Las víctimas de violencia de género ascienden a 47.063 en el segundo trimestre del año, un 5,6% más que el mismo periodo de 2022

La violencia de género ha experimentado un nuevo repunte interanual durante el segundo trimestre de este año al situarse el número de víctimas en 47.063, un aumento del 5,66% con respecto al mismo periodo de 2022. El número de denuncias por violencia de género creció hasta las 48.227, un 5,43 por ciento más que el segundo trimestre del año pasado. El incremento se ha producido también con respecto a los tres primeros meses de 2023 con un 4,2% más víctimas y un 4,1% más denuncias presentadas. Las cifras del Consejo General del Poder Judicial ponen de manifiesto el fracaso del Ministerio de Igualdad en las políticas puestas en marcha durante la anterior legislatura para que se reduzcan las víctimas de violencia de género.

Entre abril y junio hubo en España un total de 47.063 mujeres víctimas y se presentaron 48.227 denuncias, según el "Informe trimestral sobre Violencia de Género" dado a conocer este viernes por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. El estudio muestra también un aumento interanual del 2,9% en el número de órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia. En cuanto a las sentencias dictadas, la cifra apenas varió al alcanzar las 15.393, un 0,22% más que hace un año. Ocho de cada diez sentencias, el 80,73%, contenían un fallo condenatorio para el agresor.

Durante el segundo trimestre de 2023, los juzgados españoles recibieron un total de 48.227 denuncias, un 5,43% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 45.743. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 47.063, un 5,66% más que hace un año, cuando se contabilizaron 44.543. Un trimestre más, dos de cada tres víctimas (el 65,35%) tienen nacionalidad española, mientras que el 34,65 % restante proceden de otros países. El número de víctimas menores tuteladas ascendió a 136, una cifra un 16% más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2022 (162), pero un 17,2% más alta que la del primer trimestre de este año (116).

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres volvió a experimentar un aumento interanual al situarse la media nacional del segundo trimestre del año en 19,2 víctimas de violencia de género por cada 100.000 mujeres, frente a las 18,4 de hace un año y las 16,6 del primer trimestre de 2021. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 31,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Murcia, con 25,7; Comunidad Valenciana, con 25,5; Canarias, con 25,2; Andalucía, con 21,9; Madrid, con 20,2; y Navarra, con 19,9. Las tasas inferiores a la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12; Castilla y León, con 13,1; Asturias, con 14,1; País Vasco, con 14,3; Cataluña, con 14,5; Castilla-La Mancha, con 14,7; La Rioja, con 14,9; Cantabria, con 17,8; Aragón, con 17,9; y Extremadura, con 18,5.

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante se mantuvieron prácticamente sin variaciones durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en dos de cada tres casos (34.089, el 70,68%), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría. Pese a que desde el Ministerio de Igualdad insistieron durante la pasada legislatura la importancia de que el entorno de las víctimas denuncie cuando sospeche que una mujer está sufriendo violencia de género, el número de denuncias presentadas por el entorno de la víctima volvieron a ser muy bajas (891) y apenas alcanzaron el 1,85% del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales y las originadas por parte de lesiones aumentaron levemente y representaron el 15,73% y el 8,19%, respectivamente. Por último, las presentadas por terceras personas (1.712) representaron el 3,55 por ciento del total.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género muestra su preocupación por el aumento de asesinatos de mujeres

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha expresado su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas desde finales de 2022 y alerta de la situación de riesgo extremo para muchas mujeres que estos crímenes evidencian. Asimismo, muestra su "repulsa" y hace un llamamiento a "todas las instituciones para que extremen la vigilancia y a la sociedad en su conjunto para que colabore de una manera decidida en la prevención de estos gravísimos hechos", ha señalado en el comunicado del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Los datos del segundo trimestre de este año vuelven a mostrar que son muy pocas las denuncias, presentadas en comisaría o en el juzgado, que provienen del entorno de la víctima y de terceras personas en general. Carmona señala la importancia de que los ciudadanos asuman y tomen conciencia de que pueden salvar la vida de una persona. "En las manos de cada uno de nosotros puede estar la vida de una víctima de violencia de género y la vida de sus hijas e hijos. En la mayoría de los asesinatos que tristemente tenemos que lamentar, no había denuncias previas", recuerda la presidenta del Observatorio, que anima al conjunto de la sociedad a denunciar cuando sospechen que una mujer puede estar siendo víctima de este tipo de violencia.

El llamamiento de la presidenta del Observatorio se hace extensivo a todas las instituciones implicadas en la lucha contra violencia machista, a las que pide un esfuerzo renovado para hacer frente de una forma más efectiva a esta lacra y para aprobar medidas que pongan el foco en la prevención de los crímenes. A la clase política, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género le reclama unidad y consenso en una materia que destruye familias, deja menores huérfanos y le cuesta la vida a tantas mujeres y niños.

