Los Mossos desalojan a las familias del bloque de viviendas ocupado en Salt

La policía de la Generalitat ha procedido a las 9:15 horas al desalojo del bloque ocupado en Salt desde el pasado marzo sin que se hayan producido incidentes, según informan los Mossos d'Esquadra, que confirman que en el momento de la intervención había once personas, una de ellas menor de edad.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Girona ha manifestado a través de las redes sociales su queja por las fechas próximas a Navidad en que se ejecutado esta operación, que ha requerido de apenas media hora para llevarse a cabo.

El desalojo estaba autorizado desde el pasado mes, después de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo aceptase la información sobre medidas de realojo de las familias que había reclamado al Gobierno español.

La actuación policial ha sido ejecutada por un centenar de agentes que han desplegado un operativo con una veintena de furgonetas.

Cinco de las familias que ocupaban el bloque disponían ya habían sido realojadas en otras viviendas, otra se halla en trámites y siete han sido descartadas por carecer de los requisitos para acceder a este tipo de prestación, mientras que otra persona ha renunciado al piso que se le ofrecía y ha aceptado una ayuda al alquiler.

La policía protege el perímetro del edificio una vez se ha precintado y cambiado la cerradura a los diferentes domicilios, por lo que los afectados y personas que se han solidarizado con ellos se han concentrado en las inmediaciones del huerto que los vecinos habían puesto en marcha.

Diferentes formaciones políticas como CUP o ERC, así como el sindicato CCOO, han defendido a los desalojados y han reclamado que se les proporcione una vivienda social.

Una portavoz de la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietaria del bloque ocupado, ha manifestado a Efe su agradecimiento a la Generalitat por su implicación en la búsqueda de soluciones a las familias.

La Sareb recalca que las acciones en materia de vivienda social están conferidas a las Comunidades Autónomas, a las que insta a seguir con su trabajo en este ámbito.

Esta entidad recuerda en todo caso que fue creada con el mandato de liquidar la cartera de inmuebles que le fue traspasada para contribuir a que la reestructuración bancaria conlleve el menor coste posible a los ciudadanos.

Además, Sareb se declara consciente de la problemática existente por la falta de vivienda y subraya que ha puesto entre 1.500 y 2.000 pisos a disposición de las administraciones para alquileres sociales.

La portavoz ha explicado además que se trabaja actualmente para firmar convenios con seis Comunidades Autónomas y ha puntualizado que la ocupación de Salt ha sido una "acción ilegal"tras la que se abre un periodo de análisis y valoración de daños.