El Parlamento británico aprueba despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales

El Reino Unido ha celebrado este martes un debate histórico en la Cámara de los Comunes, donde los parlamentarios votaron a favor de despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales, a fin de matizar una normativa que se remonta a 1861. En una votación donde se permitió libertad de conciencia a los diputados, una inmensa mayoría (379 frente a 137) apoyó la enmienda presentada por la laborista Tonia Antoniazzi al Proyecto de Ley de Delincuencia y Policía, una medida gubernamental más centrada en otorgar a la Policía más poder para abordar el comportamiento antisocial, pero que, sin embargo, está derivando en sanciones penales a las mujeres que finalizan de forma voluntaria su embarazo.

En los últimos tres años, seis mujeres han comparecido ante los tribunales en Inglaterra acusadas de interrumpir o intentar interrumpir su embarazo al margen de la ley. Una de ellas ha terminado en la cárcel. El doctor Jonathan Lord, director médico de los servicios proveedores de aborto, cree que el número sin precedentes de mujeres investigadas podría estar relacionado con la mayor concienciación de la Policía sobre la disponibilidad del programa de «píldoras por correo».

La ley de 1861 tipifica como delito en Inglaterra y Gales –donde el Gobierno central tiene competencias en la materia– que una mujer se provoque un aborto espontáneo. Sin embargo, el parlamento aprobó una ley de 1967 que permite el aborto hasta las 24 semanas de embarazo, siempre que se cumplan una serie de condiciones –si existe riesgo para la salud física o mental de la mujer– y que dos médicos lo autoricen. Pero recientes cambios han permitido acceder a pastillas –que pueden recibirse por correo– para tomar en casa e interrumpir embarazos de menos de 10 semanas.

La enmienda aprobada dejaría sin efecto «la legislación penal vigente relacionada con el aborto en mujeres que actúen en relación con su propio embarazo en cualquier momento de la gestación, eliminando así la amenaza de investigación, arresto, procesamiento o encarcelamiento».

Sin embargo, el aborto sigue considerándose un delito penal según la Ley de Delitos contra la Persona de 1861 y la Ley de Preservación de la Vida Infantil de 1929, y debe ser aprobado por dos médicos. En definitiva, la enmienda impedirá que las mujeres sean procesadas, pero mantendrá las sanciones para los médicos y las parejas violentas que interrumpan un embarazo fuera de la legislación vigente.

En 2022, según los datos externos más recientes disponibles, se registraron 252.122 abortos en Inglaterra y Gales, la cifra más alta desde que se tienen registros. Los proveedores de servicios de aborto han informado haber recibido 100 solicitudes de historiales médicos de la policía en relación con presuntos delitos de aborto en los últimos cinco años.

«Cada uno de estos casos es una farsa propiciada por nuestra anticuada ley del aborto. Originalmente aprobada por un parlamento exclusivamente masculino elegido solo por hombres, esta ley victoriana se utiliza cada vez más contra mujeres y niñas vulnerables», señaló la diputada. «Las mujeres afectadas suelen ser víctimas extremadamente vulnerables de abuso y violencia doméstica, trata de personas y explotación sexual, niñas menores de 18 años y mujeres que han sufrido un aborto espontáneo», añadió.

Acusación desde EE UU

El debate tiene lugar en un momento en que la administración estadounidense de Donald Trump está endureciendo las restricciones al aborto y siguiendo muy de cerca la política británica. El pasado mes de febrero, durante la Conferencia de Seguridad de Munich, el vicepresidente J.D. Vance acusó a los políticos británicos de un «retroceso en el derecho a la conciencia» después de que Adam Smith-Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, fuera procesado por rezar en las llamadas zonas de contención.

Según la ley vigente, es ilegal que cualquier persona haga algo que influya intencional o imprudentemente en la decisión de alguien de utilizar servicios de aborto en un radio de 150 metros de las clínicas abortivas.