10 de cada 100 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor

El porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó de forma significativa, un 13,8 % con respecto al mismo periodo de 2022, lo que supone que 10 de cada 100 mujeres víctimas de violencia de género tomaron la decisión de no declarar contra su agresor. En el trimestre analizado fueron 4.742 las mujeres víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor. De ellas, 2.665 (el 56,2 %) eran españolas y 2.077 (el 43,8 %) tenían otras nacionalidades.

7 de cada 10 órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas

Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.763 órdenes de protección, un 2,08 % más que hace un año. De ellas, en 10.606 casos fueron iniciadas las diligencias por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.157 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.915, un 2,9% más que hace un año. Es decir, al igual que en el segundo trimestre de 2022, se acordaron siete de cada diez (69,8%) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 7.284 órdenes de protección, el 68,7% de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.631, el 76% de las solicitudes registradas.

En el 47,1% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Dos de cada tres mujeres (6.673, el 63,8%) que pidieron protección eran españolas y 226, el 2,1% del total contando españolas y extranjeras, eran menores de edad.

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 16.352 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.168), que representaron el 65,86% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (6.110), un 65,68 por ciento del total.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 5.354 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.692), que representaron el 21,73 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.128), el 14,46% del total. En ambos casos, los porcentajes descendieron levemente con respecto a 2022.

Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 1.011 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 12,73 % del total de las medidas civiles adoptadas, fueron un 15,2 % menos que en el mismo trimestre de 2022. Los órganos judiciales adoptaron 611 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, cifra que representa el 7,61 % del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado y que ha supuesto un incremento del 4,4 % con respecto al año anterior. Asimismo, los juzgados acordaron 61 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en 115 casos, suspendieron la patria potestad.

El 80,7 % de las sentencias fueron condenatorias

El número total de sentencias dictadas en el trimestre fue muy similar al de hace un año al situarse en 15.393. De ellas, 11.427 (el 80,73%) fueron condenatorias y 2.966 (el 19,27%), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,85 por ciento. Fue en estos órganos judiciales donde, además, se incrementó sensiblemente el número de sentencias dictadas: las 7.291 sentencias que se notificaron en el trimestre fueron un 14,6% más que hace un año. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 85 % de los casos y los Juzgados de lo Penal, en el 69,59 por ciento.

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron entre abril y junio de este año un total de 1.791 juicios sobre delitos leves, un 7,8% menos que en el mismo periodo de 2022 (1.943). De ellos, 731 (el 41%) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados en el trimestre, un 36% fueron injurias y un 42% vejaciones injustas.

Estos órganos judiciales ingresaron a lo largo del primer trimestre del año 65.035 asuntos penales, siendo el 61,8% de los delitos instruidos los de lesiones y malos tratos previstos en los artículos 153 y 173 del Código Penal. El número de demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista, en su mayoría divorcios no consensuados y medidas relativas a la guarda y custodia o alimento de hijos e hijas, ascendieron a 6.430, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en el segundo trimestre de 2022.

Los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, recibieron 8.798 asuntos en el trimestre analizado y resolvieron 8.377. El número de sentencias dictadas por estos órganos fue de 7.982, de las cuales fueron condenatorias 5.555 (69,59%).

Las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer que enjuician los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, dictaron 120 sentencias, de las que 102 (85%) fueron condenatorias. Por su parte, entre abril y junio de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 87 menores de edad, un ligero descenso respecto a los 90 menores que fueron juzgados en el mismo el segundo semestre de 2022. Se impusieron medidas en 78 casos, de los que 61 eran relativos a menores españoles. En los otros 9 procedimientos no se impusieron medidas.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género sostiene que es fundamental sacar la violencia de género de la lucha partidista y reeditar el Pacto de Estado para seguir avanzando por la vía que España, pionera a nivel mundial en esta materia, emprendió con la Ley 1/2004 y continuó con el acuerdo de una amplísima mayoría parlamentaria en 2017. "El Pacto de Estado fue un hito y ha sido imprescindible para proveer a las instituciones de fondos para financiar los medios materiales y personales necesarios en la lucha contra la violencia machista", concluye Carmona.

Pese al doloroso aumento del número de asesinatos machistas en el último año, Carmona considera que la sociedad puede estar segura de que España cuenta con unos profesionales altamente cualificados que trabajan día a día en la protección de las personas más vulnerables. Por ello, agradece a todos ellos, especialmente a los jueces y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su labor y les anima a seguir trabajando sin perder el ánimo ni el aliento ante el aumento de los crímenes.

Carmona insiste en que la formación y la educación son herramientas fundamentales para la erradicación de la violencia machista. Por ello, agradece a los medios de comunicación su compromiso con la puesta en marcha de campañas de concienciación y mensajes de rechazo a la violencia machista que de otro modo no podrían llegar a tantos millones de ciudadanos.