Seis años después de su último documento de análisis sobre el Tercer Sector de Acción Social en España (TSAS), la Fundación Botín aborda su situación en un nuevo informe, en el que trata el desarrollo, el impacto y los retos de las entidades sociales. Las diferentes crisis que han azotado nuestro país en estos años, como la económica de 2008, la sanitaria de 2020 por la Covid-19 y la geopolítica de 2022, aún sin finalizar, han obligado a las organizaciones a adaptarse a los cambios en la estructura social y económica. Por debajo persisten problemas estructurales, como una débil base financiera, la dualización del sector (con un pequeño grupo de grandes organizaciones y miles de pequeño tamaño) y una presencia desigual dentro de la sociedad civil.

En este momento trabajan en España un total de 28.000 entidades sociales sin ánimo de lucro, un 4% menos que en 2018, que intentan dar respuesta a las necesidades sociales urgentes de personas y colectivos en situación de exclusión y vulnerabilidad, a la vez que persiguen crear un clima de integración social y redefinir la propia naturaleza de los TSAS en un clima de desconcierto provocado por las crisis sucesivas.

Casi la mitad de ellas (un 48,9%) son de tamaño muy pequeño (con ingresos de menos de 30.000 euros), un 29,3% son pequeñas (entre 30.000 y 300.000 euros), un 11,4% medianas y y casi un 11% grandes (más de 1 millón de euros). En los últimos años ha aumentado el número de entidades muy pequeñas, mientras que las medianas y grandes han descendido sensiblemente. Además, el 80% colaboran unas con otras con diferentes fórmulas. Hace 15 años, la Fundación Botín creó el programa «Talento Solidario», en el que ha invertido 8 millones de euros, para fortalecer el sector social y mejorar la eficiencia de las pequeñas y medianas empresas.

Todas ellas en mayor o menor medida luchan contra los nuevos desafíos en el actual contexto de crisis, como son el envejecimiento de la población, la discapacidad y la dependencia, las nuevas formas de exclusión social, la integración de la población inmigrante, la igualdad de género, la garantía de los derechos del menor y la reorganización del sistema de cuidados, entre otros.

Y por este motivo, es frecuente la cooperación del TSAS con las administraciones públicas, tanto a nivel de estrategias estatales y autonómicas como en la gestión de programas. Esta colaboración surge de la necesidad mutua y de la búsqueda de políticas efectivas, aunque en la práctica supone que muchas entidades tengan como única fuente de recursos las de origen público, lo que provoca dependencia financiera.

Paradójicamente, la actividad relacionada con la vivienda, uno de los grandes problemas actuales a nivel social, con situaciones como desahucios, sinhogarismo y hacinamiento, se ha reducido drásticamente, y ha pasado del 8,7% en 2015 al 0,7% en 2024.

Profesionalización

Durante los últimos años se ha incrementado de forma considerable el número de actuaciones de estas entidades, que ha pasado de 42 millones en 2008 a 47 millones en 2023 (un 11%). Asimismo, han aumentado sus ingresos en un 13%, hasta situarse en el día de hoy en el 1,2% del PIB nacional, con 19.063 millones en 2023.

Pero también conviene destacar que el empleo generado por el Tercer Sector ha crecido un 15%, de 529.029 personas en 2008 a 609.761 en 2023. Aunque aquí hay que señalar que no todas las entidades tienen personas contratadas (el 55,9% en 2023), y las que tienen menos de 6 empleados son la inmensa mayoría. Respecto al perfil de los trabajadores, predomina el género femenino, con una edad entre los 35 y los 65 años.

En este sentido, se trata de un sector con un capital de humano de gran nivel, ya que el 68% de sus profesionales tienen estudios de grado o diplomatura.

El peso del personal voluntario sigue siendo muy importante (1,5 millones en Acción Social en 2023, aunque crece hasta los 4 millones en todo el Tercer Sector), ya que un tercio aproximado de las entidades sociales cuenta con él. Aunque su participación muestra una tendencia irregular, ya que aumentó en los años centrales de la crisis (2010 a 2013), y posteriormente se redujo hasta 2023, cuando registró un incremento significativo (del 83,5% entre 2008 y 2023), que se explica en parte por el impacto de la crisis pero también por una tendencia a una participación más flexible y menos comprometida, es decir, a un compromiso ocasional.

Imagen pública

Entre la opinión pública, las conocidas como ONG son valoradas de forma positiva en general, aunque el sector no es lo visible que debería ser. El informe señala que a la necesaria transparencia de su actividad es necesario añadir que sea más conocida entre los ciudadanos como una vía para incrementar el apoyo social.

En esta línea, la necesidad de tener que posicionarse ante temas sociales controvertidos expone a las organizaciones a riesgos reputacionales, y destaca el hecho de que solo el 34% de los mensajes y conversaciones en internet sobre el sector social son positivos.

Especialmente preocupante es que solo el 7% de las menciones online provienen de la Generación Z, el grupo que está más expuesto a la generación digital. Por ello, la escasa participación de los jóvenes y su vulnerabilidad ante discursos polarizados se han convertido en un desafío urgente para el futuro del sector.