Okupación

Una okupa huye del piso en el que acababa de instalarse en Francia tras descubrir a qué se dedica el propietario

A pesar de su intento de huida, la justicia la ha alcanzado y tendrá que enfrentar un proceso penal

Francia.- Detenido un hombre tras el reciente hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena cerca de París
Francia.- Detenido un hombre tras el reciente hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena cerca de ParísEuropa Press

Una mujer de 35 años, que responde al nombre de Marion, intentó okupar una casa en la costa mediterránea el pasado 3 de agosto creyendo que estaba deshabitada. Sin embargo, el propietario es un magistrado de Nimes, conocedor de los procedimientos legales para actuar de inmediato. El juez ha interpuesto rápidamente una demanda que ha conducido a un juicio expedito en el Tribunal Judicial de Montpellier a pesar de los intentos de huida de la okupa.

La sentencia ha condenado a Marion a seis meses de prisión, con suspensión de la pena durante dos años bajo estrictas condiciones: tratamiento por drogadicción y prohibición de acercarse a las víctimas. El fiscal ha subrayado que presentaba un elevado riesgo de reincidencia, lo que podría repercutir también en la custodia de su hija de 17 años.

Un problema que trasciende las viviendas particulares

Aunque Marion ya había protagonizado episodios similares en casas de particulares que inicialmente le ofrecieron refugio, el fenómeno de la okupación en Francia va mucho más allá de los domicilios privados. Tal y como recuerda COPE, se han documentado casos en bosques utilizados para fiestas clandestinas, embarcaciones okupadas en puertos e incluso piscinas privadas tomadas sin permiso. En la mayoría de estas situaciones, la ausencia de testigos o pruebas dificulta responsabilizar a los implicados y deja a los propietarios ante daños económicos de gran magnitud.

El caso de Marion refleja esta paradoja: mientras la ley aprobada en 2023 busca proteger la propiedad privada con penas de hasta tres años de prisión, su eficacia se complica en situaciones donde intervienen factores sociales y lagunas legales. Para las autoridades francesas, el desafío continúa siendo encontrar un equilibrio entre la protección del derecho a la vivienda y la defensa de los propietarios afectados.