encontrarse pozos por el campo en las comunidades de Murcia, Valencia o Castilla-La Mancha, donde ha aumentado el regadío un 46,5 por ciento en los últimos 20 años", indica Santiago Martín Barajas, responsable de aguas de Ecologistas en Acción. "Ni el gobierno ni las administraciones regionales han hecho nada para acabar con esto. Ha habido una absoluta permisividad. Históricamente, la política ha sido cuanto más regadío, mejor. El problema es el absoluto desgobierno y dejación de funciones en este tema".

En opinión de Martín Barajas, estas prácticas ponen en peligro los acuíferos subterráneos. Un informe del Gobierno ya alertó el año pasado de que el agua de los acuíferos era de peor calidad. "De lo que no se dan cuenta es de que el agua subterránea y la superficial están conectadas, con el riesgo de contaminación que existe. El agua es de peor calidad por los nitratos de los cultivos, pero también por otros aspectos, incluso, más preocupantes. En las zonas de costa existe el riesgo de que el agua marina entre en los acuíferos sin control, lo que contaminaría el agua para siempre y provocaría un daño irreparable", concluye.

Julio Barea, responsable de campañas de consumo y Biodiversidad de Greenpeace, insiste en la dejación de funciones de las administraciones: "En los últimos cinco o seis años sólo se han cerrado una docena de pozos ilegales, pero se han hecho muchos más para regadío, la industria, para mantener campos de golf o incluso algunos ayuntamientos han recurrido a ellos para llenar las piscinas municipales. Hay un descontrol absoluto. Además de riesgo que supone que al no estar legalizados no hay ningún control para que estén tapados con hormigón y señalizados".

Las cifras de más de un millón de pozos ilegales existentes en España, es una cifra que para Barea debe estar muy cerca de la realidad y están poniendo en peligro los acuíferos. "Con la escasez de agua, la sequía y las consecuencias que se prevén del cambio climático, va a haber un grave problema en los próximos años. Las ciudades de costa podrán recurrir a desalar el agua de mar, pero las poblaciones que estén a más de 100 kilómetros van a tener dificultades para poder acceder al agua". En este sentido, añade, "la falta de supervisión y control, está provocando la contaminación de los acuíferos, muchos de ellos utilizados por la industria, y ya están perdidos para siempre. Es un auténtico drama".

"Según datos oficiales del Instituto Geológico y Minero de España, actualmente el 44% de las masas de aguas subterráneas está en mal estado cuantitativo y/o químico (sobreexplotados y/o contaminados). Una cifra que, de no controlarse seguirá aumentando y pondrá en serio peligro el abastecimiento humano, y la supervivencia de todos los ecosistemas peninsulares", explica.

Para Barea, el problema que hay detrás es meramente político. Es una medida impopular que puede suponer la pérdida de muchos votos. Como ejemplo pone el coto de Doñana, un asunto que trató directamente con la Junta de Andalucía. Hay más de 1.000 pozos ilegales y la administración sabe que el problema pasa por acabar con esa utilización ilegal del agua. Por ello, "les propuso a los regantes que recogieran el agua de otra zona, donde se trasvasaría agua, pero será difícil que lo acepten porque eso supondría pagar por algo que actualmente le sale gratis. La administración sabe que no puede tomas medidas drásticas porque eso supondría la pérdida de votos y los votos de la zona de Doñana, por la configuración de nuestro sistema de representación, tiene un peso mayor que el de otras zonas. Tiene un valor electoral muy grande. Y eso pasa también en otras zonas de España", lamenta.

España ha mantenido una política hídrica basada en satisfacer cualquier demanda de agua, sea, a base de infraestructuras hidráulicas. "El país cuenta con más de 1.200 embalses, que segmentan la práctica totalidad de los cauces con la graves consecuencias ecológicas. Esto nos sitúa como el quinto país del mundo con mayor número de grandes presas y el primero en número de embalses por habitante y kilómetro cuadrado, con una capacidad de almacenar 55.981 hm3", explica Barea.

Sin embargo, "esta ingente capacidad de guardar agua 'en superficie' está actualmente en jaque debido al crecimiento desorbitado de la demanda. Es responsable de ello un sistema de regadío sobredimensionado, pero también los usos urbanos e industriales que aumentan año tras año. Se plantea actualmente una crisis en el sistema, que se agravará debido a la disminución de las precipitaciones y la elevación de las temperaturas como pronostica la ciencia a consecuencia del cambio climático. Por el momento dicha situación está impidiendo dar un uso sostenible del agua y mantener nuestros ecosistemas acuáticos en buen estado ecológico", lamenta.

Por ello, considera que es "imprescindible frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles. Luchar contra el deterioro de las masas de agua (subterráneas y superficiales), y combatir con todas las armas legales la apropiación y sobreexplotación de acuíferos y cauces".