Los okupas se aprovechan de las viviendas sociales y esquivan el desalojo: "Es especialmente sangrante"

Hay un colectivo que complica la vida a propietarios, vecinos y que genera gran debate a nivel político, los okupas. Cada vez se repiten más a diario los casos, muchos de ellos con violencia, que afectan a todos los puntos de la sociedad. Asaltan casas de propietarios vulnerables, vacías y auténticas mansiones de lujo como una de 11 millones de euros en Ibiza. Tampoco se libran algunas que son patrimonio, como la villa en la que vivió Antonio Machado durante la Guerra Civil.

Para estudiar el tema más a fondo, la Comunidad de Madrid realizó la semana pasada unas jornadas sobre okupación. En ellas, el ejecutivo autonómico pidió al Gobierno medidas más contundentes y que puedan frenar de una vez de forma efectiva este tipo de casos. Para referenciar la situación, José Borja Gómez Encina, subdirector general de lo Contencioso de la Abogacía autonómica, explicó varias cifras a nivel de okupación, centrándose en las viviendas sociales y cómo afecta al entorno.

Este es el porcentaje de viviendas sociales okupadas en la Comunidad de Madrid

José Borja Gómez Encina desveló que en la Comunidad de Madrid hay 2.500 viviendas sociales okupadas. Puede parecer un número no demasiado excesivo en relación al gran número de viviendas que hay en la capital, pero pasa a ser significativo cuando se conoce el número total de viviendas que gestiona la Agencia de Vivienda Social de Madrid. Son 25.000 por lo que un 10% de todas ellas están okupadas y no se pueden utilizar de manera social y hay personas que se quedan sin poder acceder de forma legal.

"Esto supone un 10%, que es una cantidad nada desdeñable", recuerda. También explica que actualmente hay 4.000 solicitudes para este tipo de viviendas. "Es decir, que si acabásemos en 24 horas con todas las okupaciones ilegales, satisfaríamos más del 40% de esas necesidades", afirma. Sin embargo, al estar okupadas no se puede acceder a ellas. Lanza un duro mensaje para concienciar de cara a buscar una solución: "Es especialmente sangrante, porque la vivienda no es para nosotros, sino para terceros que pueden estar más necesitados".

El gran freno para recuperar estos inmuebles

Los okupas tienen una gran carta en la manga desde la pandemia, la vulnerabilidad. El Real Decreto-ley 11/2020 les protege desde entonces y complica la vida de particulares e incluso de las comunidades, que pese a poder recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, se ven frenadas por esta norma. "Antes, en 9 meses de media podíamos recuperar una vivienda, porque, además, incluso aunque recurrieran, eso no impedía el desalojo inmediato. Sin embargo, con la vulnerabilidad, esto se ha transformado de una manera perversa, de tal forma que el okupa ilegal tiene más derechos que el propietario", explica José Borja Gómez Encina.

¿Cómo se valora la vulnerabilidad?

Para poder ser considerado vulnerable, el interesado debe solicitar ante la autoridad judicial la condición de vulnerabilidad, momento en el que se exige la presentación de un informe elaborado por los servicios sociales del ayuntamiento. Dicho documento evalúa tanto las condiciones financieras como la estructura familiar del núcleo habitacional. Por ejemplo, se determina que los ingresos conjuntos no deben superar el triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a aproximadamente 1.800 euros mensuales.

Si algún integrante padece una discapacidad o se encuentra en situación de dependencia, el umbral se eleva a 2.400 euros, mientras que en el caso de familias monoparentales con dos o más descendientes, la cifra autorizada asciende hasta 3.000 euros mensuales. Asimismo,se consideran otros aspectos de índole familiar: el hecho de contar con hijos en edad infantil implica automáticamente la consideración de vulnerabilidad. Esto es algo positivo para las familias en situaciones límite, pero las mafias de la okupación se aprovechan de ello.