El Parlamento regional aprobó la semana pasada por unanimidad la primera Ley de Volcanes de España, una norma pionera que busca transformar el dolor en prevención y la experiencia en seguridad. Tras años de demandas sociales y meses de debate parlamentario, el texto se aprobó sin votos en contra ni abstenciones, en un gesto de consenso político poco frecuente y profundamente simbólico. En un territorio que ha nacido del magma, la legislación llega para ordenar la convivencia con la fuerza natural que lo define.

La historia de esta ley no comenzó en los despachos, sino en las coladas de La Palma. Fueron los vecinos que lo perdieron todo en la erupción del volcán Tajogaite quienes decidieron que la tragedia no podía repetirse sin respuesta legal. Reunieron más de 19.000 firmas y promovieron una iniciativa legislativa popular que hoy se convierte en una de las normas más esperadas de la historia reciente del archipiélago.

A partir de ahora, las administraciones estarán obligadas a coordinarse para activar planes de reconstrucción social, económica y ambiental en caso de erupción, evitando la lentitud y la descoordinación que marcaron los meses posteriores al Tajogaite.

Además, la norma incluye un sistema de indemnizaciones más ágil y un refuerzo en la vigilancia científica y la educación ciudadana sobre los riesgos volcánicos. El objetivo es claro: que ninguna familia vuelva a sentirse sola frente a este tipo de catástrofes.

La ley supone también un reconocimiento a la labor científica y técnica que se realiza desde instituciones como el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) o el Instituto Geográfico Nacional (IGN), pilares en la detección temprana y la gestión de emergencias. Su trabajo, muchas veces invisible, se incorpora ahora al marco legal como parte esencial de la respuesta ante cualquier crisis volcánica.

La herida de La Palma sigue viva

Cuatro años después, las cicatrices del Tajogaite siguen abiertas. La erupción destruyó más de 1.200 hectáreas y 1.600 edificaciones, obligando a desalojar a unas 7.000 personas. En municipios como El Paso o Los Llanos de Aridane, las coladas negras se alzan aún como un recordatorio de la fragilidad humana ante la naturaleza.

El proceso de reconstrucción ha sido largo y desigual. Muchas familias continúan a la espera de ayudas o de la reubicación definitiva en nuevas viviendas. Aunque el peligro eruptivo ha desaparecido, el suelo de La Palma continúa emitiendo gases y calor. La tierra respira, lentamente, recordando que su historia no ha terminado.

La Ley de Volcanes llega, por tanto, no solo como prevención, sino también como promesa: que el dolor de 2021 no quede en vano. Que la próxima vez que la tierra tiemble, el sistema esté preparado para responder con humanidad, rapidez y eficacia.

El Teide bajo vigilancia

Mientras la ley se convierte en símbolo político y social, los ojos de la ciencia miran hacia el Teide, en Tenerife. El volcán más alto de España, dormido desde 1909, mantiene bajo su calma aparente una intensa vigilancia. En los últimos años, se han registrado enjambres sísmicos, pequeñas emisiones de gases y deformaciones del terreno que, aunque no representan peligro inminente, recuerdan que el coloso sigue vivo.

Los expertos del Involcan y del IGN estiman que la probabilidad de una erupción en la zona del Teide podría situarse entre el 30 y el 40 por ciento en las próximas décadas. Por eso, el Gobierno de Canarias ha impulsado el mayor simulacro de emergencia volcánica de su historia, el “EU-MODEX Tenerife 2025”, que se desarrolló este mes de septiembre. Durante diez días, se recrearon evacuaciones, rescates y operaciones de coordinación institucional en municipios como La Orotava, Guía de Isora o Vilaflor.

El objetivo es poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de la ciudadanía ante un escenario hipotético de erupción. “Prepararse es una forma de respeto hacia la naturaleza y hacia quienes viven bajo su sombra”, explicó el coordinador del ejercicio. La iniciativa se suma al espíritu de la nueva ley: convertir la vulnerabilidad en prevención.

Canarias no puede escapar de su geología. Las islas son hijas del magma y ese mismo fuego que las creó continúa latiendo bajo sus cimientos. Pero lo que distingue a las sociedades resilientes no es la ausencia de peligro, sino su capacidad para convivir con él sin resignación. La nueva ley representa ese paso hacia la madurez institucional como es aceptar la naturaleza sin temerla, pero también sin ignorarla.

El texto incluye medidas para reforzar la divulgación científica y la formación en escuelas y comunidades. Se trata de fomentar una cultura de prevención, de enseñar a las nuevas generaciones que los volcanes no son enemigos, sino parte del paisaje. Aprender a convivir con ellos es aprender a entenderse con la propia identidad canaria.

El entusiasmo que ha acompañado a la aprobación de la ley convive con el desafío de hacerla realidad. Su éxito dependerá de la coordinación entre administraciones, de la claridad de sus reglamentos y, sobre todo, de la dotación presupuestaria. Los cabildos y ayuntamientos deberán adaptarse para gestionar con rapidez las ayudas y los planes de reconstrucción. La transparencia será clave para que los afectados confíen en que esta vez las promesas no se las llevará el viento.

Algunos expertos advierten que la norma debe complementarse con un plan de financiación estable, que no dependa de cada erupción. También piden que se mantenga una revisión periódica del texto para incorporar nuevos avances científicos y técnicos. La Ley de Volcanes no puede ser un documento estático, sino una herramienta viva que evolucione junto al conocimiento.

Cuando la presidenta del Parlamento anunció la aprobación definitiva y la Cámara estalló en aplausos, el gesto tuvo un significado más profundo que el de un trámite político. Fue un acto de reconciliación con la tierra que da y quita, que construye y destruye. Una tierra que ha visto nacer montañas y borrar pueblos, pero que también ha enseñado a sus habitantes a levantarse una y otra vez.

La nueva Ley de Volcanes es, en el fondo, una promesa colectiva. La de que Canarias no volverá a estar sola cuando la lava vuelva a brotar. Que el fuego que la forjó ya no será solo amenaza, sino parte de una convivencia ordenada, vigilada y comprendida. En las islas donde el mar abraza al magma, el futuro se escribe con la tinta de la prevención.

El archipiélago, que un día emergió del océano en forma de fuego, se dota ahora de una ley que lo protege del mismo elemento que lo creó. Y aunque los volcanes sigan durmiendo, su gente, esta vez, está despierta.