Pensiones de última hora para los «niños» de la talidomida

«Pinta bien», comentaba uno de los afectados durante el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid. Ayer quedó vista para sentencia una deuda pendiente desde hace más de medio siglo: las indemnizaciones que les corresponden a aquellos españoles que sufrieron las consecuencias de la ingesta de talidomida, fármaco recetado a miles de mujeres embarazadas durante la década de los sesenta para combatir las náuseas y que provocó malformaciones en sus hijos. Sobre la mesa, una demanda de 204 millones de euros –20.000 euros por punto porcentual de discapacidad– reclamada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) para 180 afectados –aunque se calcula que podría haber unos 3.000–. En el banquillo de los acusados, la farmacéutica alemana Grünenthal, que, a través de su filial Medinsa, comercializó el medicamento en nuestro país, y que ofreció 120.000 euros para todos los afectados. La base de la defensa de Avite tiene un punto principal: mientras Grünenthal asegura que el fármaco fue retirado en diciembre de 1961, el abogado de las víctimas, Ignacio Martínez, atesora pruebas que indicarían que la talidomida, comercializada en España como «Softenon», siguió vendiéndose en los meses y años posteriores. Incluso décadas: algunos de los miembros de Avite han nacido a partir del año 2000. Aunque sea «tarde y mal», quieren que se haga justicia.

Aún habrá que esperar un mes para conocer la sentencia. Sin embargo, Grünenthal realizó ayer una última oferta: ofrece a las víctimas españolas las mismas ayudas que la Fundación Contergan –de carácter estatal y creada en Alemania desde principios de los 70 para canalizar los fondos– concede a los ciudadanos germanos: pensiones vitalicias de 6.912 euros. Ignacio Martínez, abogado de Avite, tacha la oferta de «falsa y cínica». «Desde 1971 sólo cuatro españoles han accedido a estas ayudas», recalcó a LA RAZÓN. Y es que cada vez que un ciudadano de nuestro país ha intentado solicitar ayudas a la fundación, todo han sido impedimentos: obligación de dirigirse a este organismo en alemán, peticiones desestimadas a personas que han nacido después de 1961 o explicaciones como que la talidomida que ingirieron sus madres no pertenecía a Grünenthal, pues había otros laboratorios que comercializaban el mismo principio activo. José Riquelme, presidente de Avite, coincide con su abogado. «Es falso. Hay socios que presentaron la petición en los años noventa y aún no les han contestado», afirmó a este diario.

El juicio, al que acudieron decenas de afectados, estuvo marcado por la declaración de Guillermo Castillo, representante legal de Grünenthal en nuestro país. Castillo insistió en que el fármaco fue retirado en diciembre de 1961 y que se retiraron 91 kilos de los 150 que se exportaron entonces a España ante las sospechas de que podría tener efectos secundarios. Y es que, según afirmó, en noviembre de 1961, un doctor alertó de que podía causar daños en los vasos sanguíneos y en los músculos. Si bien reconoció que el fármaco no estaba indicado para embarazadas, reconoció que tampoco «estaban excluidas» pues «no había concienciación» de este tipo de especificaciones en aquella época. Ahora, el vademécum es tajante: la contraindicación de la talidomida es «absoluta en el embarazo».

El abogado Ignacio Martínez, presentó un documento fechado el 21 de diciembre de 1961 y en el que Grünenthal se dirige a la filial española recordándole que, apenas unos días antes, habían acordado «no informar a los médicos españoles del motivo de la interrupción de las ventas». El representante de la farmacéutica negó este documento y se mostró «convencido de que sí se informó, pues en 1962 la Prensa estaba al corriente de todo y fue uno de los casos de mayor repercusión». Con todo, cuando el abogado le preguntó si la empresa contactó con los afectados tras el juicio que se celebró en Alemania al respecto, Castillo dijo que «sólo se retiró el material».

Durante su comparecencia, Grünenthal ha dejado caer que estos casos, pasados 50 años, podrían haber prescrito. Sin embargo, Riquelme explica cómo la defensa ha «desmontado» esta posibilidad: las malformaciones son sólo la parte «visible» del daño; muchos han sufrido un «daño continuado» a lo largo de los años: la falta de un riñón o del hígado, complicaciones en las arterias, glaucoma, etc.